Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, el presidente Pere Aragonès, representantes del Govern en la marcha en favor de la inmersión, junto al líder de ERC, Oriol Junqueras / LUIS MIGUEL AÑÓN

Los inspectores educativos se protegen: pedirán a Cambray que les dé instrucciones por escrito

Inquietud entre estos funcionarios, obligados a cumplir la ley y las sentencias judiciales, después de que Pere Aragonès les encomendara blindar la inmersión lingüística en catalán

6 min

Como funcionarios, están obligados a cumplir las leyes y las sentencias judiciales. De ahí que el anuncio hecho por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, según el cual los inspectores educativos blindarán la inmersión lingüística en Cataluña, ha provocado inquietud en entre este cuerpo de profesionales. De ahí que, aconsejados por sus representantes sindicales, están decididos a pedir por escrito las instrucciones que reciban de la Consejería de Educación al respecto.

El pasado día 16, tras celebrarse la segunda cumbre extraordinaria sobre la lengua, el presidente catalán hizo una comparecencia solemne para anunciar, entre otras medidas, que “desde mañana mismo, el cuerpo de inspectores de la Generalitat de Cataluña intensificará la supervisión de los proyectos lingüísticos vigentes en cada centro educativo”, a fin de asegurar su cumplimiento. Esta decisión, dijo, responde "a las alarmas que nos muestran que el uso del catalán en la escuela ha disminuido en los últimos años".

No hay instrucciones todavía

Poco más ha trascendido sobre el alcance de esas órdenes. “Nuestros compañeros de Cataluña no han recibido ninguna instrucción, solamente les han dicho que estén atentos. Las creencias son respetables, pero la obligación de todo inspector es cumplir la ley”, asegura en declaraciones a Crónica Global el presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), Jesús A. Marrodán, quien transmite la preocupación existente en el cuerpo.

Tras conocer que el refuerzo de la inmersión pasa, según el Govern, por los inspectores educativos, USIE pidió una reunión con el Ministerio de Educación para conocer su postura. “Queríamos saber qué van a hacer tras las sentencias judiciales. Nos respondieron que están a la espera de lo que haga el Govern”, explica Marrodán.

Sujetos a la ley de función pública

Por ello, USIE ha aconsejado a los inspectores catalanes que pidan por escrito las instrucciones que reciban del consejero de Educación, Josep González Cambray, y que vaya firmado por las personas competentes. “Es difícil pedir a un funcionario que incumpla una norma. Hay mucho ruido mediático que está desestabilizando a este colectivo de profesionales. No ejecutar una sentencia es un delito. Y en una sociedad democrática, existe la separación de poderes, afortunadamente”, añade Marrodán. Recuerda que la ley de función pública, a la que están sujetos los funcionarios, se basa en el Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto fue refundado en 2015. De ahí emanan, a su vez, las normas autonómicas”.

¿Puede hacer algo la Alta Inspección? “Desde que se aprobó la Lomloe --conocida como la ley Celáa-- las competencias son diferentes, se han suavizado. Algo con lo que nosotros discrepamos, pues su labor es proteger a los centros y a los menores”.

Más control sobre los inspectores

Tal como explicó el inspector Jesús Rul, se trata de un órgano sin competencia supervisora creado por el Gobierno de Adolfo Suárez en respuesta a la presión de Jordi Pujol, que quería todas las competencias, incluida la inspección educativa. En Cataluña hay dos funcionarios que pertenecen a la Alta Inspección “que se limitan a hacer informes para el ministerio, es una labor muy burocrática”, afirma Rul. 

Tal como publicó este medio, el pasado marzo, el Govern aprobó el Decreto 12/2021 con la finalidad de intensificar el control sobre los inspectores educativos. La norma prevé que el ejercicio de las funciones de la Inspección “pueden ser ejercidas temporalmente, con ocasión de vacante, por funcionarios de los cuerpos docentes en comisión de servicios”. Asimismo, la Subdirección General de la Inspección de Educación, que depende de la Secretaría de Políticas Educativas de la Consejería de Educación, “puede constituir grupos de trabajo, formados por inspectores de diferentes inspecciones territoriales y ámbitos de experiencia, para llevar a cabo encargos específicos vinculados a prioridades del servicio con una temporización ajustada a la consecución de los objetivos”.