En el Monestir de les Avellanes de Os de Balaguer, cuyos orígenes se remontan al siglo XII, Salvador Illa y sus consellers celebran este viernes y sábado su quinto cónclave fuera del Palau de la Generalitat, a dos horas de Barcelona. Un encuentro clásico desde el primero celebrado en la Vall de Núria hace dos años con el que el Govern socialista entra de lleno en la segunda mitad de la legislatura.
Tras la habitual foto de familia, con el fichaje de Raúl Moreno en Derechos Sociales como primer cambio en el Ejecutivo, y la reincorporación de Olga Pané en Salud tras su lesión, han tomado la palabra los presidentes de las cuatro diputaciones provinciales. Lo han hecho para celebrar el principal anuncio de la jornada: un acuerdo a cinco bandas, y con tres partidos, que reforzará la lucha contra los incendios en Cataluña.
La financiación de la escuela inclusiva
El encierro en este monasterio leridano se produce en un momento no precisamente plácido para los socialistas, y prueba de ello ha sido una tímida protesta de algunos manifestantes en los accesos al recinto. Las dificultades para cerrar su melón más sensible, la pacificación de las escuelas, preocupan especialmente, y la huelga educativa del primer día de clase, el 8 de septiembre, se antoja inevitable, pese a los anuncios que hará Esther Niubó este lunes.
La consellera informará ese mismo día de una inyección de aulas de acogida, no para intentar evitar las protestas --que muy probablemente se extenderán más allá de la vuelta al cole-- sino para mejorar un sistema que dejó de ser una prioridad para los gobiernos anteriores. El actual promete dejarlo en la mejor de las posiciones, pero ello precisará tiempo, advierte.
El 'president' Salvador Illa, junto a Núria Parlon y varios de sus 'consellers' en el Monestir de les Avellanes, en Os de Balaguer (Lleida
Fuentes del Govern defienden haber hecho un "planteamiento de fondo" en las aproximadamente 200 reuniones que la titular de Educación ha mantenido con equipos y direcciones de centros desde que arrancó el verano.
El objetivo, mejorar las condiciones laborales y educativas de docentes y alumnos con necesidades especiales, cada vez más abundantes, lo que dificulta la financiación de la llamada escuela inclusiva, después de haber acordado ya 2.700 millones de euros y una destacada subida de sueldo de más de 450 euros al mes. También lo firmó Ustec, pese a que el sindicato de Iolanda Segura se desdijera tras fracasar en su propia consulta.
4.700 millones más para las arcas públicas
Este otoño, otra de las patatas calientes salpica a la titular de Economía y Finanzas. El nuevo modelo de financiación autonómica, que incrementará el reparto de fondos económicos a todas las comunidades autónomas bajo un modelo pactado por la consellera Alícia Romero con la Moncloa y Esquerra Republicana, debe votarse cuando se reanude la actividad en el Congreso.
Serán 4.700 millones de euros más al año los que recibirán las arcas catalanas en caso de arrancarle el voto a favor al Partido Popular --los territorios en los que gobierna la formación de Alberto Núñez Feijóo salen claramente beneficiados del nuevo sistema, Andalucía la primera-- o a Junts per Catalunya. El Govern promete "ir a todas", por lo que se esperan intensos contactos para que la moneda caiga del lado bueno y una campaña a favor del modelo.
Decisiones "determinantes" para la década
El propio Illa se ha referido a la cuestión en su intervención ante la atenta mirada de los consellers y de los cuatro presidentes de las diputaciones provinciales en el claustro del monasterio: "Tenemos señales evidentes de que el ruido será intenso y continuo, de que algunos querrán azuzar la confrontación y no tendrán ningún escrúpulo en atacar a Cataluña, pero ya estamos acostumbrados".
"Gritarán, gesticularán e incluso dirán falsedades, pero los catalanes deben saber que el Govern irá a por faena", poniendo "el interés y el bien común por encima de todo", ha prometido, al tiempo que ha llamado a tomar perspectiva del momento. A su juicio, las decisiones que se tomen durante el curso político que echa a andar --el tercero con el PSC al frente de la Generalitat-- "determinarán la próxima década" y "tendrán consecuencias en los próximos 10 años".
