Miriam Nogueras, en el Congreso de los Diputados Europa Press
Los pequeños propietarios catalanes 'desahucian' los decretos de vivienda del Gobierno
Una abstención de los posconvergentes valía, pero la formación cedió a las presiones que el sector empresarial y sus alcaldes les han hecho llegar insistentemente desde el martes y votará en contra este viernes en el Congreso de los Diputados
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Cuando estallaron las protestas por el desahucio de la octogenaria Maricarmen, el Gobierno se dispuso a rescatar la propuesta de Junts para aprobar un decreto de vivienda que calmara los ánimos y, de paso, acercara de nuevo a los posconvergentes a su club de socios, algo que los socialistas persiguen desde hace meses.
Los posconvergentes celebraron este gesto, aunque solo fuera por necesidad. Y las acampadas contra la crisis habitacional en la madrileña Puerta del Sol, primero, y la plaza de Catalunya de Barcelona, después, precipitaron la redacción de una propuesta con el objetivo de que se aprobara ya en el siguiente Consejo de Ministros, como sucedió el pasado martes.
Sumar, socio minoritario de la coalición y acomplejado por haber incidido poco en el PSOE en esta legislatura, insistió en que debía hacerse a su manera. Y el Gobierno acabó partiendo el decreto en dos —uno sin opciones de salir adelante, pero recogiendo las demandas del partido rosa, y otro, el más importante, que incorporaba, a priori, las de Junts—.
Pese a contar con hasta treinta días para poder convalidarse en el Congreso de los Diputados, el Gobierno quiso que se votaran a los tres días, este viernes, para que no hubiera marcha atrás y cobrarse la victoria cuanto antes. El de Sumar no salía, por culpa de la derecha de PNV y Junts, pero el otro sí, con la mayoría de votos con la que fue investido en 2023.
Los tempos, además, estaban calculados como medida de presión. Por si a alguno, concretamente a los posconvergentes, dejaba de cuadrarles la propuesta con el paso de los días.
Una "tomadura de pelo"
Todo empezó a torcerse cuando Junts aseguró que, horas después de que se aprobaran ambos decretos, todavía no habían tenido oportunidad de leerlos.
Pero aún fue peor cuando lo hicieron. Pues teóricamente era el decreto hecho a medida para ellos y, a juicio de las fuentes internas consultadas, nada más lejos de la realidad.
La sensación generalizada en las filas de los de Carles Puigdemont fue que el PSOE, al que ya estaban empezando a perdonar tras dejar de hablarles hace alrededor de un año, les había vuelto a "tomar el pelo", incorporando solo algunas de sus peticiones y desatendiendo las que los posconvergentes consideraban más relevantes.
Reunión de urgencia
Según detallaron, la "chapuza" que aprobó el Gobierno el martes "ni garantiza un incentivo para movilizar viviendas, ni para a los fondos buitre ni defiende a los pequeños propietarios".
Pero aun en ese escenario, Junts no tenía claro lo que debía votar. Por lo que convocó una reunión telemática de urgencia para acabar de decidirse ayer jueves por la noche.
Horas antes de que arrancara la videollamada —sin Carles Puigdemont, como viene siendo habitual—, el Gobierno respiró tranquilo. Coalición Canaria confirmaba su apoyo y dejaba a Junts la posibilidad de abstenerse y que el decreto saliera adelante igual por mayoría simple.
Alejarse de nuevo del PSOE
Los posconvergentes valoraron las distintas opciones. Los costes que podía suponer volver a alejarse del PSOE, que la legislatura se le complicara a Pedro Sánchez todavía más y que, impredecible como es el presidente del Gobierno, Junts se plantara en unas elecciones generales sin argumentos para justificar de qué ha servido su apoyo a los socialistas.
Naturalmente, se tuvieron en cuenta las medidas urgentes contra la crisis habitacional que recoge el decreto, y que Junts apoya.
Pero pesó más el cálculo electoral de que su gente no iba a entender que, aunque fuera un apoyo pasivo, dejaran "desprotegidos" a los propietarios de uno, dos o tres inmuebles, como es el caso de buena parte de sus bases y, también, de la mayoría de miembros de su grupo parlamentario en Madrid.
Presiones de empresarios y alcaldes
Fuentes internas detallan que, en las menos de 48 horas que pasaron entre la aprobación del decreto y la cumbre nocturna para decidir si lo apoyaban o no, tanto el tejido empresarial catalán como los alcaldes del partido, que se la juegan en mayo ante una Aliança Catalana que llega a la cita con las urnas pisando fuerte, les han pedido reiteradamente que lo tumben.
"La gente ha quitado los pisos de alquiler", argumenta a posteriori uno de los presentes en la videollamada, "y a nosotros nos tocaba posicionarnos de forma clara".
El comunicado oficial del partido no se hizo esperar, llamando al Gobierno a presentar un nuevo decreto el próximo martes —o convocando un Consejo de Ministros extraordinario, si hiciese falta, mañana mismo— con el compromiso de que, si realmente recoge sus peticiones, lo aprobarán.
Mirando hacia casa
Míriam Nogueras, jefa de filas en el Congreso, y Jordi Turull, secretario general de la formación, propusieron pedir a los socialistas que retiraran la votación de este viernes, algo que el Gobierno ya dijo que no harán, por lo que dejarán de tener validez los dos decretos aprobados el martes.
Si quieren los votos de Junts, insiste la formación, las medidas urgentes deben proteger al pequeño propietario, a los que consideran los suyos.
Si no, pese a que la formación parecía dispuesta a explorar un nuevo acercamiento a los socialistas, hace tiempo que han dejado de tener manías a la hora de votar junto a PP y Vox, como harán este viernes, convencidos de que es lo que a sus votantes —los que se han quedado, y los que se han pasado a la moda de Sílvia Orriols— les conviene que hagan.
