Alejandro Fernández (PP) y Mónica Sales (Junts), con viviendas de fondo
El acercamiento Junts-PP llega al Parlament de la mano del sector inmobiliario
Ambos partidos llevan la prohibición de compra especulativa de vivienda al Consell de Garanties Estatutàries, lo que impide su aprobación en el pleno de este miércoles
Sus argumentos coinciden con los del sector, en guerra contra PSC y Comuns por "generar inseguridad jurídica sin atajar el problema de la vivienda"
Contenido relacionado: Feijóo se siente presidente en un Cercle d'Economia que aún desconfía de él
El acercamiento entre Junts y PP en el Congreso de los Diputados, donde la ruptura entre los de Carles Puigdemont y el Gobierno les ha permitido negociar leyes y mociones y tumbar propuestas del Ejecutivo de Pedro Sánchez de la mano de Vox, se ha hecho evidente también esta semana en el Parlament, donde ambos se han aliado para dilatar la prohibición de la compra especulativa de vivienda.
Salvador Vergés y Lorena Roldán, portavoces de los posconvergentes y los populares respectivamente, anunciaron ayer que sus formaciones llevarán la ley impulsada por los Comuns al Consell de Garanties Estatutàries del Parlament, que dispone de hasta un mes para pronunciarse sobre su constitucionalidad.
El dictamen del Consell no es vinculante, pero sí tiene la capacidad de paralizar, de facto, el recorrido de una de las reformas más relevantes para la mayoría progresista de la Cámara, con la que Govern busca combatir la crisis habitacional "por todos los medios". La propuesta, que debía salir adelante en el último pleno del período de sesiones tras tramitarse por lectura única, deberá esperar, con toda probabilidad, a octubre.
El sector inmobiliario, detrás
Esta pretendida reforma, que forma parte del acuerdo por los presupuestos entre las fuerzas progresistas, no cuenta con el aval del sector inmobiliario, que la considera ineficaz para atajar el problema de fondo del acceso a la vivienda y un ataque a un derecho fundamental como la propiedad privada, según señalaron Junts, PP y también Vox, que no lleva la ley al CGE porque dice no reconocer la legitimidad del ente.
El sector, en esta línea, lamenta que la ley impida a los particulares comprar una tercera residencia en municipios tensionados, así como la obligación de destinar las viviendas heredadas al alquiler si no se venden o se usan como residencia habitual.
Los grandes tenedores, aquellos que posean más de cinco inmuebles, no podrían comprar viviendas para "especular" en esas zonas, sino adquirir edificios enteros para destinarlos íntegramente a alquiler residencial a precio topado. Como personas físicas, solo podrían comprar para vivir, extremo que deberían acreditar mediante declaración responsable ante notario y empadronamiento en 12 meses.
Junts, por su parte, más allá de alegar esa vulneración del derecho de propiedad, ha lamentado que la ley de los Comuns invade las competencias municipales al trasladar a los ayuntamientos la responsabilidad de aplicarla.
Salvador Vergés, diputado de Junts en el Parlament
David Cid, portavoz de los Comuns, ha ido más allá al acusar directamente a Junts de actuar por encargo del sector inmobiliario: "La patronal manda y Junts ejecuta", sostiene. Y añade que "a Junts no le preocupa si la gente quiere o no pagar el alquiler, o si se puede comprar o no un piso. Le preocupa que la gente pueda seguir acumulando más pisos para hacer negocio".
El sector, en 'guerra' contra PSC y Comuns
Para el sector inmobiliario, este último movimiento es la culminación de un "populismo antieconómico" que se ha instalado en el Parlament, impulsado por los Comuns y la CUP y asumido como propio por parte de PSC y ERC.
Desde hace un lustro, los enfrentamientos entre Govern y el sector inmobiliario han sido constantes. Algunos de los rifirrafes han llegado por declarar a Cataluña zona de vivienda tensionada, rebajar el umbral de gran tenedor a cinco inmuebles o poner un tope de precio a los nuevos contratos, medidas que el sector tilda de "ineficaces y populistas", sin que hayan tenido un efecto real en aumentar la oferta o reducir el precio de los pisos.
