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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés (d) y el 'conseller' de Educación, Josep González Cambray / EUROPA PRESS

La fiscalía archiva cuatro denuncias contra Aragonès y Cambray por incumplir el 25% de castellano

Entidades probilingüismo les atribuían delitos de coacciones, prevaricación, discriminación, desobediencia y amenazas por no cumplir las sentencias que tumban la inmersión monolingüe en catalán

4 min

La Fiscalía Superior de Cataluña ha archivado cuatro denuncias presentadas por asociaciones probilingüismo contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por anunciar que mantendrán el modelo de inmersión lingüística monolingüe obligatoria en catalán en las escuelas, al entender que no han realizado "ninguna acción" para desobedecer a la justicia.

En su decreto de archivo, la Fiscalía sostiene que, más allá de las declaraciones públicas, no consta que el Govern haya "dictado orden o instrucción concreta con eficacia en el plano administrativo tendente al desacato" de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que insta a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en el sistema educativo de Cataluña.

No ve delito

Según el ministerio público, solo podrían incurrir en delito los que están llamados a cumplir el mandato del TSJC, es decir, "los respectivos directores o directoras de los centros en los que la cuestión pudiera suscitarse", añade el decreto de archivo de las denuncias, presentadas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entre otras entidades.

En su decreto de este lunes, el fiscal aúna las cuatro denuncias por los mismos hechos y las archiva porque no considera que haya ningún delito que investigar.

Los denunciantes atribuían a Cambray los presuntos delitos de coacciones, prevaricación y discriminación en la prestación de un servicio público, y otra también atribuía a Aragonès supuesta desobediencia al TSJC.

El caso de Canet

En concreto, la denuncia de AEB hacía referencia a los padres de una alumna de la escuela Turó de Drac, en Canet de Mar, que pidieron a la conselleria aplicar la sentencia del TSJC sobre el 25% mínimo de castellano de manera cautelar.

La misma denuncia cuenta que la escuela convocó a los padres de todo el alumnado a una reunión para explicar estas medidas, tras lo que algunos crearon un perfil de Twitter en el que mostraban su disconformidad con la medida judicial, y la AEB cree que eso era "parte de una estrategia" de la Generalitat para evitar aplicar la sentencia.

También, según la denuncia de la AEB, la decisión del tribunal tuvo "una reacción hostil" de la Generalitat y atribuye a los tuits de ese perfil que crearon padres y madres de alumnos el presunto delito de amenazas a testigos de un procedimiento judicial, lo que la Fiscalía descarta.

Sentencia pendiente de aplicar

Otra denuncia ya archivada, presentada por Hablamos Español, menciona la carta que Cambray envió a los directores de escuelas cuando la sentencia del TSJC pasó a ser firme, y quería imputar al conseller por prevaricación por el contenido de esa carta.

La tercera denuncia archivada, de Manos Limpias, usaba la misma carta para atribuir tanto a Cambray como a Aragonès los presuntos delitos de desobediencia, coacciones y amenazas.

La última denuncia alegaba que "ningún colegio" de Cataluña ha aplicado la sentencia del TSJC, de lo que infería un presunto delito de desobediencia que atribuía a la Generalitat.