El líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández
PP y Junts impugnan la limitación de la compra especulativa de vivienda y fuerzan su aplazamiento en el Parlament
Los populares llevan la proposición de ley al Consell de Garanties Estatutàries por "atentar contra el derecho a la propiedad" y extralimitarse en materia urbanística y civil
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La votación de la proposición de ley que limitará la compra de vivienda para especular en Cataluña deberá esperar a la vuelta del verano. El Partit Popular de Catalunya (PPC) y Junts per Catalunya han recurrido el texto ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) este miércoles, lo que fuerza su aplazamiento para que el órgano consultivo vinculado al Parlament emita el correspondiente dictamen.
Según el grupo parlamentario que preside Alejandro Fernández, el texto "atenta contra el derecho a la propiedad" amparado por la Constitución al cargar sobre la propiedad la "función social" de la vivienda.
Vulneración de derechos
Según fuentes populares, también supone una extralimitación por parte de la Generalitat, al modificar la legislación urbanística para regular "aspectos esenciales" de los contratos, lo que corresponde al derecho civil, que es competencia exclusiva estatal, reza la petición de dictamen.
Esta, asimismo, señala una supuesta vulneración al derecho a la libertad de empresa y el de la igualdad en las relaciones contractuales, y afea que la ley generará inseguridad jurídica.
Los motivos de Junts
Por su parte, Junts argumenta que la norma propuesta por los Comuns vulnera el derecho a la propiedad establecido en la Constitución, así como los principios del Estatut y de la Carta Magna sobre la libertad de empresa, circulación y establecimiento de personas y bienes, y el principio de seguridad jurídica.
También sostienen que la Generalitat no puede, a través de la legislación urbanística, regular el derecho civil, y ven improcedente que se haya tramitado la norma por el procedimiento de lectura única en el Parlament.
Hasta otoño
De esta manera, el PP y Junts per Catalunya cumplen con su amenaza --también lanzada por Vox-- de impugnar la propuesta.
Al presentarse este recurso ante el CGE, se pospone el debate final de la proposición de ley, que no podrá votarse hasta la decisión del órgano estatutario, que tiene un mes para emitir el dictamen, por lo que la cuestión no se retomará hasta el siguiente periodo de sesiones, a finales de septiembre o en octubre.
![Alejandro Fernández](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/532053.jpg?p=w:320\/h:240&h=8MJ-p7Vw"])
Propuesta de los Comuns y el Govern
Durante las negociaciones por los presupuestos de la Generalitat de 2027, aprobados a inicios del mes de julio, el president Salvador Illa pactó con el grupo parlamentario de Jéssica Albiach legislar contra las operaciones inmobiliarias de alta rentabilidad que encarecen el mercado residencial.
Así, la proposición presentada por los Comuns con el beneplácito del Govern busca limitar la compra de inmuebles en zonas de mercado residencial tensionado para revenderlos a corto plazo o destinarlos a alquileres turísticos o de temporada. Sí permitirá la residencia habitual o su puesta en alquiler a precios topados.
La ley no será de obligado cumplimiento, sino que deja su aplicación en manos de los ayuntamientos.
