Este jueves puede ser un día clave para desencallar el regreso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado hace ya casi diez años.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está llamado a dar respuesta a las cuestiones prejudiciales del Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en relación a si la ley de amnistía, aprobada hace más de dos años en el Congreso de los Diputados, colisiona con el derecho comunitario.
Como ya hizo el pasado mes de noviembre el abogado general de la UE, que suele anticipar el sentido de las resoluciones del TJUE, en Junts confían plenamente en que se concluya que no, devolviendo la responsabilidad al Tribunal Supremo y, a juicio de la defensa del expresident, dejando al juez responsable Pablo Llarena "sin argumentos para seguir boicoteando" la aplicación de la amnistía.
En cualquier caso, el pronunciamiento de la justicia europea no es ejecutivo sino interpretativo, por lo que la respuesta de este jueves no comportará ninguna obligación directa: ni habrá consecuencias inmediatas ni Puigdemont podría volver libremente mañana sin ser detenido.
Del Constitucional al Supremo
Por lo pronto, el hipotético OK del TJUE abriría la puerta a que el Tribunal Constitucional, que quiere estudiar con calma la respuesta del tribunal con sede en Luxemburgo, resuelva los recursos de amparo de Puigdemont, que acusa al Supremo de prevaricación.
Está previsto que esto suceda en octubre y que, tras haber avalado la constitucionalidad de la amnistía, su respuesta consista en instar al Tribunal Supremo a archivar la causa y levantar las medidas cautelares, que son las dos condiciones que permitirían el regreso del expresident sin riesgos.
El Supremo podría entonces abrir rondas de alegaciones e informes o elevar nuevas cuestiones prejudiciales al TJUE para seguir dilatando la causa, pero la sensación generalizada es que, llegados a ese punto, ya no habría motivos para más maniobras de ese tipo.
Es la tesis que defiende Junts para, en el mejor de los casos para ellos, tener a su líder in situ en octubre, aunque no faltan las voces internas que alertan de los peligros de cantar victoria antes de hora, como cabe esperar de la comparecencia de este jueves del abogado del expresident, Gonzalo Boye, y del secretario general del partido, Jordi Turull, en la que buscarán proyectar la imparcialidad de la justicia europea frente a la española.
Un "revulsivo" para Junts
Tampoco parece haber demasiados intereses políticos en que la cuestión se prolongue, pues el PP prefiere llegar a la Moncloa con Puigdemont en España —negociar con Junts para una moción de censura, como han intentado en varias ocasiones, ha sido imposible con el expresident en Waterloo—, y el Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, cree poder salvar los presupuestos con una reunión con el expresident en Barcelona.
En la formación posconvergente, asimismo, confían en que su vuelta será un "revulsivo" para darle la vuelta a las encuestas, que hoy sitúan a la ultraderecha de Aliança Catalana en condiciones de superarles en las próximas elecciones catalanas, así como para rearmarse de cara a los comicios municipales de mayo.
La hipotética irrupción del dirigente de Junts en el Parlament, donde le espera vacío el escaño de líder de la oposición, también pretende hacer saltar el tablero; y, paralelamente, deberá tomar decisiones clave, como su posición frente a la nueva financiación de Cataluña, que no podrá salir adelante sin los votos posconvergentes.
En cualquier caso, como explicó Crónica Global el pasado mes de febrero, el expresident lleva tiempo meditando cómo dotar a su vuelta de la mayor trascendencia política posible. Y lo único que parece seguro es que ha preparado una gira con distintos actos por toda Cataluña, con el objetivo de "reconectar" con su ciudadanía y prepararse para ser, de nuevo, candidato a la Generalitat. Algo a lo que, pese a la paulatina pérdida de apoyos, nadie se opondrá internamente.
Otros afectados
Pero antes, y es en lo que está centrado tanto él como su círculo más cercano, debe resolverse la amnistía. Y el TJUE será un importante primer paso, pero todavía no definitivo, del que también está pendiente ERC, uno de sus rivales electorales, cuyo líder, Oriol Junqueras, sigue inhabilitado.
El propio Turull también está en esta situación, igual que otros tantos exdirigentes del procés. Y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín —que está pendiente de poder recoger su acta de eurodiputado en Madrid, tras el cambio de criterio del Parlamento Europeo— continúan en el extranjero, igual que Puigdemont.
Por otra parte, hasta 12 miembros de los llamados Comitès de Defensa de la República (CDR) encausados por terrorismo están pendientes de que el TJUE, también este jueves, dictamine si sus respectivos casos vulneran la legislación europea. El dictamen del abogado general de la UE de noviembre de 2025 les fue favorable.