La patronal lo ve "inconstitucional"
En esta ocasión, la patronal Som Habitatge ha sido la primera en mover ficha, al presentar un informe jurídico que sostiene que la norma es inconstitucional. Según el informe, que firman el catedrático de derecho civil de la URV Sergio Nasarre Aznar y el profesor de la misma universidad Héctor Simón Moreno, la ley vulnera el derecho a la propiedad y la libertad de empresa.
Además, los autores apelan al marco comunitario, que exige un justo equilibrio entre la propiedad privada y la intervención en interés público. Y alertan de que la prohibición generaría grandes diferencias territoriales entre municipios colindantes y una discriminación indirecta hacia ciudadanos no españoles.
La presidenta de 'Som Habitatge. Unió de propietaris de Catalunya', Núria Garrido
Habría un último problema: el competencial. El legislador catalán carecería de competencias para tramitar estas iniciativas, ya que una norma que prohíbe y condiciona el uso de la vivienda a través de leyes de urbanismo desborda el ámbito y la capacidad autonómica.
A preguntas de este medio, el reputado notario y profesor Javier Serrano Copete sitúa la norma "en consonancia con la política legislativa de los últimos tiempos", una finalidad "buenista" que, sin embargo, "quiere dinamitar el derecho de propiedad sin ninguna garantía". A su juicio, se trata de una reforma "inconstitucional porque, para empezar, no compete al Parlament", y además "socava la competencia básica de la igualdad".
Según explica, este tipo de normas "entorpecen más las transmisiones" sin que se traduzcan "en ninguna bajada del precio", y generan "inseguridad jurídica sin aportar ninguna solución".
Inseguridad jurídica
Desde el ámbito empresarial, Mercedes Blanco, vocal del Consell Assessor de l'Habitatge, miembro de la Comisión de Vivienda de la Cambra de Comerç y CEO de Vecinos Felices, pone el acento en el efecto de la norma sobre la inversión.
"El mercado necesita seguridad para que propietarios, compradores e inversores tomen decisiones a largo plazo. Cada nueva restricción genera más dudas sobre las reglas del juego, y eso termina retrasando operaciones e inversión, justo cuando Cataluña necesita atraer capital para aumentar el parque residencial".
Blanco reclama un debate más amplio antes de aprobar una reforma con capacidad para alterar el funcionamiento del mercado residencial durante los próximos años, y añade que "la vivienda necesita estabilidad normativa y consenso, no reformas aceleradas que puedan acabar generando litigios e inseguridad".
![Pancartas colocadas en los balcones de la llamada Casa Orsola de Barcelona](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/467419.jpg?p=w:320\/h:240&h=IbgyyhfF"])
Carles Ribes, CEO y fundador de The Barrio, es más diplomático, y admite que cualquier práctica puramente especulativa puede dificultar el acceso a la vivienda. Ahora bien, advierte que "es un error pensar que la situación actual puede explicarse únicamente por la especulación, o que limitar determinadas operaciones de compra resolverá el problema".
Para Ribes, la raíz del problema es que Cataluña "sigue arrastrando un importante desequilibrio estructural entre la oferta disponible y la demanda existente. Mientras se continúen construyendo menos viviendas de las que necesita la población, la presión sobre los precios seguirá presente".
De hecho, sostiene que "la propia especulación tiende a intensificarse precisamente en mercados donde existe escasez de oferta, por lo que abordar únicamente sus efectos sin actuar sobre la causa difícilmente permitirá corregir el problema de fondo".
Imagen aérea del Eixample de Barcelona
Todos los expertos inmobiliarios concuerdan en que el camino legislativo será lento, pero la norma no saldrá adelante. Ya hay precedentes. El último de ellos, que el Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite un recurso del PP contra la ley que regula el tope a los alquileres de temporada y de habitaciones.
Por su parte, un comité de expertos de Illa sí ha avalado la constitucionalidad de la medida, al considerar que la Generalitat tiene margen legal para condicionar la adquisición de vivienda por razones de interés general si se cumplen criterios de proporcionalidad, temporalidad y focalización territorial.
