Las multas lingüísticas crecen en Cataluña a pesar de la prohibición del Constitucional

Las multas lingüísticas que impone la Generalitat, una medida polémica que el Tribunal Constitucional prohíbe, se mantienen en Cataluña. Acaba de trascender la sanción impuesta a una inmobiliaria, pero hay más. El año pasado se cursaron 78, lo que equivale a ingresos de 50.800 euros. La cifra supone un crecimiento respecto a 2017, cuando se impusieron 67, aunque entonces se recaudaron 75.700 euros.

En enero de 2018, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales esas multas en una sentencia --la segunda-- sobre el Código de Consumo de Cataluña. El alto tribunal, recogiendo la jurisprudencia existente, señaló que, en el ámbito de las relaciones entre particulares --y a diferencia de lo que ocurre en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos--, no puede imponerse el uso de una de las lenguas oficiales.

Lo que dice la sentencia

La sentencia no anulaba los preceptos recurridos por el PP, entre ellos, el apartado 1 del artículo 128-1 --que prevé el derecho de los consumidores a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua que escojan--, pero establece que estos deben ser interpretados de esta forma.

Manuel Nevot, un empresario catalán que durante años luchó contra las multas lingüísticas, ante el Tribunal Constitucional / EFE

Manuel Nevot, un agente inmobiliario que lleva desde 2006 luchando contra las multas lingüísticas, ante la sede del Constitucional / EFE

Impulso Ciudadano, una asociación que defiende el bilingüismo sin exclusiones y que siempre ha sido muy crítica con este tipo de sanciones, explica que las multas lingüísticas “son, fundamentalmente, sanciones de índole administrativa que las autoridades públicas imponen a aquellos comercios y establecimientos ubicados en la vía pública que no utilizan el catalán, al menos, en sus menús, ofertas y letreros. Sin lugar a dudas, se trata de un problema que afecta especialmente a bares y restaurantes y a empresas cuya sede se encuentra fuera de Cataluña”.

La Ley del Código de Consumo

La validez legal de las multas lingüísticas viene recogida en la Ley del Código de Consumo de Cataluña, que fue redactada y puesta en vigor durante 2010, cuando gobernaba el tripartito. “A pesar de ello, aquella etapa de gobierno llegó a su fin ese mismo año. Entonces, llegó el momento de Artur Mas en la presidencia de la Generalitat de la mano de CiU y las sanciones empezaron a interponerse, algo que prácticamente no había sucedido en los meses previos”.

Así, en 2013 se impusieron 88 multas, lo que supuso ingresos para la Generalitat por valor de 133.850 euros. Al año siguiente, la cifra se redujo a 57, lo que se tradujo en 51.350 euros. En 2015, el número de sanciones lingüísticas sube a 68 y en 2016, a un total de 70, lo que equivale a pagos que suman 140.000 y 89.500 euros, respectivamente.

En 2017, se impusieron 67 multas por valor de 75.700 euros, mientras que el año pasado se cursaron 78 que equivlen a 50.800 euros.

La medida ha provocado una fuerte polémica política en la que Ciudadanos y PP han sido muy beligerantes. Por contra, Plataforma per la Llengua, la ONG del catalán, ha sido una de las grandes aliadas de la Generalitat en la persecución de los comercios, pues impulsa campañas en las que anima a los ciudadanos a denunciar a quienes no utilizan es idioma. No en vano es una de las entidades más subvencionadas.