Cataluña, más cerca de acabar con el oligopolio de las ITV y liberalizar el sector, aunque con condiciones. El proyecto de ley de regulación del servicio de inspección técnica de vehículos llega al pleno del Parlament este miércoles con los apoyos garantizados para salir adelante.
La Cámara catalana celebra a las tres de la tarde el debate de totalidad de la nueva norma. La defenderá ante los grupos el titular de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, cuyo departamento ha diseñado un sistema de libre mercado con dos grandes contrapesos.
Liberalización con condiciones
El conseller explicará cómo el sector sustituirá las concesiones por autorizaciones administrativas --mucho más ágiles-- y permitirá la entrada de nuevos operadores sin límite alguno, bajo la condición de que abran estaciones no solo en el área metropolitana de Barcelona y las capitales de provincia, sino también en zonas de baja demanda para mejorar la cobertura territorial.
Y aunque liberalizará precios, la Dirección General de Industria --que recae sobre Xavier Roca-- tendrá la potestad de limitarlos en caso de que se desboquen. Estos permanecen congelados y lo que se espera es que se asemejen al coste visto en otras regiones de España; en el País Vasco y Madrid, la tarifa supera los 50 euros para turismos de gasolina y se sitúa en torno a los 60 en el diésel.
Eso sí, el coste del servicio seguirá limitado durante dos años para evitar que las empresas certificadoras de vehículos aprovechen la ausencia de competidores durante la transición de un modelo a otro.
El 'conseller' de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, durante una intervención en el Parlament
PSC, Junts y ERC tumbarán las enmiendas
La mayoría de los diputados, con el PSC a la cabeza, darán su visto bueno para que la ley avance en la tramitación parlamentaria. Tan solo dos han presentado enmiendas a la totalidad, Candidatura d'Unitat Popular (CUP) y el Partit Popular de Catalunya (PPC), y estas serán tumbadas.
La aprobación de la ley cuenta con el visto bueno de ERC; precisamente fueron los republicanos quienes desempolvaron esta carpeta bajo la presidencia de Pere Aragonès para alumbrar una nueva regulación. Fuentes del grupo parlamentario avanzan su posición favorable y urgen a agilizar la tramitación por la "tardanza" que esta arrastra.
Ester Capella, diputada de ERC en el Parlament
De hecho, el sector se encuentra en un limbo después de que la reforma del Tripartit naufragara en los tribunales e instara a la Administración catalana a volver a la casilla de salida. Por si fuera poco, aquel sistema se enmarañó en el caso de las ITV, que derivó en el ingreso a prisión de Oriol Pujol, hijo del expresident, por el cobro de comisiones ilegales.
Por su parte, Junts per Catalunya, principal partido en la oposición, rechazará las enmiendas a la totalidad para tratar de influir en la ley en comisión parlamentaria. Voces neoconvergentes anticipan que presentarán enmiendas parciales para mantener las concesiones y establecer un sistema mixto que, a su juicio, garantizaría la cobertura en todo el territorio.
Salvo sorpresa durante la tramitación, y aunque los neoconvergentes pudieran posicionarse en contra en la votación definitiva, se espera que la tarea cuente con el apoyo de los Comuns, el segundo socio de legislatura del Govern de Salvador Illa.
Fin al reinado de Applus
El modelo ya ha llamado la atención de compañías sin actividad en Cataluña interesadas en entrar en un mercado copado por Applus. La multinacional catalana de inspecciones, que llegó a superar el 80% de la cuota de mercado durante la primera década del siglo, aún opera 26 de las 50 estaciones repartidas por el territorio.
Suyos son la mayoría de los centros ubicados en las zonas más atractivas de Cataluña, aquellas con un parque automovilístico más voluminoso. Son el área metropolitana de Barcelona y las comarcas del Vallès y del Maresme, así como la provincia de Tarragona. También copa la provincia de Lleida y su capital, mientras que en Girona tan solo retiene una estación, la de Puigcerdà.
Logo de Applus
El sector señala carencias
Consultadas por este medio, fuentes del sector valoran positivamente el avance hacia un nuevo marco regulador de las ITV que mejore el servicio a los ciudadanos, al reducir los tiempos de espera y ampliar la capacidad de inspección.
No obstante, llaman a revisar las obligaciones de implantación territorial porque "pueden limitar la competencia, dificultar nuevas inversiones y retrasar la mejora del servicio". Si bien comparten que las estaciones de ITV "deben llegar a todo el territorio", las mismas voces cuestionan que "se obligue a invertir también en otras zonas aunque no exista una necesidad real de nuevas instalaciones".
Un trabajador revisa el motor de un vehículo en la ITV
Esto puede traducirse en un límite a la competencia, por lo que piden identificar aquellas zonas en las que existe déficit de cobertura y focalizar allí las medidas adecuadas. En este sentido, una comarca de interior o de montaña podría acabar teniendo más estaciones de lo que exige la demanda únicamente para que las certificadoras puedan abrir en Barcelona, según fuentes implicadas en la actividad.
Preguntado por la posibilidad de que la nueva regulación embarranque en los tribunales como ya sucediera con la anterior, el departamento de Empresa y Trabajo asegura haber consultado tanto a organismos europeos como al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), por lo que la ley "está blindada".