Menú Buscar
Sede de la Agencia Tributaria Catalana en la Zona Franca de Barcelona, que debe gestionar la independencia fiscal / CG

La fiscalía investiga el embrión de la Agencia Tributaria catalana

El ministerio público reclama los contratos suscritos con la Generalitat desde 2012 a Nexica, T-Systems y Mediapro

2 min

Agentes de la policía judicial de la Guardia Civil requirieron la semana pasada información a empresas como Nexica, T-Systems y Mediapro para conocer el alcance de las gestiones políticas que, desde hace años, estaría desarrollando el Gobierno de la Generalitat para “construir las estructuras del futuro Estado catalán”.

En concreto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a estas y a otras empresas, con sede en Barcelona y Madrid, los contratos suscritos con distintos organismos del Gobierno catalán en relación, específicamente, con la puesta en marcha de la Agencia Tributaria Catalana. La petición, en algunos casos, arranca de los contratados entre la Administración y las empresas privadas desde 2012.

Si hubo gasto, hubo malversación

La fiscalía quiere saber el alcance de esas gestiones y el volumen económico gastado, de forma ostensible o maquillada, para la puesta en marcha de esas “estructuras de Estado”, un dispendio que se situaría al margen de la legalidad, en opinión de la fiscalía.

La Guardia Civil también se personó en el CTTI, el centro de telecomunicaciones y tecnologías de la información de Cataluña, organismo público licitador de buena parte de los contratos que hacen referencia a la gestión de datos personales de los electores y ciudadanos en general.

Las empresas tienen ocho días para entregar toda la información sobre los contratos públicos a la Guardia Civil.

Desde marzo de 2016

La investigación se inició en marzo del año pasado de la mano de quien entonces era fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

El actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha prorrogado la investigación y pretende esclarecer si se han desobedecido las resoluciones del Tribunal Constitucional contrarias al procés y si éste ha causado un perjuicio a las arcas públicas catalanas.