Investigan al jefe ‘indepe’ de la policía de Molins de Rei por presionar para retirar multas

El jefe de la policía local de Molins de Rei (Barcelona) vuelve a estar en el disparadero. La justicia cerca a Jordi Molina Bejarano por presionar a funcionarios del ayuntamiento del Baix Llobregat para lograr la anulación de multas de tráfico. Molina, conocido por sus filias independentistas y sus anteriores problemas en los tribunales, comparte causa con Antón Pedrola García, exconcejal de seguridad del municipio.

El juzgado de instrucción número 3 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) que investiga la causa, iniciada el año pasado, ya ha deducido testimonio de varios testigos. El relato de los citados apuntala la denuncia por presunta prevaricación, usurpación de funciones, tráfico de influencias y amenazas contra varios empleados de la institución.

Presiones de altos cargos

El juzgado estudia cuatro intentos de Molina y Pedrola de retirar sanciones de la Guardia Urbana. En todos ellos, ambos investigados intercedieron de forma personal y al margen de los canales establecidos para conseguir la cancelación de las multas. El primer caso se remonta a primeros de febrero de 2018, cuando el edil reclamó la elaboración de un informe sobre las fases semafóricas de un cruce en la vía pública.

Pese a que Pedrola era consciente de que esta petición solo podía efectuarla la parte infractora, se presentó como intermediario ante el cuerpo uniformado. En efecto, el procedimiento administrativo reserva a los sancionados la posibilidad de pedir más información sobre el objeto de la multa. Pero siempre y cuando se formulen alegaciones por parte del afectado. El electo hizo caso omiso de la normativa y aprovechó su jerarquía para saltarse los trámites preceptivos.

Amenazas directas

Tras este episodio, la actitud de los superiores aumentó en atrevimiento. El 8 de febrero, Pedrola exigió un nuevo informe. En esa ocasión, el agente se negó a cumplir esta orden --se trata del mismo efectivo que ha puesto en conocimiento de la justicia los hechos--. La negativa enfureció al concejal, que se entrevistó personalmente con el funcionario y le conminó con "malos modales" a obedecer el mandato. El agente se reiteró en la negativa para preservar la legalidad del procedimiento y Pedrola lo puenteó entrevistándose con un sargento para lograr su cometido. Hay que destacar, además, que el denunciante comunicó este incidencia a su superior, aunque no obtuvo respuesta.

La connivencia entre Pedrola y Molina podría explicar este silencio. Pocos días antes, el jefe de la Guardia Urbana había ido un paso más allá al pedir no solo un pliego aclaratorio, sino la anulación de oficio de otra sanción. El motivo: "improcedente". Pese a que esta atribución recae sobre el instructor denunciante, y que solo el sargento tiene la capacidad de revisar los atestados, Molina se saltó todos los conductos reglamentarios.

Un 'modus operandi' extendido

Este modus operandi llegó a ser habitual para determinados cargos del ayuntamiento. Prueba de ello es que en marzo de 2018 una trabajadora del área de territorio del municipio se personó en comisaría para arreglar una multa. Según Anna de Pau Ribe, el concejal Pedrola la había citado para entrevistarse con los actuantes. La denunciada quería averiguar si los policías se ratificarían o no en una denuncia antes de presentar un escrito de alegaciones, saltándose de nuevo el proceso legal.

Durante el juicio, la instructora del procedimiento sancionador (que ya no trabaja en Molins de Rei) reconoció que estas prácticas estaban extendidas en la institución local. Hasta el día de hoy, al denunciante no le consta que ninguno de los expedientes haya sido abonado al erario.

Los trapicheos de Molina

No es la primera vez que el jefe de la policía molinense salta a los medios de comunicación. En 2018, Jordi Molina Bejarano expedientó a dos agentes del cuerpo por "constitucionalistas", tal como reconoció el mismo en el escrito recogido por El Liberal. El denunciado suspendió de empleo y sueldo durante seis meses a dos subordinados por comprobar identidades en una base de datos que comparten las policías locales de Cataluña y los Mossos d'Esquadra (conocida como NIP). En la mente de Molina, los funcionarios castigados llevaban a cabo una operación de hostigamiento contra simpatizantes de la CUP en el municipio.

Pero hay más. El inspector también utilizó supuestamente el portal de la Dirección General de Tráfico (DGT) para obtener información privilegiada de los vehículos. Según denunció Csif en enero del año pasado, Molina recurrió a la plataforma para obtener información privilegiada sobre los coches usados que luego revendía en Wallapop. La investigación sigue su curso.