El abogado Joan Piqué Vidal, en una imagen de archivo
Piqué Vidal, el penalista que salvó la carrera de Jordi Pujol
La política y la empresa han sido el alfa y el omega, el principio y fin, de la carrera judicial irrepetible y muy discutible de Piqué Vidal, fallecido el pasado 7 de octubre
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En pleno estallido del caso Banca Catalana, el penalista Joan Piqué Vidal evitó que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abriera el proceso contra Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalitat.
La instrucción, basada en una inspección del Banco de España, acusaba a Pujol, expresidente del banco, de haber dejado en la entidad un agujero del que se hizo cargo el Fondo de Garantía de Depósitos.
En marzo de 1984, la Fiscalía presentó una querella por falsedad en documento público y apropiación indebida contra Jordi Pujol, después de que CiU hubiese ganado por mayoría las elecciones autonómicas.
Banca Catalana estaba asediada por los prohombres del antiguo régimen que entraban en los consejos de administración, como entró en Banca Catalana el ministro de Exteriores, José María Areilza —señalado por Josep Andreu Abelló (ERC)—, quien recibió la negativa de la entidad ante una operación de descuento de letras sin contraprestación.
El prestigioso penalista se acogió a la denuncia de las tretas de los enchufados para sortear la querella de la Fiscalía. Evitó el fin de la carrera del expresident, sobre el que pendió una orden anticipada de prisión, que nunca ha sido oficialmente confirmada, con favores y contras de Felipe González, del Rey emérito, de Luis Ángel Rojo (Banco de España) o de los ministros catalanes de aquella época, como Ernest Lluch.
La huella de Piqué Vidal desveló, en parte, un litigio civil entre los bufetes de Barcelona, las llamadas togas doradas —Roda Córdoba, Pintó Ruiz, Cuatrecasas, Bruguera o Sanahuja, etcétera, anteriores a la hegemonía de Miquel Roca- y los fiscales de la época, los rigurosos Jiménez Villarejo y Carlos Mena.
El primer gran juicio político de la democracia enfrentó al nacionalismo catalán contra el Estado. Pareció de repente que pájaros gigantescos batieran sus alas contra los cristales de la Catedral del Mar; el estrépito ganó en intensidad y duró años, como un viento incontenible sobre el santuario nacional.
En realidad fue solo fue un caso claro de corrupción reflejado en las actas del Banco de España, entregadas al Gobierno de Felipe por los gestores públicos del banco intervenido, a cuya cabeza marchaba Jordi Mercader, entonces presidente del INI y, años después, chairman de Agbar.
La sociedad civil de la mano del penalista y el Estado volvieron a las andadas en casos oscuros como el de Josep Lluis Núñez, expresidente del FC Barcelona, encarcelado por un delito fiscal que acabó manchando la credibilidad de Delegación de Hacienda en Cataluña.
El penalista había tomado parte en la pugna por las televisiones privadas a través de los grupos editoriales catalanes. Representó al canal CTV con Josep Maria Forn, Oriol Regás y Federico Gallo, pero no lo consiguió.
Después de presentarse como el salvador de Pujol, Piqué Vidal abandonó su perfil académico como profesor de Derecho y abrazó su perfil negociador.
Sin embargo, su mejor virtud fue su perdición. En 2005, dos décadas después del caso Catalana, el mismo TSJC que le había encumbrado hundió la carrera del penalista al desmantelar la red de extorsión a empresarios dirigida por el juez Pascual Estivill.
Para entonces, había resbalado uno de los últimos empeños de Piqué como mercantilista, cauteloso ante consejero de La Seda, junto a destacados industriales como Juan Echevarría (Nissan), textiles (Josep Maria Villalonga y Enric Corominas), y otros letrados de empresa, como Vives de la Hinojosa y Pedro Cuatrecasas.
La antigua propietaria de la compañía químico-textil, Akzo, vendió su 60% de La Seda por el precio simbólico de una peseta y presentó la guerra mercantil colonizando su marco ejecutivo de convergentes, como Artur Mas (expresident de la Generalitat), Rafael Español, que desempeñó la presidencia, y el exministro el socialista Joan Majó, la vicepresidencia.
