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El TC tumba la consejería de Asuntos Exteriores de la Generalitat

La Fiscalía investiga a empresas catalanas contratadas para levantar estructuras de Estado

El ministerio público aprecia posibles delitos de sedición, malversación y desobediencia en el 'procés'

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La Fiscalía investiga los contratos de la Generalitat con una veintena de empresas catalanas para levantar las estructuras de Estado para el procés. En concreto, el ministerio público de la Audiencia Nacional solicitó el viernes los datos de estas compañías, tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad, que han servido al Govern para desarrollar sus servicios de inteligencia y la agencia tributaria propias.

Según publica El País, las empresas tienen ocho días para entregar la información sobre los contratos públicos a la Guardia Civil. De no hacerlo, pueden cometer los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos. Fue en marzo del año pasado que empezaron las investigaciones, abiertas por el entonces fiscal jefe, Javier Zaragoza.

Frenar las estructuras de Estado

El actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha prorrogado la investigación y pretende esclarecer si se han desobedecido las resoluciones del Tribunal Constitucional contrarias al procés y si éste ha causado un perjucio a las arcas públicas catalanas.

El objetivo último de las pesquisas es, según las fuentes consultadas por el periódico, impedir que el Govern no tenga las estructuras necesarias para hacer efectiva la independencia en caso de que el Parlamento catalán apruebe las leyes de desconexión.

Empresas investigadas

Aunque no se han difundido los nombres de las empresas investigadas por la Fiscalía, sí ha trascendido que algunas tienen sede en Madrid y otras en Barcelona. además del expediente referente a cada contrato que tienen con la Generalitat, deberán presentar ante la Guardia Civil el importe de las aplicaciones informáticas, la forma de pago de la administración catalana y el procedimiento de contratación.

El ministerio público también exige nombres, tanto de los empleados de las compañías que se han encargado de desarrollar las aplicaciones para la Generaliat como de los funcionarios responsables de activarlas.