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Imagen del tribunal que preside el juicio del 'procés', que preside Manuel Marchena, que dirime el delito de rebelión / EFE

La rebelión toma forma y pone en tela de juicio la tesis pacifista de los independentistas

Los abogados de la defensa comienzan a ser más agresivos tras las declaraciones de Pérez de los Cobos y la secretaria judicial, que ofrecen fundamentos al delito de rebelión

07.03.2019 00:00 h.
8 min

Los abogados de los acusados en el juicio del 1-O empiezan a ver temblar los cimientos de su estrategia de defensa. Han hecho falta algo más de tres semanas para que las acusaciones, más allá de los “no lo recuerdo”, “me comentaron” y los “creo”, pudieran obtener un relato categórico en el que apoyar sus incriminaciones, principalmente en lo que al delito de rebelión se refiere. Después de los intentos estériles llevados a cabo con los doce procesados que se sientan en el banquillo y los primeros testigos que desfilaron ante el tribunal --entre ellos Mariano Rajoy y tres de sus exministros-- por arrancar de los interrogatorios un atisbo de verosimilitud a sus imputaciones, esta semana el desarrollo de la vista parece haber inclinado la balanza a favor de los fiscales y sus compañeros de estrado.

La secretaria del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona consumó este miércoles una narración que arrancó un día antes, cuando el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos asestó el primer golpe mortal a los letrados defensores y se erigió en el primer --y principal-- testigo de cargo contra el plan independentista que culminó con la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. Sus declaraciones sobre la ausencia de cargas policiales y la violencia que habría desplegado parte del bando secesionista levantaron la polvareda dentro y fuera del Supremo. Y pusieron cara a la presunta inacción de los Mossos al señalar a su responsable: Josep Lluís Trapero.

Antes que él, el menoscabo a las defensas lo habían provocado el que fuese secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. El primero al desmontar los alegatos relativos a la colaboración que la policía autonómica habría prestado a los cuerpos de seguridad del Estado durante el 1-O y Millo al referirse, de forma pormenorizada, a los actos de “hostigamiento, acoso, violencia e intimidación” que se vivieron incluso semanas antes de la jornada clave del procés, echando por tierra la tesis pacifista de los soberanistas en la que estos han insistido una y otra vez.

El asedio frente al pacifismo

Sin grabaciones ni fotografías a las que echar mano, la comparecencia de la letrada de la Administración de Justicia Montserrat del Toro fue, sin embargo, lo suficientemente elocuente para que la imagen de la testigo saltando un muro para abandonar por la azotea la consejería de Economía tras los registros del 20 de septiembre previo a la organización de la consulta sea difícil de olvidar. También su discurso, plagado de descripciones en torno al asedio al que se vieron sometidos el edificio y, por consiguiente, la propia comitiva judicial, pone en tela de juicio los argumentos de los acusados.

El episodio más ilustrativo de lo que, según las acusaciones, se vivió aquel día: aglomeraciones, gritos y, como ha llegado a señalar, “gente aplastada” contra el cristal del inmueble. Y miedo. Al menos por parte de la testigo, cuya narración ha ido acompañada de reminiscencias históricas cuando ha asegurado que pidió un helicóptero porque “era imposible salir”, lo que finalmente no resultó viable porque la azotea estaba llena de antenas. 

Imagen del coronel Diego Pérez de los Cobos en el juicio del 'procés' en el Tribunal Suprempo / EFE

Diego Pérez de los Cobos

El nerviosismo de las defensas

Si a primera hora de la mañana los abogados, especialmente el de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez --Jordi Pina--, han intentado por todos los medios derribar el discurso de Pérez de los Cobos, quien este miércoles continuaba declarando mientras era acusado de falso testimonio --lo que ha llevado al presidente del tribunal a atajar las manifestaciones del letrado--, posteriormente lo han intentado con Del Toro.

Se han aferrado para ello a bazas como las supuestas contradicciones en las que habría incurrido en su declaración e incluso a presuntas irregularidades producidas durante los registros de la Consejería de Economía. En esa ocasión ha sido la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, quien ha tanteado, sin consecuencias, a la testigo.  

La rebelión, sobre la mesa

Tampoco salió bien parado Andreu Van den Eynde, representante legal de Oriol Junqueras así como de varios exaltos cargos investigados en la causa que el Juzgado de Instrucción número 13 mantiene abierta por los preparativos del 1-O. Es otro de los abogados que en el juicio ha buscado con mayor contumacia cuestionar el papel de la Policía y la Guardia Civil así como el del Estado a la hora de buscar alternativas a la vía unilateral. Y se ha llevado una de las amonestaciones de la jornada por parte del presidente del tribunal, Manuel Marchena, cuando ha inquirido a la testigo sobre su afiliación ideológica.

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y su abogado en el juicio del 'procés', Andreu van den Eynde / EFE

Oriol Junqueras y su abogado, Van den Eynde

"¿Es usted seguidora de Unidad Nacional Española o de Leridanos contra la Independencia?”, ha espetado Van den Eynde después de que a través de las redes sociales, a lo largo de toda la jornada, haya sido difundida la imagen de la secretaria judicial junto a su supuesta afinidad a grupos de defensa de la unidad de España y la soberanía nacional.

Las defensas tienen ante sí el reto de darle la vuelta a la balanza imaginaria que mide el peso de las declaraciones que día a día se vierten en la vista oral. Las críticas a la independencia judicial y a los fallos que pudo cometer el Gobierno de Rajoy mientras se horneaba la estrategia secesionista no encontraron una respuesta firme durante las primeras jornadas de la vista, pero quizás el exceso de confianza les ha jugado una mala pasada. El presunto delito de rebelión --por el que las acusaciones reclaman las mayores peticiones de condena-- que han intentado echar por tierra entre proclamas políticas algunos y alegatos de mayor carácter jurídico otros ya está encima de la mesa.

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