El Departamento de Educación busca poner fin al boicot de salidas escolares y colonias, secundado por más de 1.300 centros públicos en Cataluña. La consellera Esther Niubó ha anunciado que la Generalitat estudia un paquete de medidas para reforzar la protección jurídica del profesorado frente a posibles incidentes con alumnos durante actividades fuera del aula.
Niubó ha calificado la medida, promovida por el colectivo docente como protesta laboral, de incomprensible. Recuerda que esta acción perjudica directamente al alumnado más vulnerable y a la escuela pública. A su juicio, el freno a las salidas choca con el marco de diálogo actual y los acuerdos alcanzados la pasada primavera.
Incentivos y compensaciones
Educación ha subrayado que los acuerdos con los sindicatos mayoritarios ya establecieron una compensación de 50 euros por noche para docentes que participen voluntariamente en colonias con pernoctación. A este incentivo se sumarán facilidades para una compensación horaria dentro del cómputo anual de la jornada lectiva.
Las horas adicionales dedicadas a la supervisión de menores podrán recuperarse a lo largo del curso escolar. Esta flexibilización se gestionará siempre en coordinación interna con los equipos directivos de cada centro.
Blindaje legal
La prioridad del departamento es ahora dotar de mayor amparo legal a los profesores. Esto es crucial cuando asumen la responsabilidad de llevar a los alumnos fuera del colegio. La consellera ha detallado en una entrevista en Efe que exploran una vía normativa, sin descartar otras opciones para implementarla "de forma más rápida, en el corto plazo".
"El Govern está haciendo esfuerzos importantes para que estas colonias no generen tantos problemas a los docentes", ha señalado la consellera.
El modelo de Aragón
Para articular esta cobertura legal, Educación sigue de cerca iniciativas de regiones vecinas. Aragón aprobó el pasado agosto instrucciones específicas que concretan la actuación de centros y profesorado en la organización de viajes, intercambios y movilidades educativas.
La normativa aragonesa determina cómo actuar ante incidentes con alumnos durante colonias. Fija protocolos de emergencia y concreta los límites y garantías de la protección jurídica del profesorado al salir del colegio con menores.