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El presidente del Parlament y dirigente de ERC Roger Torrent (i) y el vicepresidente de la Mesa, Josep Costa (d), miembro de JxcAT/ CG

JxCAT y ERC ganan tiempo en su pugna sobre la desobediencia a Llarena

Las dos formaciones, con mayoría en la Mesa del Parlament, remiten la decisión sobre los procesados a la Comisión del Estatuto de los Diputados

25.09.2018 13:46 h.
5 min

Junts per Catalunya y ERC han acordado remitir a la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlament la decisión sobre la situación de los diputados procesados por el procés y suspendidos por el Tribunal Supremo.

El presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), y el vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa (JxCAT) han comparecido en rueda de prensa para informar de los acuerdos alcanzados y visualizar unidad. La idea es someter el caso a la Comisión del Estatuto de los Diputados, donde se elaboraría un dictamen jurídico que, posteriormente, sería votado en el Pleno. La idea es que la cuestión esté resuelta antes del próximo Pleno sobre el Debate de Política General que tendrá lugar la semana próxima. Esta Comisión no está constituida, pero tendrá que convocarse esta semana. Los letrados del Parlament no han avalado la decisión de remitir el caso a la Comisión.

La falta de acuerdo entre Junts per Catalunya y ERC --los neoconvergentes consideran que Carles Puigdemont está fuera de esos pactos-- ha mantenido bloqueado el funcionamiento del Parlament desde que el juez Pablo Llarena confirmó el procesamiento y la suspensión de los seis diputados fugados o encarcelados por organizar el referéndum del 1-O. Por eso no se han señalado plenos parlamentarios y en las comisiones también se notó esa parálisis, ya que en caso de empate en las votaciones, los independentistas pretendían aplicar el voto ponderado (hacer valer las mayorías de los grupos en el pleno), a pesar de que, técnicamente, no podía aplicarse precisamente por la suspensión de los diputados, que no cobran y, por tanto, no pueden votar.

"Interlocutoria injusta"

Torrent ha dicho que la decisión parte de una “interlocutoria injusta” de Llarena para “alterar las mayorías parlamentarias” que, según dice, fueron decididas por la ciudadanía. Ha afirmado que esta resolución ha provocado “disfunciones” en la actividad normal del Parlament.

El acuerdo alcanzado “integra todas las bondades de todas las propuestas”. Pasa por cumplir las “tres premisas irrenunciables”: que ningún deje diputado deje su acta, que se asegure la efectividad de los acuerdos y mantener las mayorías. “Apelamos a la separación de poderes y a la autonomía del Parlament”, ha concluido.

Por su parte, Costa ha denunciado la "situación de excepcionalidad que supone las ingerencias" del Estado y ha dicho que la última palabra sobre los procesados la tendrá la Cámara catalana.

PSC: "Al final obdecerán"

El diputado del PSC, Ferran Pedret, cree que la remisión del caso a la Comisión pretende disimular que, finalmente, se acatará la resolución de Llarena. Ha denunciado que “nos podríamos haber ahorrado tres meses” y que no queda claro cómo computa el voto mientras se tramita ese dictamen y posterior sometimiento al Pleno.

“No entendemos que se hable de separación de poderes y luego se someta a votación una resolución judicial”, ha advertido. El PSC ha recordado que Llarena no pedía renunciar al acta, sino una suspensión y delegación del voto temporal, lo cual habría impedido alterar las mayorías. “Hubiera sido más ágil que la Mesa resolviera, no entendemos por qué no. Estudiaremos el detalle, pero el PSC está a favor de cumplir con la interlocutoria”, ha dicho el socialista.

Cs: "Torrent lleva el mismo camino que Forcadell"

El vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos), ha dicho que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el auto del Tribunal Supremo y las consecuencias que el Código Penal contempla en caso de desobediencia. “Ya sabemos cómo acabó Carme Forcadell –actualmente encarcelada preventivamente—y ahora Torrent lleva el mismo camino”, ha recordado. Asimismo, ha afeado a los independentistas que hayan llegado a un “acuerdo político” porque “si se limitaran a aplicar el reglamento, no haría falta ir a la Comisión del Estatuto de los Diputados”. Ha atribuido esta actitud al “amiguismo” con el presidente Pedro Sánchez y “los indultos propuestos” por algunos miembros del Gobierno para los procesados.

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