La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre no solo pone punto final a una legislatura tan endeble en los equilibrios parlamentarios como accidentada por los sucesivos varapalos en el Congreso, la crisis fronteriza de Ceuta, las investigaciones judiciales al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, las inundaciones en Valencia y el grave apagón eléctrico de abril del año pasado.
También altera el curso normal de la política en Cataluña, bastión del socialismo gobernado por Salvador Illa. Pedro Sánchez --que consultó con él la decisión de convocar comicios durante este fin de semana de reflexión-- se comprometió con el president de la Generalitat y con sus socios, Esquerra Republicana (ERC), a acometer una serie de reformas para mejorar la financiación del territorio, sus servicios públicos y la ejecución presupuestaria del Estado, entre otros.
El PSC, entre la resignación y el desafío
Los socialistas catalanes, hace solo una semana, llamaban a ejecutar los consensos antes de acabar la legislatura; ahora reconocen que hubiesen preferido agotar el mandato y contienen el aliento esperando evitar la salida de Sánchez de la Moncloa. La entrada de un gobierno de Partido Popular (PP) y Vox, con Alberto Núñez Feijóo como presidente y Santiago Abascal como segundo, eliminaría cualquier posibilidad de éxito para las múltiples carpetas abiertas con el PSOE.
"Ya veremos cómo queda todo después de los comicios", explican algunas voces del PSC en conversación con este medio. Otras, resignadas, dan por "perdida" la nueva financiación, la condonación del FLA y el traspaso de Rodalies a causa del voto en contra de Junts a los decretos antidesahucios, que ha empujado a Sánchez a convocar elecciones. Todas ellas, sin embargo, expresan sus ganas de ir a elecciones y ganar a la derecha y a la extrema derecha en las urnas.
"Nosotros trabajaremos intensamente para que no se pare nada. Eso sí, todo lo que debía ir al Congreso de los Diputados y que requería una tramitación y un procedimiento parlamentario, deberemos trabajar para que llegue a un Congreso con mayorías suficientes para que se aprueben ampliamente", ha dicho en rueda de prensa la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, llamando a la movilización del voto de izquierdas.
🔴 Reforma de la financiación
Por partes. La pretendida reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) se ve completamente truncada por el abrupto final del mandato. Se trata de la modificación legislativa necesaria para alumbrar el nuevo reparto de recursos entre los gobiernos regionales, con una inyección de 21.000 millones de euros anuales de los que la Generalitat catalana hubiese recibido 4.700 millones.
Tanto el president Illa como la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, habían avanzado que dicho monto de dinero lo hubiesen destinado a mejorar la financiación de los servicios públicos, la sanidad y la educación. Pero la iniciativa se quedará en el primer estadio: tras haber sido aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no se tramitará en el Congreso de los Diputados, algo que debía producirse antes de acabar el año.
No obstante, tampoco contaba con los apoyos necesarios: Junts per Catalunya le da la espalda, al tiempo que exige un concierto económico que saque a Cataluña del régimen común, siguiendo los pasos del País Vasco y Navarra. Así que el éxito de esta iniciativa, que no ha convencido a las comunidades del PP ni tan solo del PSOE, no estaba garantizado.
🔴 Condonación del FLA
La condonación de la deuda ligada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) guarda una estrecha relación con la reforma de la financiación, puesto que los planes de la Moncloa y del Govern eran llevarlas a la vez a votación. El PP también se ha opuesto a perdonar a las comunidades el 20% de su deuda; en el caso de la Administración catalana, esta aspiraba a dejar de pagar 17.000 millones de euros y 1.600 millones en intereses.
🟡 Traspaso de Rodalies
En materia de movilidad, las dudas se ciernen sobre el traspaso de Rodalies. El Gobierno central y la Generalitat pactaron la creación de la empresa mixta para ampliar la participación de la parte catalana de la gestión diaria de la que hoy dispone a las grandes decisiones en materia, por ejemplo, de inversiones; véase la compra de nuevos trenes o las tareas de mantenimiento, que cobraron una mayor relevancia después de que el accidente de Gelida evidenciara el abandono de la red el pasado mes de febrero.
El traspaso del inventario de Renfe, así como la puesta en marcha de Rodalies de Catalunya, podría seguir adelante, siempre y cuando los socialistas catalanes convenzan al PSOE de aprobarlo en la Diputación Permanente, el órgano que legislará en funciones hasta que vuelva a formarse el Congreso y donde el Gobierno de coalición no depende del PP ni de Junts. Por lo que, pese a ser posible porque está "presupuestado y en vías de ejecución", explican voces socialistas, el cambio de mano de los trenes y de su gobernanza sobre ellos se antoja complicado, más aún el pretendido traspaso de vías y catenarias, que son propiedad de Adif y aún no se ha explorado.
Uno de los nuevos trenes de Rodalies de Renfe
🔴 Endurecimiento del Código Penal
Las negociaciones admitidas por Illa con el Gobierno para modificar el Código Penal para incrementar las penas por tenencia ilícita de armas blancas y de fuego también quedan en stand by. El president presentó esta iniciativa como una de las novedades del Debate de Política General (DPG) celebrado en el Parlament la semana pasada como medida para combatir los tiroteos en la vía pública y reducir la sensación de inseguridad que estos provocan en los barrios.
