El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como estaba previsto tras el informe favorable del abogado general de la UE Dean Spielmann del pasado mes de noviembre, ha avalado este jueves la ley de amnistía aprobada en 2024 en el Congreso de los Diputados.
La justicia europea estaba llamada a pronunciarse respecto a si amnistiar los delitos de terrorismo y malversación, como pretende la norma cuya aplicación sigue bloqueada por el Tribunal Supremo, choca con el derecho comunitario y, en caso del segundo, con los intereses económicos de la UE.
Como las partes esperaban, el tribunal de Luxemburgo ha mantenido la tesis de Spielmann y, a instancias de sendas cuestiones prejudiciales del Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, marca el camino al Tribunal Supremo, que es quien sigue teniendo la última palabra sobre la ley.
Por lo pronto, la sentencia, pese a que no es ejecutiva sino interpretativa, abre la puerta a que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de amparo en favor del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, así como del resto de líderes independentistas pendientes del olvido penal.
Regreso en octubre
Esto sucederá en octubre, y si falla en favor de los solicitantes --como se prevé, pues el Alto tribunal ya avaló la constitucionalidad de la norma el año pasado--, instará al Supremo a archivar la causa y suspender definitivamente la orden de detención de Puigdemont, que es lo que le impide volver.
Junts, en esta línea, celebra el sentido de la sentencia del TJUE y reconoce que allana el camino para tener a su líder de vuelta tras casi diez años fugado de la justicia española, aunque también piden prudencia, pues el Supremo continua teniendo mecanismos para seguir dilatando la aplicación.
También están pendientes de las consecuencias de este fallo los también fugados exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, y otros líderes ya parcialmente indultados como el secretario general de Junts Jordi Turull o el líder de ERC Oriol Junqueras, a quienes la inhabilitación aún les impide ejercer cargos públicos, así como los doce miembros de los llamados CDR encausados por terrorismo, que también tienen el aval del TJUE a partir de este jueves.