En materia económica, los socialistas también tienen el reto de alcanzar el máximo nivel de ejecución posible del presupuesto aprobado en julio, pese a contar con tan solo medio año para ello. Esta aspiración sí depende de ellos.
Bloques de viviendas en el barrio de Sants, en Barcelona
La 'patata caliente' de la compra especulativa
No obstante, tampoco quieren que las urgencias de un contexto siempre alambicado les distraigan del que definen como el principal problema que tiene Cataluña, compartido con el resto del país: la vivienda. Una cuestión que ocupa las conversaciones de Illa con la consellera Sílvia Paneque, con el futuro de la ley que busca frenar la compra de vivienda para especular aún pendiente de resolución.
La Generalitat está decidida a paliar el drama que acecha a las clases bajas y medias en Cataluña, y para ello no tiene complejos y lo está probando todo. También una norma que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha calificado de inconstitucional y contraria al Estatut d'Autonomia por vulnerar el derecho de propiedad y de herencia, así como la libertad de empresa y generar una inseguridad jurídica inasumible a criterio del órgano consultivo.
Hoy, los socialistas analizan el duro dictamen de los juristas para tratar de encontrar el encaje jurídico que evite que la ley embarranque en los tribunales a propuesta de Junts o el PP nada más ver la luz. Los juristas señalaron el camino de la comisión parlamentaria, tras reprochar que se haya optado por la tramitación por lectura única, sin contar con las aportaciones de la sociedad civil y del resto de partidos en comisión.
V Encuentro del Govern, en el Monestir de les Avellanes, en Os de Balaguer (Lleida)
Buscan el mayor encaje jurídico
Los Comuns, los socios con los que se ha pactado que los propietarios de cinco o más activos los destinen a vivienda habitual o al mercado del alquiler con precios topados, tienen mucho peso en este debate; el PSC no quiere avanzar sin antes reunirse con el partido de Jéssica Albiach en septiembre. También niegan que las prisas por aprobar la pretendida ley antes de las vacaciones fueran un error, como bien demuestra uno de los mantras del president cuando se refiere a este tema: "Prefiero equivocarme que quedarme de brazos cruzados".
El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica también está ultimando una proposición de ley de intensificación residencial que llegará al Parlament en las próximas semanas para aumentar la densidad de los edificios. El Govern, e Illa el primero, creen que la solución pasa por reconvertir despachos y locales en desuso en pisos de protección oficial, acometer subdivisiones en futuras promociones y hacer remontes para que los bloques ganen en altura.
Ello, al margen de mantener el ritmo de construcción de 50.000 pisos protegidos antes de 2030 y no renovar las licencias de los pisos turísticos de Barcelona en 2028.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presidiendo la reunión con sus 'consellers' en el Monestir de les Avellanes, en Os de Balaguer (Lleida)
Primeros resultados con las listas de la dependencia
Si bien las infraestructuras son otra de las obsesiones de los socialistas --precisamente acaban de dar los primeros pasos en firme por el futuro Eje transversal ferroviario para conectar Lleida con Girona--, agilizar las listas de la dependencia es otra de las ambiciosas tareas del único departamento que ha renovado su rostro.
Sobre el conseller Moreno, hasta hace bien poco secretario general de la extitular Mònica Martínez Bravo, quien ha dejado el cargo por motivos profesionales y personales, recae el Pla Cura. Este pretende reducir de los 400 días de media que los catalanes deben esperar para recibir la resolución del grado de la dependencia a tan solo dos meses.
Más expedientes resueltos que los que entran
Ya se ha conseguido en Vic, con una prueba piloto que integra los sistemas de los Centros de Atención Primaria (CAP) y los servicios municipales y que se extenderá en toda Cataluña a lo largo de 2027. Dio cuenta de otros avances sobre la materia la portavoz Paneque en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu del pasado martes: "Hemos visto cómo, por primera vez desde 2022, hemos resuelto más expedientes de los que entraban".
Los técnicos del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión han resuelto 8.000 expedientes más que los que entraron en el sistema el pasado mes de julio. Son 200 las contrataciones y 25 millones los euros invertidos este año para tal fin.