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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien comunicó al gobierno catalán la intervención de las cuentas / EFE

El Gobierno ejecuta la intervención de todas las cuentas catalanas

En el marco de las operaciones contra el referéndum, se ha conocido la decisión que supone que Cataluña no puede incurrir en gastos no previstos ni endeudarse a corto plazo

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En la mañana de este miércoles, la Guardia Civil ha lanzado a primera hora un operativo contra la organización del referéndum, en el cual agentes del instituto armado han entrado en varios edificios de la Generalitat. En este marco se ha conocido la decisión adoptada anoche por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la que acuerda la no disponibilidad de crédito de la Generalitat de Cataluña en el gasto de los servicios no fundamentales de esta comunidad autónoma, lo que afecta a unos 4.500 millones de euros.

Montoro ha adoptado esta decisión una vez que habían transcurrido las 48 horas que el Gobierno dio al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que realizara un acuerdo de no disponibilidad de crédito de esa parte del presupuesto que afecta a servicios no fundamentales. La decisión, que supone que la comunidad autónoma no podrá incurrir en más gastos de los previstos, se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha sido comunicada ya a la Generalitat.

Intervención ‘de facto’ de las cuentas catalanas

Esta medida forma parte de la orden ministerial de Hacienda anunciada el viernes tras el Consejo de Ministros y publicada en el BOE del sábado pasado, 16 de septiembre. En ella, el Gobierno acuerda también asumir directamente el pago de las nóminas de la Generalitat y de los servicios fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales.

Con la decisión adoptada anoche por Montoro para controlar los gastos en servicios no fundamentales, el Gobierno interviene de facto la totalidad de las cuentas catalanas, ya que el Ejecutivo de Puigdemont tampoco podrá endeudarse a corto plazo sin la autorización del ministerio. Hasta ahora la autorización del Gobierno solo la necesitaba para endeudarse a largo plazo.