El penalista tuvo en su despacho un cuadro de honor de clientes invisibilizados a causa de las conflictivas relaciones entre socios de un mismo grupo o en el desarrollo de compraventas de empresas familiares con alta consideración a sus raíces y escasa claridad en sus sectores.
Pasaron por su bufete los hermanos Rubiralta (Celsa, Quijano o Global Stile Wire); fue asesor áulico en Danone y conoció su descomposición como empresa catalana; rescató el espíritu de supervivencia de proyectos con aspiración multinacional, como los Folch Rusiñol (Titan), los Ventosa, los Serra, socios de Catalana Occidente; los Despujol y los Carner en su etapa al frente de Industrias Agrícolas (CIA) o la estratégica Air Products, con Grau i Almirall, el consejero delegado de los cortos años de crecimiento.
La política y la empresa han sido el alfa y el omega, el principio y fin, de la carrera judicial irrepetible y muy discutible de Piqué Vidal, fallecido el pasado 7 de octubre.
Hasta que llegaron los asuntos judiciales de postín, el abogado había ido creciendo en casos casi invisibles, pero muy rentables, como las numerosas defensas de clientes acusados de alzamientos de bienes en proceso concursales de la mano de los inspectores nombrados a dedo por los magistrados.
En 1996, el juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Grand Tibidabo, contra el financiero Javier de la Rosa, le citó como imputado. Era la primera gran banderilla sobre la espalda del hombre de leyes implicado siempre en mercantilización del derecho.
En sus últimas intervenciones, ya en este siglo, el penalista ha destacado en la defensa de figuras de perfil público, pero con rendimiento menor, dada su avanzada edad.
Sus últimas operaciones están marcadas por la desventaja del delito reconocido, como ocurrió cuando la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo condenó a un año de cárcel —después de que el fiscal le pidiera nueve— por colaborar en una red de blanqueo de capitales en el marco de la llamada operación Tacos, vinculada al cartel de Sinaloa. Firmó un acuerdo con la Fiscalía, que tuvo también en cuenta como atenuante las dilaciones indebidas en esta causa en la que el penalista reconocía haber ideado un entorno de dinero opaco, procedente del delito.
Por el tipo de clientes poderosos y muy reconocidos podría decirse que la herencia negociadora de Piqué ha perdido vigencia en la época de los negocios digitales marcado por la transparencia aparente.
En cualquier caso, los civilistas catalanes mantienen el corte anglosajón que hegemonizaron las togas doradas de los años 90: almuerzos en el Finisterre de Diagonal, hoy desaparecido, y copas de media tarde en el Dry Martini de Aribau. Se negocia mejor sobre el mantel y la caoba que en los duros mármoles de las antesalas de la sede judicial.
Gracias al ensalmo de una tradición mercantil, el fondo de comercio de Piqué y de otros grandes de la ley entre bastidores ha ido pasando a manos de letrados como Cristóbal Martell. Este último es ahora el defensor de la familia Pujol y otros intríngulis justiciables definidos por el círculo de tiza que limita a los accionistas de los gestores, como ocurre con su cliente Jonathan Andic (Mango) y con estrellas del deporte, como Messi —delito fiscal— o del acusado de delito sexual Dani Alves.
El adiós de Piqué Vidal no dejará ya un hueco en los pasos perdidos que circundan las salas del juicio oral. Hace mucho que su voz no resuena, pero es reconocida por ciudadanos que atravesaron el dolor de un juicio con carga penal y excesivo coste.
El penalista que salvó a Pujol al inicio de su carrera, como president y referente del catalanismo, también fue la mano oscura de Pascual Estivill, aquel juez que dictó prisión para los que no pasaban por caja.
Estivill, aunque hoy parezca imposible, tocó el cielo el día en que el entonces president Pujol le propuso como miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En aquel momento no se hablaba de lawfare, sólo se practicaba viviendo al borde de los paraísos.
