ERC se queda sola contra la Ley de Seguridad Nacional

ERC ha aprovechado la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso para intensificar su discurso victimista, aunque todo apunta a que su estrategia tendrá poco recorrido.

El texto -que tiene por objetivo “proteger la libertad y bienestar de los ciudadanos”, “garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales”, así como colaborar en la seguridad internacional- habilita al presidente del Gobierno a declarar una “situación de interés para la seguridad nacional” en aquellos casos en que “por la gravedad efectiva o potencial de sus efectos y la dimensión y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes”. Estas autoridades quedarían “bajo la dirección del Gobierno”, y tendrán “la obligación de aportar los medios humanos y materiales que se encuentren bajo su dependencia”.

ERC ve en la ley "una nueva manera de luchar contra el proceso"

Según el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, estos puntos de la ley otorgan al presidente del Gobierno la potestad para asumir el mando de los Mossos d'Esquadra y son una respuesta contra el plan secesionista proyectado por su partido y CDC.

Tardà ha considerado que el PP y el PSOE (que, junto a UPyD, han aprobado la ley) están “lubricando la maquinaria represiva” contra los independentistas. A su juicio, la Ley de Seguridad Nacional pretende “aumentar el aparato legislativo del Ejecutivo para abortar el proceso democrático abierto en Cataluña” y generar “un estado de alarma en Cataluña para crear temor” y “miedo”. A pesar de ello, el dirigente de ERC ha asegurado que “ni Dios, ni por supuesto Rajoy” podrán pararlo.

De igual forma, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha tildado calificado la ley como “una nueva manera de luchar contra el proceso catalán”.

CDC, UDC y el PNV se desmarcan de la tesis de ERC

Sin embargo, solo Amaiur ha 'comprado' la tesis de ERC. Ni CDC, ni UDC -que en esta ocasión han defendido su posición de forma conjunta-, ni el PNV han visto en el desarrollo de esta norma una respuesta de los principales partidos al proyecto rupturista de Mas y Junqueras.

Los partidos nacionalistas han votado en contra por considerar que la ley “lamina” competencias autonómicas, pero se han desmarcado de los argumentos de ERC. El consejero de Interior de la Generalitat, Jordi Jané (CDC), ha señalado: “No interpreto que este proyecto vaya hacia donde algunos interpretan que puede ir”. Este distanciamiento es especialmente significativo, habida cuenta de CDC que acaba de conformar una candidatura independentista junto a ERC de cara a las elecciones autonómicas del 27S que se ha comprometido a proclamar unilateralmente la secesión de Cataluña en 18 meses.

Una herramienta contra el terrorismo yihadista

El PP y el PSOE también han rechazado el planteamiento de ERC. La diputada popular Beatriz Rodríguez Salmones ha asegurado que la ley responde exclusivamente a los nuevos riesgos y amenazas que han surgido en los últimos tiempos, especialmente relacionados con el terrorismo yihadista.

Una posición que también ha defendido el diputado socialista Enrique Serrano, quien ha justificado el apoyo de su partido al texto porque “no hay Estado que no tenga como primera obligación la de asegurar su seguridad”. Además, ha recordado que el proyecto de ley se empezó a perfilar en 2009, cuando no había indicios de la deriva secesionista de Mas.

El artículo 155 o el estado de sitio, las respuestas más sólidas

Lo cierto es que el Gobierno tiene mecanismos suficientemente sólidos para hacer frente al desafío del presidente de la Generalitat, más allá de que no está nada claro cómo podría hacer efectiva Mas la independencia después de proclamarla. Para ello, necesitaría tomar el control real del territorio, incluyendo las instituciones del Estado en Cataluña, lo que se presume una empresa harto compleja.

El artículo 155 de la Constitución -previa aprobación del Senado- permite al Gobierno “adoptar las medidas necesarias para obligar” a una Comunidad Autonómico al “cumplimiento forzoso” de las obligaciones constitucionales, lo que incluye dar instrucciones a las autoridades autonómicas.

Otra opción sería, en base al artículo 116 de la Constitución, decretar el estado de sitio, que, según la ley que lo desarrolla, está reservado para situaciones de “insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios”.

Una opción cada vez más plausible

Este mismo miércoles, el ministro de Justicia, Rafael Català, ha recordado que el artículo 155 “está plenamente en vigor y es posible su utilización”. Además, ha advertido de que “no hay margen” para el plan rupturista que plantea el independentismo catalán.

De igual forma, el secretario general de UDC, Ramon Espadaler, ha considerado “previsible” que el Gobierno responda ante una proclamación unilateral de independencia aplicando el artículo 155.

El dirigente nacionalista ha llegado a señalar que “no se entendería en Europa” que el Gobierno “no hiciera nada” ante un intento de secesión unilateral. Y para articular una respuesta no necesita ampararse en la futura Ley de Seguridad Nacional.