El Gobierno pedirá responsabilidades a Forcadell y Puigdemont a través del Constitucional

El Consejo de Ministros mueve ficha para que alguien pague por la declaración del Parlament que incluye la hoja de ruta separatista. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el Ejecutivo pedirá al Tribunal Constitucional que “declare nula la resolución” y abra vía penal contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por desobedecer las sentencias del alto tribunal.

En concreto, son tres los pasos a seguir por el altro tribunal, tras la petición que le hará la Abogacía del Estado, según ha desvelado De Santamaría tras el Consejo de Ministros. Uno, la nulidad de la resolución y su "suspensión inmediata". Dos, la petición al Govern de la abstención de aplicación o tramitación de cualquier documento relacionado con esta resolución. Y tres, ver si Forcadell, como presidenta del Parlament, vulneró una sentencia y una advertencia del Constitucional, hechos que pueden tener responsabilidades penales. Antes, el tribunal deducirá el testimonio de particulares.

Responbsabilidades penales

Esta petición se enmarca dentro del incidente de ejecución que el Gobierno ha pedido a la Abogacía del Estado que presente ante el Tribunal Constitucional por la resolución aprobada esta semana por el Parlament, que pide que sea declarada nula y suspendida de forma "inmediata". La vicepresidenta ha recordado que el papel de la presidenta de la Cámara consiste en paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos del TC. El alto tribunal, de hecho, anuló el llamado procés el 2 de diciembre de 2015. Una decisión que los 72 diputados obviaron.

El Parlament aprobó el inicio de desconexión de Cataluña de España el pasado miércoles con los 72 votos favorables de Junts pel Sí y la CUP. Mayoría. Fueron ellos mismos los que forzaron para incluir la votación en el orden del día, en un gesto con el que pretendieron liberar a Forcadell de cualquier responsabilidad. El Gobierno no entiende de distinciones y ya busca a los responsables del desafío institucional y desacato al Constitucional.