Laia Bonet relega al funcionario de movilidad investigado por Anticorrupción

Laia Bonet ha dado otro paso más en la depuración de responsables del área de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona nombrados por Rosa Alarcón, la antigua responsable del área. La socialista ha relegado a Manuel Valdés López de las responsabilidades unidas a la gerencia adjunta de este ámbito, que ahora asumirá al ingeniero Oriol Altisench, actual decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña.

Bonet muestra de esta forma la poca confianza que tiene en Valdés, implicado en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por presunta “connivencia municipal con la conducta infractora reiterada de las empresas incumbentes” en la reestructuración de las licencias de motocicletas eléctricas compartidas de la ciudad. La causa parte de la demanda de la startup Tucycle Bikesharing contra las supuestas maniobras del consistorio con el objetivo de ampliar el número de vehículos sin concurso público y mediante un sistema que beneficiaba a las grandes operadoras.

Declaración ante la justicia

El Juzgado Contencioso Administrativo 11 de Barcelona citó a declarar por el caso a Valdés López, hecho que habría sido la gota que colmó el vaso de la paciencia de la nueva responsable municipal. Bonet pretende iniciar su gestión en la movilidad de la ciudad sin arrastrar problemas del pasado. Cabe tener en cuenta que ha sido uno de los ámbitos más cuestionados en el inicio del mandato.

La concejal del Ayuntamiento de Barcelona Laia Bonet / AJ BCN

Fuentes internas aseguran que la presión dentro del consistorio por la judicialización de la inmensa mayoría de las gestiones realizadas hasta la fecha ha propiciado que el Ayuntamiento que lidera Ada Colau (Comunes) tome cartas en el asunto.

3.000 permisos más

Valdés López es el autor del informe técnico que justificaba revisar el número de licencia temporales de uso común especial del dominio público para el establecimiento de ciclomotores y motocicletas de uso compartido que se publicó el 21 de diciembre de 2020. Esto propició que el Ayuntamiento sumase 3.000 permisos sin presentar un nuevo concurso, hecho que según los denunciantes incumple la ley que limitaba en 381 el número de vehículo por operador.

En la práctica, ya había muchas más concentradas en manos de unas pocas empresas. Concretamente, Ecooltra, Acciona, Yego y Movo. Los operadores que se han quedado fuera de Barcelona aseguran que el ayuntamiento limita el libre mercado y Tucycle Bikesharing lo llevó a los tribunales.

El proceso también está bajo la lupa del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP). Fiscalía investiga al gerente que ahora ha sido relevado del cargo por si hubiera cometido los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

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