Puigdemont, Comín y Ponsatí en la Eurocámara / EP

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Política

La Eurocámara plantea aplicar la euroorden automática a quienes atacan el orden constitucional

A petición socialista, sin embargo, la medida sólo contemplaría que la entrega sea instantánea si ha existido uso de la violencia

1 diciembre, 2020 18:00

La Unión Europea empieza a unificar criterios a la hora de aplicar las euroórdenes en su territorio. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara pide ampliar la lista de 32 delitos que permiten aplicarlas, y en este sentido ha reclamado este martes que todas aquellas personas acusadas de atentar contra el orden público o la integridad constitucional en cualquiera de los países miembros sean procesados por ello, independientemente de dónde se encuentren.

La entrega automática, sin embargo, quedará condicionada a que dicho delito se cometa "usando la violencia", según explican en su comunicado. Un matiz de última hora incluido a petición del grupo socialista, a pesar de que inicialmente no se contemplaba en el informe del ponente Javier Zarzalejos (PP), según La Vanguardia.

Largo camino por recorrer

El comité propone considerar la inclusión en la lista de esos 32 delitos --que permitirían  entregas más rápidas, siempre que sean punibles con una pena máxima de cárcel de al menos tres años-- algunos como el ya citado "contra la integridad constitucional cometidos mediante el uso de la violencia", los ambientales, los de odio, abuso sexual, violencia de género y determinadas formas de evasión fiscal.

El proyecto de informe de la Comisión de Libertades Civiles se ha aprobado por 45 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones. El actual procedimiento simplificado de entrega judicial transfronteriza sustituyó en 2004 a los prolongados procedimientos de extradición entre países de la UE.

El próximo paso para llevar a cabo la reforma de la euroorden planteada por el informe lo tendrá que dar la Comisión Europea, haciendo una proposición legislativa que deberá ser aprobada por el Consejo, es decir, por los ministros de Justicia de los países miembros, además del propio Parlamento Europeo.