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Miquel Sala (c), alcalde de Ollana (Lleida), fue uno de los primeros en acudir a declarar ante la justicia por el 1-O / EFE

Las denuncias contra los 700 alcaldes del 1-O, ¿moneda de cambio?

El Ejecutivo central precisa de una victoria (quizá la cabeza del mayor Trapero) y, para ello, no dudará en prestarse a un trueque en caso de negociación

8 min

¿Dónde están las más de 700 denuncias que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó a los fiscales catalanes que interpusieran contra todas aquellas corporaciones locales que se prestasen a colaborar en el referéndum del 1-0 y suscribiesen como propios los argumentos de las leyes de referéndum y de transitoriedad (anuladas por el Tribunal Constitucional)?

Esas denuncias están en la fiscalía. Están arrinconadas, aletargadas, semi olvidadas pero, eso si, fuertemente custodiadas, por si más pronto o más tarde (o quizá nunca) se tienen que desempolvar.

Magaldi y Romero

La mayoría de ellas están apiladas en el despacho de la fiscal Ana Magaldi, aquella mujer insultada por un grupo de jóvenes radicales independentistas a la salida del palacio de justica tras una de las sesiones del juicio contra Mas, Rigau y Ortega por el 9-N.

Ana Magaldi es la fiscal jefa de Barcelona (dicen en la Fiscalía General del Estado que es la niña de los ojos de Maza), y la sonrisa desafiante que esgrimió frente a los exaltados que la insultaron es parecida a la sonrisa que deja entrever cuando se le pregunta, ahora, por esas denuncias.

El resto de expedientes, una minoría, corresponden a aforados, es decir, alcaldes que a la sazón, son diputados en el Parlament. Esas denuncias se encuentran en el despacho del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, hombre con fama de prudente y que acostumbra a actuar con proactividad cuando se lo ordenan y a no hacerlo cuando se lo ordenan también.

Todo parado

Entra las pilas de denuncias amontonadas y que nadie revisa, nadie acomete y, en la propia fiscalía, a nadie le interesan, se encuentran, incluso, decenas de casos de alcaldes que ni tan siquiera han comparecido a las citas de la fiscalía. Contra ellos, no se ha movido ni un solo dedo por parte del ministerio público, cuando la desobediencia clama al cielo y al Código Penal.

Esas denuncias, que se interpusieron a partir de una orden de Maza anterior al momento en que los alcalde imputados desobedecieron, según las fuentes consultadas de la propia fiscalía, suponen munición en perfecto estado para ser utilizada procesalmente o en algún otro terreno. Esas fuentes sugieren que el Ejecutivo, a través del fiscal general del Estado, podría “olvidarse“ de ellas y ser desactivadas con la misma facilidad que se anunciaron. Sería un gesto, una renuncia, un material  con el que mercadear en una negociación eventual, posible y oficiosa que podría establecerse (si no se ha iniciado ya) entre las dos parten en contienda.

Moneda de cambio

Crónica Global ha sondeado esa posibilidad y la respuesta obtenida en al fiscalía de Cataluña concluye en que no se descarta en absoluto. Es más, hay quien sugiere que quizá esas denuncias (o un paquete de ellas) se dan ya casi por perdidas (“amortizadas”), porque es el “regalo” que le Gobierno central pone en el tablero imaginario de la negociación a cambio, de momento, de la cabeza del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Lo de Maza con (o contra) Trapero es pura obsesión, que va mas allá de la estrategia.

Y, la verdad, según fuentes incluso de los sectores más progresistas de la fiscalía, es que el mayor se lo ha puesto fácil con una conducta, como poco, ambigua para con el procés, incluso, anterior a aquella famosa reunión del fiscal jefe Romero de Tejeda en la que nombró al coronel Diego Perez de los Cobos director  de operativo policial anti referéndum.

El mayor, en un hilo

Trapero declara hoy por segunda vez ante la juez Lamela acusado de sedición y, en la Audiencia Nacional se da por seguro que los últimos informes de la Guardia Civil serán utilizados por la fiscalía para pedir medidas cautelares contra el jefe de la policía catalana.

Según el instituto armado, la posición de los Mossos durante los operativos de detención y registros ordenados por el juez de instrucción número 13 de Barcelona el pasado día 20 de septiembre fue “pasivo, inexistente y puso en peligro no sólo el objetivo que impulsó las diligencias sino a los agentes y a la comitiva judicial que, en el caso concreto el de la Consejería de Economía, participaban en una recogida de documentación ante centenares de personas que, en la puerta, les impedían la salida”, reza el informe de la Guardia Civil.

En su primera comparecencia, Trapero explicó que el operativo no se hizo mejor porque nadie le avisó de la operación (cosa que si es habitual en la mayoría de casos). Sin embargo, la Guardia Civil incorpora las declaraciones de la secretaria judicial y de decenas de testigos que avalarían la hipótesis de la inacción policial de los Mossos que la fiscalía atribuye, en ultima instancia, directamente al mayor.

El interrogatorio de Trapero coincide en el tiempo con la respuesta de Carles Puigdemont al requerimiento de si declaró o no la independencia.

Pendientes de Puigdemont

En la fiscalía de la Audiencia Nacional se da por seguro que si el presidente de la Generalitat va un paso adelante, Trapero puede, incluso, ingresar en prisión preventiva, aunque al menos tres profesores de derecho procesal y penal consultados por este medio aseguran que con el Código Penal en el mano, la medida de prisión preventiva en este caso resultaría “una verdadera aberración”.

En casos de adopción de alguna medida cautelar (cuestión que tampoco contemplan porque el delito de sedición en el caso de autos nunca se consumó), esos profesores se inclinan más hacia una inhabilitación o suspensión en el cargo del mayor que a una medida más drástica, “casi penalmente estentórea”, dicen. La inhabilitación de Trapero serviría para que el Gobierno pudiera adoptar el control de los Mossos con un mayor comodidad en caso de aplicación del artículos 155.