Mireia Boya abandona la dirección de la CUP por "agresiones machistas"

La exdiputada aranesa de la CUP, Mireia Boya, ha dejado de formar parte de la dirección de su formación con un duro mensaje donde acusa a uno de sus compañeros en la ejecutiva –también en el Parlament en la pasada legislatura– de "agresiones machistas". La cupaire ha lanzado críticas muy duras contra esta persona –de la que no ha querido desvelar el nombre–, puesto que la ha acusado de "comportamientos agresivos y roles de poder". 

Boya ha explicado que necesita recomponerse y descansar tras "un episodio continuado de agresión psicológica que ha supuesto una gestión emocional todavía complicada". Esta situación, que ya venía de su época como diputada de la CUP, se reavivió cuando esta persona entró también en la ejecutiva. 

Visibilización

La exdiputada aranesa ha asegurado que "como reflejo de la sociedad", su organizacaión también sufre esta lacra. La cupaire ha destacado el trabajo de las personas de su formación política que se han puesto al frente en materia de feminismo para combatir el problema desde "el agradecimiento y la comprensión". No obstante, la exdirigente pidió al partido evitar esta incómoda situación de estar con el presunto agresor en la dirección, con escaso éxito.  

En el comunicado público por Twitter, Mireia Boya ha explicado que "visibilizar la propia vulnerabilidad [de la CUP] también es una apuesta por cambiarlo todo". Ha insistido en que cualquier proyecto de futuro que "no se construya sobre esta base" està condenado a a fracasar. 

Despedida emotiva

Boya ha agradecido a sus compañeros de militancia el trabajo hecho "desde la trinchera durante los últimos tres años". La ya exdirigente antisistema ha destacado "ha aprendido mucho" y se despide muy emotivamente de sus compañeros con un "hasta luego". 

Mireia Boya fue diputada de la CUP durante la anterior legislatura en la que fue investido presidente Carles Puigdemont. La CUP votó contra los primeros presupuestos del expresident aunque luego apoyó la cuestión de confianza a la que se sometió en el otoño de 2016. Su partido votó las entonces llamadas leyes de desconexión y –se supone a pesar de la votación secreta– la DUI del 27-O. La exdiputada está acusada de desobediencia por los hechos del procés y deberá ir a juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC).