La desobediencia de la Generalitat al 25% de castellano en clase llegará a Europa

La desobediencia de la Generalitat a las sentencias que instan a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en el sistema educativo de Cataluña llegará a las altas instancias internacionales. Así lo ha anunciado este jueves el eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Jordi Cañas, quien ha advertido de que denunciará ante la Comisión Europea esta "violación del Estado de derecho" después de que el Govern se haya negado, presuntamente, a cumplir esta obligación en el caso de una escuela de Barcelona después de haber expirado el plazo para hacerlo.

Cañas se hacía eco así de una noticia publicada en El Mundo, según la cual la Consejería de Educación catalana ha respondido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con un escrito similar a los que presentaba antes de que fuera firme la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a introducir el español como lengua también vehicular en la enseñanza de esta autonomía. Con la particularidad, en este caso, de que la abogada de la Generalitat se lo habría enviado al TSJC el 29 de marzo: es decir, un día después de que se cumpliera el plazo de ejecución forzosa, negando este derecho a una familia del colegio Emili Juncadella de Barcelona que lo había reclamado. Diversas entidades civiles han solicitado en los últimos días a dicho tribunal la ejecución de la sentencia sobre todo el sector educativo de Cataluña, al no haberlo hecho por ahora el Gobierno. 

Tuit del eurodiputado Jordi Cañas

Según El Mundo, la letrada de la Generalitat defiende que la familia de ese colegio "no tiene ningún derecho a determinar un porcentaje de uso de la lengua castellana como vehicular ni ningún otro poder público podría hacerlo que no fuera la Administración educativa competente, que en Cataluña es la Generalitat", pidiendo así al TSJC que desestime la reclamación en cuestión. El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ya había desestimado esa petición el pasado 29 de septiembre, y la familia impugnó ante el Alto Tribunal asesorada por la entidad Hablamos Español. Ahora el Govern reclama que no se atienda su impugnación.

"La pretensión de la recurrente de fijar el uso del castellano como lengua vehicular en un 25% ni está justificada, ni se ampara en ninguna norma legal, ni ha sido nunca reconocida por ninguna resolución judicial", señala la letrada. Y considera vigentes los argumentos en los que se ha sustentado el modelo de inmersión lingüística impuesto por la Generalitat hace tres décadas: "Para poder garantizar la exigencia legal del pleno dominio de las dos lenguas oficiales catalana y castellana al finalizar la enseñanza obligatoria, se tiene que mantener actualmente un trato diferenciado del catalán como lengua normalmente vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo", alegan los servicios jurídicos de la Generalitat.

Según Hablamos Español, esto evidencia un incumplimiento por parte de la Generalitat, "lo que dilatará un poco más la aplicación de la sentencia", lo cual tendrá "varias consecuencias". Por una parte, que "el tribunal deberá instar al director del centro a cumplir con lo establecido en la sentencia". Además, las costas aplicadas a la Generalitat "serán más cuantiosas, dado el grado de insumisión, que coloca al Consejero García-Cambray en una posición jurídicamente insostenible". En opinión de Gloria Lago, presidenta de la entidad, ha dado muestras de "mala fe prevaricadora".