El municipio de Begur, en la Costa Brava, en Girona
PSC, ERC, CUP y Comuns rechazan flexibilizar la prohibición de dar licencias turísticas
La izquierda vota contra una proposición de Junts que pedía derogar el decreto de 2023 y dar más margen de decisión a los ayuntamientos para establecer los requisitos bajo los que pueden operar estas viviendas
"Lo que sirve para un barrio de Barcelona puede ser la ruina para un municipio de la Costa Brava o el Pirineo", argumenta la diputada Maite Selva, alcaldesa de Begur
Contenido relacionado: Propietarios de pisos turísticos acusan a Aragonès de "conflicto de interés" por el decreto que anula sus licencias
El pleno del Parlament ha rechazado este martes reformar la regulación de las viviendas de uso turístico en Cataluña que estableció el decreto ley 3/2023 con el objetivo de evitar la fuga de pisos del mercado residencial a esta actividad económica.
Junts había presentado una proposición de ley para derogar este decreto ley y dar más margen de decisión a los ayuntamientos para establecer los requisitos bajo los que pueden operar este tipo de viviendas.
Sin embargo, el pleno del Parlament la ha rechazado con los votos de PSC, ERC, Comuns y la CUP, de modo que la propuesta ha decaído al no superar el debate a la totalidad. Junts, PP y Aliança habían votado a favor de tramitarla, mientras que Vox se ha abstenido.
"Lo que sirve para un barrio de Barcelona puede ser la ruina para un municipio de la Costa Brava"
En el turno de defensa de la propuesta, la diputada de Junts, Maite Selva, alcaldesa de Begur (Girona), ha lamentado que el decreto de 2023, que aprobó el Govern de ERC, buscó la "eliminación masiva de licencias" sin tener en cuenta la realidad del territorio.
"Lo que sirve para un barrio de Barcelona puede ser la ruina económica para un municipio de la Costa Brava o del Pirineo", ha argumentado.
La diputada de Junts ha defendido que, detrás de las viviendas de uso turístico, hay un sector "profesionalizado", que abarca desde los propietarios hasta los profesionales de la limpieza o el mantenimiento, y del que también dependen los negocios de restauradores.
La propuesta incluía medidas contra los pisos turísticos que no cumplen la ley o que están vacíos, como la pérdida de la licencia si no se paga la tasa turística o su retirada si no se usa durante dos años consecutivos.
La izquierda, en contra
Durante el turno de réplica, PSC, ERC, Comuns y CUP han cargado contra la proposición de ley y han subrayado que el decreto de 2023 se aprobó precisamente para garantizar el "derecho a la vivienda" y evitar que el parque disponible para uso residencial sea cada vez menor.
![Fachada del Tribunal Constitucional, que ha dado un paso más sobre las leyes del catalán / EUROPA PRESS](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/20806.jpg?p=w:320\/h:240&h=E_b83LJK"])
"El derecho a la vivienda no lo solucionaremos con una única medida, lo hemos dicho muchas veces. Lo tenemos que hacer desde distintas herramientas y esta es una de ellas", ha dicho la diputada del PSC Eva Candela López.
Quien ha defendido el 'no' de los republicanos a la proposición de ley de Junts ha sido la exconsellera Ester Capella, que lideró la aprobación del decreto de 2023 desde el departamento de Territorio.
Capella ha reivindicado que, cuando ERC impulsó esa regulación, en ocho años se había pasado de 47.000 viviendas de uso turístico a más de 100.000 en toda Cataluña, y ha acusado a Junts de querer priorizar los intereses "de los que quieren continuar destinando vivienda residencial a una actividad turística".
Desde Comuns, Susana Segovia ha criticado que fue el Govern de Artur Mas quien dio "barra libre descontrolada" a los pisos turísticos al avalar licencias sin caducidad, mientras que Laure Vega (CUP) ha reprochado a los de Carles Puigdemont apelar a los derechos de los trabajadores en este asunto.
El PP recuerda que "los alquileres siguen subiendo"
El PP, que había presentado una enmienda a la totalidad que ha acabado retirando, ha afeado a ERC apostar por un modelo de regulación que no impide que los alquileres sigan subiendo. "Buscan culpables y no tienen soluciones, son los causantes de los problemas", les ha espetado Àngels Esteller.
Mònica Lora (Vox) ha lamentado que la propuesta de Junts mantenga las limitaciones de licencias en zonas tensionadas, mientras que Rosa Maria Soberana (Aliança Catalana) ha valorado positivamente que los ayuntamientos puedan tener más margen para decidir.
"El ERE más grande de la historia de Cataluña"
Tras el debate parlamentario, una representación de la plataforma Trabajadores por el Alquiler Turístico ha lamentado que la proposición haya naufragado y ha cifrado en 200.000 los puestos indirectos de empleo que podrían estar en riesgo hasta 2028, cuando el decreto desplegará plenos efectos.
En rueda de prensa, su portavoz, Guillem Laporta, ha asegurado que, de consumarse, sería "el ERE más grande de la historia de Cataluña": "No podemos ser chivo expiatorio de un problema, el de la vivienda, que no hemos creado ni se resolverá si se eliminan las viviendas de uso turístico en Cataluña", ha dicho.
La plataforma ha solicitado una reunión tanto con la conselleria de Territorio como la de Empresa y Trabajo para abordar este tema, hasta ahora, sin éxito.
"Si es el Govern de todos, pedimos al Govern de Cataluña que nos reciba", ha zanjado.
