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Sede de la Fiscalía Superior de Cataluña / WIKIPEDIA

La fiscalía avala la decisión del TSJC de mantener los comicios catalanes para el 14F

El ministerio público se muestra favorable a la medida cautelar adoptada por el alto tribunal, que no analiza el contenido del decreto del Govern

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La Fiscalía Superior de Cataluña avala la decisión del TSJC de suspender, de forma cautelar, el decreto de la Generalitat que anulaba la fecha del 14 de febrero para celebrar las elecciones catalanas. 

El ministerio público, a petición de la Sala de la Contencioso Administrativo, ha emitido un informe este miércoles en el que señala que, si se espera a la resolución firme de los dos recursos presentados contra el decreto, sería "inviable la celebración" de la votación el próximo mes, y que levantar las cautelares adoptadas por el TSJC supondría "desestimarlos", lo que a su vez vulneraría los derechos fundamentales de los recurrentes.

Críticas por la fecha electoral

Por esos motivos, el fiscal se muestra favorable a mantener las cautelares acordadas. Todo ello, la misma jornada en la que el presidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, ha criticado que el PSC fuese el único partido que rechazó aplazar los comicios sine die, pese al auge de contagios.

 

Aragonès señala que batallarán "hasta el final" el aplazamiento de las elecciones / EP

Los socialistas aceptaron un aplazamiento, como las demás formaciones, pero de un mes, y no hasta mayo. El republicano ha censurado que los mismos que están dispuestos a adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde --en referencia al Gobierno, cuyo ministro de Sanidad es el candidato del PSC, Salvador Illa-- son los que defienden que el 14F se tengan que mover "cinco millones y medio de personas" para ir a votar.

Junqueras y Borràs, contra el TSJC

También el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado la decisión del TSJC de mantener la cita electoral. En un apunte de Twitter, el republicano acusó al alto tribunal de aplicar un "155 encubierto".

Por su parte, la candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, tildó la decisión de "nueva injerencia en la normalidad democrática y en la política catalana".