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Un coche de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía de la Generalitat durante el registro de este miércoles / TWITTER

El Consejo de la Abogacía condena los registros "indiscriminados y arbitrarios"

Un total de 14 colegios de abogados exigen diálogo "inmediato" al Gobierno y a la Generalitat frente a la "acción represora" de los cuerpos policiales

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El Consejo de la Abogacía catalana, que representa a los catorce colegios de abogados de Cataluña, ha condenado las entradas y registros "indiscriminados y arbitrarios" que se han llevado a cabo en entidades privadas, en domicilios particulares y en despachos de abogados durante la operación de la Guardia Civil contra la logística del referéndum.

Aseguran "que vulneran de manera flagrante la Ley de Enjuiciamiento criminal en lo relativo a las condiciones en que se han de hacer las entradas y registros".
Denuncian especialmente "la entradas y registros en los despachos de abogados, hechos que violan el derecho al secreto profesional de los abogados y afectan a la protección de los datos personales de cualquier ciudadano, a la vez que no respetan lo establecido en la normativa de la Abogacía que exige que la diligencia de entrada y registro se ponga en conocimiento de la decana o decano del correspondiente Colegio de Abogados".

Derechos y libertades

Recuerdan que "tanto la defensa de las libertades individuales y de pensamiento como de la legalidad vigente son pilares fundamentales de los Estados Sociales y Democráticos de Derecho. Ni la defensa de aquellas libertades puede justificar la vulneración de la ley, ni la respuesta al ejercicio de los derechos individuales y colectivos puede ser únicamente la acción represora de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o la acción de la Justicia".
Añaden que "ante la falta de diálogo de los dirigentes políticos, los decanos y decanas de los 14 Colegios de Abogados de Cataluña exigen de forma inmediata a los gobiernos de España y de la Generalitat la constitución de una mesa de diálogo para dar solución a la situación planteada".
El Consejo reitera que "es función de la Abogacía garantizar los derechos y las libertades de las personas mediante el derecho de defensa y se ofrece una vez más a facilitar el diálogo entre los diferentes agentes políticos para mediar y encontrar una solución al conflicto político actualmente existente".