El enésimo desencuentro entre Junts y el Gobierno, esta vez a cuenta de los decretos de vivienda aprobados el pasado martes en el Consejo de Ministros, podría comportar un adelanto electoral este mismo año 2026.
Fuentes del ejecutivo aseguran que es "muy probable" que, pese a que el presidente Pedro Sánchez aseguró que los comicios se celebrarían el año que viene, esta sea la consecuencia de que ambos decretos no sean convalidados este viernes en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno quiso con ellos dar respuesta a la ola de protestas por la crisis habitacional que se desencadenó tras el desahucio de la octogenaria Maricarmen en Madrid.
Para garantizarse su aprobación, dijo, incluiría las propuestas que Junts le había hecho llegar hace unos meses en uno de los dos decretos --mientras Sumar forzó otro, más pequeño, que nacía sin opciones de salir adelante--.
Todo quedaba pendiente de que el partido de Carles Puigdemont aceptara el texto aprobado en el Consejo de Ministros. Y así parecía que iba a suceder, entre el reciente acercamiento entre ambos a raíz de la nueva estrategia por la oficialidad del catalán en la UE y ante la inminente aplicación completa de la amnistía.
Junts cedió ante 'sus' pequeños propietarios
Pero no fue así. En una reunión telemática de urgencia, la formación independentista concluyó que el decreto era "una tomadura de pelo", que no recogía sus principales demandas, especialmente en relación a la protección del pequeño propietario, por lo que votarían en contra si el Gobierno no presentaba una propuesta alternativa.
Junts pidió la retirada del decreto, a lo que el ejecutivo se negó, y este mismo viernes por la mañana ha enviado una nueva propuesta a los socialistas.
Poniendo el foco en frenar los desahucios y limitar la compra a los fuentes buitre --algo que aseguran que el actual decreto no garantiza--, que el estado se haga cargo de los inquilinos vulnerables, ayudas a la compra de la primera vivienda y la desgravación del alquiler en la declaración de la renta.
Son medidas consensuadas con el tejido empresarial catalán, explica la formación, y con los alcaldes del partido, que llevan trasladando a la dirección de Junts desde el martes que sus votantes no entenderían de ninguna manera que facilitara este decreto, puesto que a todas luces les perjudica.
Pese a la ajustada aritmética parlamentaria, al Gobierno le valía la abstención de Junts, puesto que ya tenía más votos a favor que en contra tras el "sí" de Coalición Canaria y PNV.
Pero Junts se plantó y dirá que no este viernes en una votación que prevista a partir de las 15 horas tras la exposición de motivos de los grupos por la mañana.
¿Elecciones?
La derrota parlamentaria, que parece inevitable, podría ser la última de este Gobierno si, como parece, Sánchez aprovecha el contexto actual para convocar elecciones.
Desde el ejecutivo, aunque remarcan que la decisión corresponde única y exclusivamente a su presidente, apuntan que es un "buen momento" para hacerlo, pues están convencidos de que hay una mayoría social "muy clara" a favor de sus medidas en vivienda y podrían plantear la campaña en estos términos.
Las encuestas son muy malas para los socialistas tras tres años y pico de legislatura. PP y Vox, en esta línea, podrían sumar más de 210 escaños, aunque son datos poco concluyentes, pues sigue sin haber un proyecto definido a la izquierda del PSOE.
Esto también jugaría en favor de Sánchez, que pillaría a los restos de Sumar todavía reconstruyéndose y se proyectaría a sí mismo como la única "solución" para frenar, de nuevo, a la extrema derecha.
Las dudas, pese a que el sentir general en el Congreso es que habrá adelanto electoral, se disiparán a lo largo de la tarde.
Está previsto, de hecho, que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez hable tras el pleno.