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El líder del PP, Mariano Rajoy, y un ejemplar de la Constitución de 1978.

Rajoy fuerza la Constitución con sus ambigüedades

Los dirigentes de los demás partidos recuerdan al presidente en funciones que, tras aceptar el encargo del Rey, debe someterse al debate de investidura

Gerard Mateo
5 min

Mariano Rajoy se ha metido en un callejón sin salida aparente. El presidente del PP ha aceptado, al fin, el encargo del Rey para formar Gobierno, ergo someterse al debate de investidura como manda la Constitución en su artículo 99.2. Pero ha dejado en el aire este supuesto si es incapaz de reunir, al menos, las abstenciones necesarias para gobernar en minoría. Dirigentes de las demás formaciones recuerdan al presidente en funciones que el sí a Felipe VI no le da más opción que presentarse a la votación de la Cámara baja.

El diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta fue uno de los primeros en reaccionar a la ambigua rueda de prensa de Rajoy, tras recibir el encargo del jefe del Estado. Con una captura de pantalla al artículo 99 de la Constitución, el portavoz de la formación naranja recordó que el movimiento del líder popular solo le da opción de someterse al Congreso. El presidente de C’s, Albert Rivera, dio por hecho que solo falta fijar la fecha para el debate de investidura.

Ana Pastor, acorralada

En la misma línea se expresó el portavoz del PSOE en la Cámara baja, Antonio Hernando, en rueda de prensa: “Tiene que presentarse, no puede dar una espantada en diferido”. Los socialistas tampoco aceptan las ambigüedades de Rajoy y le exigen que se persone en el debate como manda la Carta Magna. El presidente en funciones, de hecho, debe asumir la responsabilidad si quiere sentarse a negociar de nuevo con los partidos que llama “constitucionalistas” en busca de apoyos.

El portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, también habló de aceptación “en diferido, salvo alguna cosa”. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, compartió por Twitter el rechazo al último movimiento de Rajoy: “Dice que sí pero no y que la Constitución (art. 99) está para incumplirla. Vamos, nada nuevo. Estilo PP”. La situación es tan extrema que ha metido en un apuro a la presidenta del Congreso, la popular y sensata Ana Pastor: entre la postura de su jefe y las quejas de la oposición, Constitución en mano.

El atasco tiene nombre y apellidos

Rajoy ha salido vivo de las polémicas del partido que lidera, focalizadas especialmente en la corrupción en todas sus facetas. Incluso ganó votos en los comicios repetidos. El desacato a la Constitución, sin embargo, podría ser una razón de peso para que se hiciese a un lado, como pide la mayoría de partidos presentes en las Cortes Generales.

Resulta paradójico a estas alturas que, según las declaraciones de las diferentes formaciones, el principal obstáculo para la constitución de Gobierno es el líder del partido más votado. Solo Foro Asturias y Coalición Canaria le dan el “sí” a Rajoy. PNV, CDC, NCa, PSOE y C’s le dicen “no”, mientras Podemos rechaza a cualquier líder popular. En este sentido, la propuesta de otro dirigente del partido, como propone la formación naranja, agilizaría los trámites. Rajoy se enroca.

Candidato de consenso… o elecciones

Rajoy, cuyo único movimiento hasta la fecha ha sido la entrega de un documento a los demás partidos, con sus ideas, para llegar a pactos de gobernabilidad –nadie ha hecho caso al texto—asume que es hora de negociar, “y negociar implica ceder”. Ante todo, debe sentarse a hablar de verdad con los demás líderes y someterse al debate. Otra cosa sería actuar al margen de la Constitución y mantener el país sin Gobierno ni opción de tenerlo.

La importancia del paso al frente de Rajoy radica en que, en caso de no obtener los votos necesarios –ni por mayoría absoluta ni por simple, 48 horas después—, ni aparecer un candidato de consenso en los dos meses posteriores, el país iría a nuevas elecciones. Ese era el escenario que querían evitar sus asesores más próximos, que recomendaron a Rajoy que rechazara la propuesta del Rey si no contaba con los apoyos. En caso contrario, España seguiría con un Gobierno en funciones, con las manos atadas para las cuestiones importantes.
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