El proyecto de ley que volverá a regular el servicio de inspección técnica de vehículos (ITV) en Cataluña ha avanzado este miércoles en su tramitación parlamentaria al aunar los apoyos necesarios para superar las enmiendas a la totalidad, tal y como anticipó este medio.
Con sus votos en contra, el PSC, Junts, ERC y Comuns han tumbado el intento de hacer naufragar el texto por parte del PP y la CUP, que tan solo han contado con el apoyo de Vox.
Precios limitados si se disparan
El titular de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha presentado ante los grupos la nueva normativa, que liberalizará con condiciones el sector. Una de esas condiciones es, precisamente, que la Generalitat "tendrá la potestad de mantener las tarifas fijas o máximas cuando el mercado así lo requiera", ha aclarado el conseller en la Cámara catalana.
"La idea es abrir el sistema, y no quiero que esto se confunda con renunciar a que haya una regulación pública", en palabras de Sàmper, quien ha señalado que la Administración catalana "mantendrá plenamente su función reguladora, supervisora e inspectora". Lo hará a través de la Dirección General de Industria, comandada por Xavier Roca, quien podrá emitir una instrucción en caso de que los precios se disparen.
Modelo desfasado
A renglón seguido, ha defendido la necesidad de "actualizar un modelo caduco" y "superar los escollos judiciales de 2016", en referencia a las sentencias que tumbaron la reforma del Tripartit, la misma de la que se aprovechó Oriol Pujol, hijo del expresident, para urdir la trama de comisiones ilegales por la que entró en prisión.
En este sentido, el Tribunal Supremo congeló la emisión de nuevas concesiones por parte de la Generalitat, lo que mantiene desde hace una década el número de estaciones en 50 fijas, 122 líneas de inspección y 10 unidades móviles.
Más estaciones, menos listas de espera
En este tiempo, el parque automovilístico en Cataluña ha aumentado un 25% hasta los 5,4 millones de unidades, lo que genera largas listas de espera que lastran especialmente a las empresas dedicadas al transporte de mercancías y de personas.
Para resolverlo, el modelo propuesto sustituye las concesiones por autorizaciones administrativas más ágiles, permite la entrada de nuevos operadores en un mercado copado históricamente por Applus y fuerza la apertura de estaciones en zonas de interior o rurales a cambio de permitirlas en el área metropolitana y las capitales de provincia.
Sàmper ha resumido las bondades del nuevo marco regulatorio, al indicar que aumentará la capacidad de inspección, simplificará la apertura de nuevas estaciones y garantizará el acceso al servicio en todo el territorio, también en aquellos con escasez de oferta por ser menos rentables para las empresas certificadoras.
"En definitiva, más calidad, más transparencia, más supervisión pública, una cita previa mucho mejor regulada, etcétera", a juicio del conseller.
Joan Canadell, diputado de Junts
Junts presentará una enmienda parcial
Pese a haber tumbado las enmiendas a la totalidad, Junts per Catalunya ha permitido que la ley avance en su tramitación parlamentaria para introducir enmiendas parciales en comisión.
El diputado Joan Canadell ha defendido la necesidad de transitar hacia un modelo mixto que compagine las concesiones con las autorizaciones administrativas al considerar que el sistema defendido por Empresa no garantiza correctamente el equilibrio territorial en las zonas rurales.
A juicio de los neoconvergentes, el texto tampoco tiene la suficiente seguridad jurídica como para evitar "una nueva ola de recursos judiciales" de las empresas certificadoras que pierdan sus estaciones. "La ley no va mal encaminada, pero hay que darle una vuelta", ha dicho Canadell.