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El adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez frena en seco los compromisos que el Ejecutivo tenía pendientes con Cataluña, especialmente en relación a la nueva financiación pactada entre los socialistas, el Govern y ERC.

Surgido del acuerdo que permitió a Salvador Illa ser investido presidente de la Generalitat en 2024, los tira y afloja entre las tres partes implicadas fue constante hasta que una Comisión Bilateral entre ambos ejecutivos rubricó el acuerdo final casi un año después.

Rebajaba algunas exigencias de los republicanos —como el traspaso del IRPF, que se emplazaban a abordarlo más adelante— pero mejoraba la financiación de la Generalitat con aproximadamente 4.700 millones de euros adicionales.

Iba a ser una de las votaciones más relevantes de la legislatura tras aprobarse el cambio de modelo este mismo mes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y haber empezado a tramitarse como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

La propuesta no contaba con el aval de las comunidades autónomas —solo Cataluña y Canarias lo apoyaron—, pero no era una quimera que obtuviera la mayoría absoluta necesaria para aplicarse. De hecho, solo faltaba el beneplácito de Junts.

El partido que ha hecho saltar la legislatura por los aires tras su "no" a los decretos de vivienda consideraba insuficiente el nuevo modelo, pero las partes ya habían dejado espacio para incorporar algunas de sus demandas durante la fase de enmiendas.

Revés para el Govern

Esta era una carpeta importantísima para el Govern de Illa, que hasta ahora ha condicionado muchas de sus promesas —también en materia de vivienda— a tener los recursos extra de la financiación.

También una garantía para su gobernabilidad, pues era el principal acuerdo que llevó a ERC a pactar una investidura con los socialistas tras casi 20 años, precisamente con el compromiso de ir construyendo esta financiación singular poco a poco de la mano de un gobierno amigo en Madrid, algo que también fue clave para desencallar los presupuestos de la Generalitat aprobados en el Parlament el pasado mes de junio.

Tras duras negociaciones al respecto, los republicanos exigieron una nueva cumbre entre gobiernos para ratificar las nuevas contrapartidas que dependían del Gobierno. Entre ellas el llamado tren orbital, la inyección de recursos a la Hacienda catalana o el cambio de gobernanza en la CZFB.

Todo esto queda de golpe en un cajón, igual que la condonación de la deuda —que se empezó a tramitar en el Congreso, pero ya no se podrá aprobar— o el traspaso de Rodalies, que ya se ha empezado a desplegar con la nueva empresa mixta, pero también se paraliza por completo.

Esto se suma a otros compromisos, en este caso firmados con Junts, como el traspaso de competencias en inmigración —vetado por Podemos— o la oficialidad del catalán en Europa, que ni siquiera con la última estrategia del Gobierno parece lograr el OK del Consejo de la UE.

Ello deja como únicos resultados tangibles la posibilidad de hablar en catalán en la tribuna del Congreso y la ley de amnistía, que justamente este martes contará con el aval final del Tribunal Constitucional y empezará a aplicarse en el Supremo en las próximas semanas.

Optimismo de cara al 'milagro'

Los socialistas, que buscan una mayoría más amplia —es decir, sin Junts—, confían en que todo ello pueda retomarse a partir del próximo 29 de noviembre. Aunque las encuestas aseguran que sería prácticamente un milagro que Sánchez pudiera volver a formar gobierno.

Tras una legislatura complicadísima, las recientes protestas por la vivienda tras el desahucio de la octogenaria Maricarmen impulsan al Gobierno a intentarlo ahora, planteando los comicios como un plebiscito por la crisis habitacional como última bala para doblegar a las derechas.

Según los sondeos, no obstante, PP y Vox podrían sumar más de 200 escaños. Implicando esto una nueva etapa también en Cataluña, con un Illa que enfrentaría la recta final de la legislatura con un antagonista en la Moncloa y un Junqueras-candidato sin incentivo alguno para sostener al Govern.