La Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Cataluña (APCE) ha exigido este martes la retirada de la proposición de ley que pretende restringir determinadas compras de vivienda en las zonas de mercado residencial tensionado.
La petición llega después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) concluyera, por unanimidad, que la iniciativa invade competencias estatales y vulnera el derecho de propiedad, la libertad de empresa y el principio de seguridad jurídica.
Dictamen unánime
El dictamen fue solicitado por diputados del PP y de Junts durante la tramitación parlamentaria de la proposición de ley impulsada por los Comuns.
El órgano consultivo considera que la regulación excede las competencias de la Generalitat al incidir sobre materias reservadas al Estado y cuestiona el encaje constitucional de buena parte de las limitaciones previstas para la adquisición de viviendas y edificios residenciales.
El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández
Derecho de propiedad
El Consell aprecia también que la iniciativa afecta al contenido del derecho de propiedad y a la libertad de empresa, además de plantear dudas desde el punto de vista de la seguridad jurídica.
El dictamen incorpora igualmente observaciones sobre la tramitación parlamentaria y cuestiona el recurso al procedimiento de lectura única para una norma de esta complejidad.
Retirada inmediata
Tras conocerse el contenido del informe, la APCE reclama retirar la proposición de ley antes de que continúe su recorrido parlamentario.
"El dictamen es demoledor y deja claro que esta proposición de ley no se sostiene ni por las formas ni por el contenido. Exigimos su retirada inmediata", ha afirmado el presidente de la patronal, Xavier Vilajoana.
Más inseguridad
La organización empresarial sostiene que legislar con urgencia sobre un problema tan complejo solo incrementa la inseguridad jurídica del mercado inmobiliario.
Además, advierte de que este tipo de medidas retraen la oferta de vivienda y dificultan el objetivo de facilitar el acceso al mercado residencial. Por ello, reclama que las políticas de vivienda se basen en el consenso, el rigor técnico y la estabilidad normativa.