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Imagen de Miquel Buch y Quim Torra en el Parlament / EFE

El 'conseller' Buch se disculpa por el retraso en la escolta de Puigdemont

El titular de Interior responde a los amigos del expresidente que los permisos para que 'mossos' armados le protejan dependen de Bélgica, no de España

09.08.2018 10:12 h.
2 min

Miquel Buch, el consejero de Interior de la Generalitat, ha pedido disculpas y ha justificado el proceso burocrático que está siguiendo para satisfacer la petición de seguridad pública realizada por Carles Puigdemont desde Waterloo (Bélgica).

Presionado por las críticas de activistas de su propia organización política, Buch ha explicado ante los micrófonos de RAC1 que si el expresidente huido aún no dispone de escoltas pagados por la Generalitat es por el proceso legal que una operación de esas características exige.

Dos ministerios

“Estamos obligados por ley a seguir un proceso para que agentes de los Mossos d’Esquadra puedan salir al exterior. Primero se ha de solicitar al Ministerio del Interior el permiso para que puedan salir armados. Pero lo más importante es reclamar al Ministerio de Exteriores que solicite la autorización del país donde se desea prestar este servicio, en este caso Bélgica. De hecho –ha subrayado--, el asunto está en manos de las autoridades belgas”.

Buch ha querido dejar claro que desde que Puigdemont reclamó la organización de una oficina de expresidente en Bélgica la Generalitat puso en marcha todo el proceso, que incluye la protección armada.

Todo el derecho del mundo

También ha querido dejar claro que el Govern no obstaculiza en absoluto la petición del expresidente, y ha recordado el informe legal que se filtró en el que se respaldaba su derecho a todas prerrogativas de expesidente, menos la del sueldo ya que cobra otro público como diputado.

Puigdemont reclamó montar su oficina en Bélgica el 22 de junio pasado, y desde entonces el proceso administrativo se puso en marcha. De hecho, el Consell Executiu aprobó apenas 15 días después el nombramiento del historiador Josep Lluís Alay como responsable de este despacho, con un salario anual de 63.000 euros. Alay, empleado de la Diputación de Barcelona, acompañaba al expresidente cuando fue detenido en Alemania.

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