Imagen de varios carteles de viviendas en alquiler / EFE
El Consell de Garanties Estatutàries desmonta la ley del Govern contra la compra especulativa de vivienda
El PP avisa de que impugnará la norma ante el Constitucional si el Parlament la aprueba pese al reproche unánime del órgano consultivo
El dictamen señala la invasión de competencias del Estado y la vulneración de derechos de propiedad, herencia y libertad de empresa
Más información: PP y Junts paralizan la limitación de la compra especulativa de vivienda promovida por el Govern
Guerra jurídica a la vista a vueltas con la especulación inmobiliaria. El Partit Popular de Catalunya (PPC) ha avisado este martes de que impugnará ante el Tribunal Constitucional la ley promovida por el Govern y los Comuns para limitar la compra de vivienda para especular, después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) haya avalado sus alegaciones.
La portavoz del grupo, Lorena Roldán, ha avanzado el sentido del dictamen del órgano consultivo, al que los populares de Alejandro Fernández y Junts per Catalunya recurrieron para paralizar su votación en el Parlament. "El Consell ha confirmado que ataca a la propiedad privada", ha celebrado Roldán, que ha descrito la ley como "confiscatoria" y que "asusta a la inversión".
Por su parte, la formación neoconvergente ha descrito la elaboración de la ley como "deprisa, mal y por la puerta de atrás". La diputada Judith Toronjo se ha referido a la iniciativa como una "injerencia directa sobre lo que los catalanes podemos hacer con nuestra propia vivienda", asegurando que "no es política de vivienda, sino un ataque a los derechos de la ciudadanía disfrazado de progresismo".
La iniciativa no se votará hasta la reanudación de la actividad parlamentaria en otoño; para entonces, el PSC y Comuns deberán haber introducido las enmiendas que consideren oportunas para apuntalar jurídicamente el texto. Fuentes socialistas insisten en que tirarán adelante la ley frente a un PP que promete una batalla jurídica contra la misma porque "vulnera el Estatut y la Constitución".
Por unanimidad
La proposición de ley busca limitar la compra de inmuebles en zonas de mercado residencial tensionado para revenderlos a corto plazo o destinarlos a alquileres turísticos o de temporada, y deja en manos de los ayuntamientos su aplicación.
Sin embargo, el CGE ha concluido por unanimidad que la norma vulnera los artículos de la Constitución relativos a los derechos a la propiedad y a la herencia, así como a los que se refieren a la libertad de empresa.
Fachada del Parlament de Cataluña
Invade competencias exclusivas del Estado
La propuesta facultaba al planeamiento y a las ordenanzas municipales para exigir que la compra de viviendas individuales en zonas tensionadas se destinase obligatoriamente a la residencia habitual del adquirente, y que los edificios completos se destinasen a arrendamiento regulado.
Pero esta regulación no es propiamente urbanística ni de fomento de la vivienda, sino que incide de lleno en el derecho civil contractual. Al prohibir y sancionar con multas de hasta 1,5 millones de euros aquellas transacciones privadas que no se sometan a estos fines, la norma altera la economía interna de los contratos, restringe la facultad de disposición y limita la autonomía de la voluntad.
Derecho de propiedad y de herencia
En paralelo a esa invasión de competencias exclusivas del Estado, el texto también vulnera el derecho de propiedad y de herencia al limitar drásticamente el número de viviendas individuales que una persona física puede adquirir y al prohibir a las personas jurídicas cualquier uso que no sea el alquiler residencial regulado.
El dictamen argumenta que, si bien el acceso a la vivienda es un fin constitucional legítimo amparado por la función social de la propiedad, las restricciones que impone la propuesta son extremadamente severas e indiscriminadas. Así, la norma no supera el test de razonabilidad (los juristas hablan del "justo equilibrio") e impone una carga excesiva a los propietarios.
Los juristas del órgano consultivo también creen que la proposición de ley carece de la suficiente claridad, certeza y previsibilidad, lo que genera incertidumbre para los ciudadanos y operadores jurídicos. Asimismo, encuentran un abuso en la tramitación por lectura única al tratarse de una reforma de gran calado, extensión y enorme complejidad técnica que precisa de un profundo debate parlamentario.
