Bronca de varios estados de la Unión Europea al Gobierno por su nueva estrategia para imponer la oficialidad del catalán, el esukera y gallego.
La cuestión se ha debatido este martes en el Consejo de Asuntos Generales celebrado en Bruselas tras más de un año en el cajón con la amenaza del ejecutivo de Pedro Sánchez de vetar la entrada de nuevos países, algo que está sobre la mesa, si los estados miembros no aceptan esta petición.
Conscientes de que hoy simplemente se abordaría la cuestión, pero no se votaría nada, el Gobierno insiste en su posición. Pero varios ministros de exteriores han trasladado que ven "inaceptable" este chantaje, advirtiendo de que puede sentar un precedente peligroso en las dinámicas de la UE.
Debate muy breve
Según han detallado los presentes, el debate se ha despachado en cinco minutos tras la exposición del secretario de Estado para la UE Fernando Sampedro, enfriándose la posibilidad de que, como pretendía el ejecutivo español, se aprobara esta oficialidad antes del final de esta legislatura.
Pedro Sánchez y José Manuel Albares
Los ministros de Suecia, Alemania y Lituania han intervenido en el Consejo para señalar su descontento, mientras otros lo han hecho en privado "muy preocupados" porque un estado miembro utilice el proceso de ampliación --Montenegro y Albania son los candidatos que más cerca están de ingresar en las instituciones comunitarias-- para intentar mejorar sus condiciones, en este caso de estricto interés político del actual Gobierno.
Mirando a los presupuestos
Y es que el ejecutivo socialista busca con esta nueva ofensiva europea conseguir el apoyo de Junts de cara a los Presupuestos Generales del Estado, cumpliendo uno de sus principales acuerdos tras las elecciones de 2023, que además coincide temporalmente con la aplicación de la amnistía.
Con unas encuestas muy en contra de la mayoría que hizo posible a Sánchez alargar cuatro años más su paso por la Moncloa, el presidente confía en que se resuelva esta cuestión y que, así pues, se puedan negociar las cuentas, lo que le situaría en mejor posición de cara a los comicios de 2027.
Igualmente optimistas
España, en esta línea, sigue siendo muy optimista. Señalan, de hecho, que este martes no ha habido críticas al hecho en sí sino a la estrategia del Gobierno para lograrlo, mientras insisten en que "no puede haber dudas" sobre la idoneidad de esta medida.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares
La propuesta del Gobierno viene acompañada de un plan de modificación del reglamento con siete requisitos estrictos relativos al estatus legal de las lenguas --impidiendo que otras minorías puedan adherirse, como algunos estados temían-- y el compromiso de que el coste de la introducción de las tres nuevas lenguas correrá a cargo de España --zanjando cualquier debate en esta dirección--.
Tras el debate de hoy en Bruselas, la cosa se enfría. Pero es una prioridad para el Gobierno, y aseguran que será una realidad "en muy poco tiempo". ¿Cómo lo lograrán? Muchas dudas al respecto en las instituciones comunitarias, pues para ello es imperativo que haya unanimidad.