El Sindicat de Llogateres lidera en Cataluña las protestas en materia de vivienda. La última de ellas, el pasado lunes, sirvió para presionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Barcelona, con una manifestación que cortó la avenida Diagonal frente al Palau de Congressos donde intervenía.
Esta organización nació en 2017, al calor de los debates que dan sentido a su existencia. Y, si bien no tienen vínculos oficiales, comparte argumentos y opiniones con los Comuns. De esta unión surge un tercer elemento: el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA).
Se trata del think tank (laboratorio de ideas) del sindicato. De manera oficial, son empresas distintas, y sus cuentas afirman que no es el brazo económico de ninguno de sus camaradas. No obstante, actúan en la misma línea.
Instituto de Investigación Urbana (IDRA)
IDRA, conocida antes como La Hidra Cooperativa, se dedica a investigar en materia de urbanismo para "instituciones sociales transformadoras, transición ecológica justa y democracia económica". Su financiación proviene, en gran parte, de las subvenciones que le otorga la Generalitat de Cataluña.
En su balance social no oculta sus vínculos con los Comuns. De hecho, incluye a su fundación en el listado de organizaciones, redes e iniciativas de transformación social en las que participa de manera efectiva.
Lazos con Comuns
Cinco de los 13 miembros de la asociación mantienen, o han mantenido, vínculos públicos con este partido: Jaime Palomera, Mauro Castro, Laia Forné, Carme Arcarazo y Claudia Delso.
Fachada del IDRA
Los vínculos personales entre las tres sociedades son innegables, con ejemplos como el de Jaime Palomera, cargo destacado en IDRA, exportavoz del Sindicat de Llogateres y miembro de la Fundación de los Comuns; o Carme Arcarazo, investigadora en el think tank y, al mismo tiempo, actual portavoz del sindicato que defiende a los inquilinos, y cercana al bloque izquierdista.
Casi 600.000 euros públicos en 2022
Las cuentas del propio instituto IDRA demuestran que su andadura empezó sin subvenciones entre 2019 y 2020, con una bajada de 222.190 euros a casi 137.000 de un año a otro en ventas de negocios. En su tercer año, registró una nueva caída de unos 30.000 euros. Fue entonces cuando apareció su primera ayuda pública, por valor de 28.000 euros.
El punto de inflexión llegó en 2022, con una entrada masiva de fondos. Ese año, Hidra recibió una subvención de casi 400.000 euros del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, más otros 174.000 de la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia) y más de 18.000 del Ayuntamiento de Barcelona, según consta en el la web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas del Ministerio de Hacienda.
Cambio de denominación
En 2023, la entidad oficializó su cambio de nombre comercial a IDRA, registró 464.497 euros por ventas de servicios y 264.634 en subvenciones concedidas. La dependencia de las ayudas quedó fijada en el 36,3% del presupuesto.
Palau de la Generalitat
No obstante, el dinero público superó el 50% de la financiación de la institución en 2024. Fue el segundo gran punto de inflexión. Los ingresos totales superaron el millón de euros. Por primera vez, las subvenciones públicas (592.728 euros) superaron a las ventas de bienes y servicios (458.709).
Más de un millón de euros en subvenciones en el último lustro
Si bien el apartado de transparencia de la web de IDRA no ha actualizado sus balances desde 2023, sus subvenciones pueden extraerse de webs institucionales.
Los registros oficiales reflejan adjudicaciones continuadas en el periodo reciente, como las dos subvenciones concedidas en julio de 2025 por el Ayuntamiento de Barcelona por importes de 5.000 y 1.500 euros.
Su principal fuente de subvenciones, no obstante, volvió a ser la Generalitat, cuya conselleria de Empresa le concedió 360.000 euros en 2024. Y, más recientemente, el 28 de mayo de 2026, otros 280.000 euros de su convocatoria de ayudas bianual para "Comunalitats Urbanes".
Con esta última asignación, el volumen acumulado de fondos públicos otorgados a la cooperativa por parte de diferentes administraciones desde 2022 alcanza los 1.104.965,27 euros.
Supervivencia institucional
El alcance político de la red trasciende las siglas y los sucesivos cambios de gobierno en Cataluña. Según el Registre de Grups d'Interès, el Sindicat de Llogateres acumula, desde 2019, un total de 56 reuniones y 87 asistencias con altos cargos públicos. Además, se ha sentado en el despacho presidencial con representantes de tres partidos distintos al frente de la Generalitat: Quim Torra (Junts), Pere Aragonès (ERC) y Salvador Illa (PSC).
El gran salto en la financiación de la cooperativa tampoco dependió de un único color político, sino de la propia estructura de la administración autonómica.
El grueso de los fondos —el 87,4% del dinero público percibido— proviene del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, que articuló más de 750.000 euros a través del programa Comunalitats Urbanes para situar a la cooperativa como Oficina Técnica, garantizando su continuidad en mayo de 2026 con otros 280.000 euros.
A esta principal vía de ingresos se suma la contratación menor adjudicada por el Departament d'Habitatge del Govern para la elaboración del diagnóstico oficial del mercado residencial.