Actualmente el CP contempla penas de prisión de uno a tres años en caso de armas prohibidas o las regladas modificadas sustancialmente, y la propuesta del Govern es aumentarlas de dos a cuatro; y en cuanto a la tenencia de armas de fuego sin permiso o licencia, las penas en caso de ser cortas es de uno a dos años y de seis meses a un año en caso de ser largas, y la voluntad es aumentar de 18 meses a tres años y de seis meses a un año y medio, respectivamente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa
🔴 Consorcio de inversiones y línea orbital
Entre los compromisos adquiridos con ERC por los presupuestos, destaca el consorcio de inversiones, el órgano con el que socialistas y republicanos buscan remontar la escasa ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en Cataluña en materia de infraestructuras. Junts lo tumbó en el Congreso, pero el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, selló con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la creación de una Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones que haga las veces de consorcio hasta lograr su pretendida aprobación en la Cámara baja.
Sin embargo, el Consejo de Ministros aún no ha dado su visto bueno, ni parece que lo hará, por lo que esta carpeta quedará en manos del próximo Gobierno. Uno de los grandes proyectos que el organismo debía blindar es la línea orbital de Rodalies, servicio que se espera que conecte Mataró y Vilanova i la Geltrú sin pasar por Barcelona en 2041. Una obra de enorme magnitud, para la que es necesaria la movilización de 5.200 millones de euros y que dependerá de la voluntad del próximo Ejecutivo.
🔴 Gobernanza de la Zona Franca
También quedará en manos de los futuros inquilinos de la Moncloa el cambio de gobernanza en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona; la Generalitat iba a asumir el 40% y el Ayuntamiento de Barcelona el 15%, para que las instituciones catalanas asuman el control de decisiones tan importantes como su presidencia, hoy ostentada por Pere Navarro.
🔴 Delegación de competencias migratorias
Como es natural, los compromisos sellados por el PSOE con Junts también saltan por los aires. Es, principalmente, la delegación de competencias en materia de inmigración, que permitiría la entrada de agentes de los Mossos d'Esquadra en zonas restringidas para la policía autonómica del Puerto de Barcelona y el Aeropuerto de El Prat; también entregaría a la Generalitat la expedición del documento de identidad para extranjeros y la emisión de autorizaciones de residencia temporal y de larga duración.
Unas funciones que el Govern de Illa vería con buenos ojos asumir, pero los neoconvergentes fracasaron en su intento por los votos en contra de Podemos, que tacharon el texto que impulsaba la iniciativa de "racista". El partido independentista ha vuelto a registrarlo recientemente, sin que se vaya a conocer su desenlace por la disolución de las Cortes.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras
🔴 Oficialidad del catalán en Europa
Otra de las carpetas encalladas es la consecución de la oficialidad de la lengua catalana --también del euskera y del gallego, en tanto que lenguas cooficiales-- en las instituciones europeas. Si bien el Gobierno no ha tenido suerte en este compromiso adquirido con las formaciones catalanas y la Generalitat por la oposición del Partido Popular Europeo e importantes Estados miembro, la convocatoria electoral hace que salte su principal valedor, el ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea, José Manuel Albares.
🟡 Ley de bienestar digital
La ley de bienestar digital, anunciada recientemente por Illa, podría verse afectada por la convocatoria electoral. La Administración catalana busca proteger a los menores del impacto psicológico y cognitivo de las pantallas y las redes sociales, para lo que pretende restringir el acceso a las redes sociales a los adolescentes de hasta los 15 años, tarea en la que pretendía ir de la mano con la Unión Europea y con el Gobierno de Sánchez, que estaba en proceso de legislar en la materia. La ley española, sin embargo, ha caído del Congreso.
El Congreso de los Diputados
🟢 Amnistía a Puigdemont y Junqueras
Lo único que no parece que peligre es la amnistía al expresidente del Govern Carles Puigdemont y su exvicepresidente Oriol Junqueras, defendida por activa y por pasiva por el president Illa en pos de la recuperación de la normalidad institucional después del procés.
La mayoría progresista del Tribunal Constitucional (TC) resolverá el primero de los recursos de amparo de los líderes secesionistas este martes, y se espera que lo haga en positivo y que establezca doctrina para el resto de procesados. Salvo sorpresas, esto empujaría al juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena a borrar definitivamente los delitos de los dirigentes de Junts y ERC para que puedan volver a la política y a Cataluña, en el caso del primero, este mismo mes de octubre.
Vivienda asequible
🟢 Construcción de vivienda
Queda protegido de la inestabilidad de la política española todo lo que no depende de la Moncloa ni del Congreso de los Diputados. En este sentido, la Generalitat socialista se centra hoy, entre otras cuestiones, en reformar el sistema educativo, reducir las listas de la dependencia y la construcción de vivienda pública, siendo la principal apuesta de la legislatura catalana.
El Govern está en proceso de levantar 50.000 pisos de protección oficial y movilizar solares por toda Cataluña para la edificación de otras 214.000 viviendas, la mitad de ellas de régimen público. Esta, primera preocupación de la ciudadanía, es, precisamente, la que ha empujado a Sánchez a convocar las elecciones generales del 29N.