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El 'conseller' de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que pide a los sindicatos negociar antes de empezar el curso / EP

La fiscalía descarta que Cambray cometiera desobediencia y prevaricación con el 25%

El Ministerio Público no ve delito ni en las instrucciones que dio a las escuelas ni en la aprobación de la nueva ley sobre el uso del castellano en las aulas

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La fiscalía ha descartado que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, haya cometido desobediencia y prevaricación en su respuesta tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a garantizar un 25% de castellano en los colegios de Cataluña. 

El ministerio público no ve delito ni en las instrucciones que dio a las escuelas ni en la aprobación de la nueva ley sobre el uso del castellano en las aulas

Tras una denuncia de Ciudadanos

Así lo han expuesto el fiscal superior, Francisco Bañeres, que ha archivado la denuncia presentada por Ciudadanos, y el fiscal Pedro Ariche en dos informes enviados al TSJC en los que inadmite la denuncia de Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, y la querella de Vox.

En los escritos, la fiscalía asegura que las actuaciones del titular de Educación “no revisten los caracteres propios de ilícito de naturaleza penal” y recuerda que ninguna familia ha denunciado que se le haya negado de forma expresa la aplicación de la sentencia en su centro educativo. 

No encuentra contradicción

Asimismo, según el fiscal, las instrucciones dictadas por el departamento “no consta que hayan entrado en contradicción” con la sentencia del TSJC. Tribunal que, a su parecer, debe posicionarse sobre el delito de desobediencia grave. 

En cuanto al delito de prevaricación, no ve arbitraria esta comunicación de la Conselleria a los centros docentes. Y tampoco enmarca en este delito la aprobación del decreto ley del Ejecutivo autonómico sobre educación porque no es un acto administrativo sino de naturaleza legislativa, por lo que no concurren los requisitos para ser un delito de prevaricación.  Para el Ministerio Público, el nuevo decreto ley y la nueva ley sobre las lenguas establecen “un nuevo marco regulador de proyectos lingüísticos”.