El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, y la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, a su llegada a una Comisión de Control de los créditos destinados a gastos reservados, en el Congreso de los Diputados / EUROPA PRESS

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, y la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, a su llegada a una Comisión de Control de los créditos destinados a gastos reservados, en el Congreso de los Diputados / EUROPA PRESS

Política

El CNI admite el espionaje a independentistas, pero se desmarca del ‘caso Pegasus’

Los servicios de inteligencia siguieron a los políticos catalanes siempre con autorización judicial

5 mayo, 2022 14:10

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha admitido este jueves el espionaje a una veintena de políticos independentistas, pero siempre con aval judicial, por lo que se ha desmarcado del denominado caso Pegasus o Catalangate, que se refiere a un seguimiento masivo e ilegal a decenas de personajes vinculados al procés. Lo ha explicado este jueves en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso.

Esteban ha aportado abundante documentación de las actuaciones del CNI, incluidas las autorizaciones judiciales para estas vigilancias a políticos independentistas que, de todos modos, no alcanzan las 65 personas espiadas en el marco del caso Pegasus. La responsable de los servicios de inteligencia ha exhibido esos documentos con nombres y apellidos, aunque estos no han trascendido, si bien algunos de ellos coinciden con los citados en el Catalangate.

Un país extranjero

En esta línea, Esteban ha apuntado a dos posibles responsables de estos espionajes, que también han afectado a miembros del Gobierno, como el presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Estarían detrás de ellos, según el CNI, un país extranjero (en los últimos días ha aparecido el nombre de Marruecos) o miembros de las denominadas cloacas del Estado.

Así lo ha desvelado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras escuchar las explicaciones que ha ofrecido Esteban ante los portavoces parlamentarios que integran la citada comisión. “Salimos como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales”, ha dicho, incidiendo en que no incumplía la ley al desvelar parte de esa comparecencia porque el grueso ha versado sobre cosas ya “filtradas” a los medios de comunicación. En sus palabras, el CNI no ha dado detalles del caso Pegasus ni ha ofrecido solución alguna.

Cs y Vox estudian una querella contra Rufián

No lo ven así Ciudadanos y Vox. Ambos partidos sopesan querellarse contra Rufián por haber revelado información sobre el espionaje a independentistas trasladada por la directora del CNI. En el caso de la formación naranja, considera un posible delito de revelación de secretos, recogido en el artículo de 598 del Código Penal, que castiga con una pena de uno a cuatro años de prisión la revelación de información “legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional”.

A juicio de Ciudadanos, lo conocido al término de la comisión es la demostración de que no se debía dar acceso a “secretos del Estado” a los “enemigos del Estado”, en alusión a ERC, JxCat, EH Bildu y la CUP. Asimismo, su portavoz, Edmundo Bal, ha respaldado la actuación del CNI en este asunto por cuanto se ha hecho “dentro de la legalidad”.

Rufián señala al PP y a Villarejo

Al margen de esta distinta interpretación de la realidad, Rufián ha deslizado que “el PP compró Pegasus vía (su ex secretaria general y exministra de Defensa) María Dolores de Cospedal, a través del comisario (José Manuel) Villarejo”. En este contexto, ha añadido que “cuando se señala a una nación extranjera o a otros organismos del Estado” se está “señalando también a Interior”.

Por último, ha dejado caer que Sánchez y Robles “seguramente” hayan sido espiados por otros “altos cargos del Gobierno”. Y, en cualquier caso, si ha sido una nación extranjera, evidenciaría “un terrible agujero de seguridad nacional”, por lo que deberían dimitir los responsables.