El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha anunciado este martes que recurrirá ante la Justicia la reapertura de las primeras embajadas catalanas en el exterior. El Gobierno ya lo avanzó a finales de agosto y ahora, ante el anuncio de Ernest Maragall de poner en marcha de nuevo la oficina de Berlín este miércoles, lo reitera. Asegura que lo hará “en los próximos días”.

Borrell ha cargado en el Foro España de Nueva Economía contra la “propaganda independentista”, que, según él, cuenta con el “apoyo activo de las instituciones de la Generalitat”. Esto “daña seriamente” la imagen exterior de España. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dedican “parte del tiempo y energía corregir el mensaje y recomponer la imagen”.

Marca España

En este sentido, ha afirmado que la tarea del Gobierno es explicar dentro y fuera “cómo son las cosas de verdad”, y que su posición con respecto a Cataluña es “intentar bajar la insoportable presión”, y lo hacen a través de la “distensión y el diálogo dentro del marco constitucional”.

La Marca España tendrá en eso un papel fundamental, ha dicho Borrell, ya que tendrá que ayudar en el papel de defenderse y “representar España como lo que es”. Así, ha anunciado cambios, como el nombre de la oficina y el responsable. Actualmente es Carlos Espinosa de los Monteros el alto comisionado.

El derecho internacional no avala un referéndum

Borrell también ha contestado a Oriol Junqueras, que pidió un referéndum de autodeterminación pactado. Borrell ha animado a “llamar las cosas por su nombre; es secesión, no autodeterminación”. Ha subrayado que "un referéndum de secesión no está amparado ni por la legislación española, ni por la europea ni por el derecho internacional". Y ha recordado que "la única excepción fue Escocia, en el resto del mundo civilizado estas cosas no se hacen, ni siquiera en Canadá, donde no fue pactado".

En ese sentido, ha puesto varios ejemplos en los que basar la negativa de celebrar un referéndum: “Venecia pide un referéndum de autodeterminación y el Tribunal Constitucional italiano dice que no, Baviera en Alemania lo mismo y también dos en Estados de Estados Unidos, ¿de dónde se saca usted que un referéndum es algo del mundo civilizado?”.

"Amenaza muy grave"

El ministro de Exteriores ha admitido, en todo caso, que España se enfrenta a una "amenaza muy grave", que es la pérdida de su integridad territorial y la "amputación" de un 20 por ciento de su PIB, cosa que tiene una "dimensión exterior" a la que él trata de hacer frente.

En esa línea, ha puesto en valor que el seretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, haya proclamado "alto y claro" que España es un Estado de derecho y que no tenía "ninguna duda de la actuación de la justicia española", y ha lamentado que "no ha trascendido tanto como si hubiera dicho lo contrario".

Diferencias entre la justicia alemana y la belga

Preguntado por la negativa de la justicia alemana y belga a entregar a España al expresidente autonómico Carles Puigdemont y a otros exconsejeros huidos por rebelión, el ministro ha rechazado "poner en el mismo nivel a la justicia belga y la alemana", aunque ha dejado claro que respeta las decisiones de ambas aunque discrepe.

En el caso de Alemania, ha dicho que "el tribunal consideró que no hubo violencia en grado suficiente para justificar el delito que se le atribuye", pero en el de Bélgica ha reconocido que "siempre ha habido problemas". De hecho, ha recordado el caso de la miembro de ETA Natividad Jáuregui, reclamada por delitos de sangre que "sigue regentando tranquilamente un restaurante en una ciudad flamenca" porque el tribunal opinó que no había garantías de un juicio justo en España. Seguramente, ha asumido, la justicia belga tiene de la española "una visión distinta de su realidad".