El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Cataluña

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Cataluña David Zorrakino / Europa Press

Política

El Parlament abraza la simplificación urbanística de la Cataluña rural

El decreto del Govern encuentra la complicidad de prácticamente toda la Cámara para iniciar su tramitación como proyecto de ley

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El reclamo de casi 600 alcaldes encuentra la complicidad del Parlament. El decreto ley impulsado por el Govern para simplificar la tramitación urbanística de los municipios de comarcas rurales que tienen menos de 2.000 habitantes ha llegado este miércoles al pleno de la Cámara, que ha dado el visto bueno a su tramitación como proyecto de ley.

Han votado a favor de su convalidación prácticamente todos los grupos parlamentarios: PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns, CUP y Aliança Catalana. Solo Vox ha votado en contra. Una "amplia mayoría" celebrada por el conseller Albert Dalmau desde la Vall d'Aran, donde ha participado de los actos institucionales por su fiesta nacional.

"Facilitar las cosas"

"No miramos el color de los alcaldes, sino que los escuchamos a todos", ha aseverado el titular de Presidencia, ahondando en las bondades de un decreto que desarrolla la Ley del Estatuto de los Municipios Rurales, la primera aprobada por el Parlament tras la llegada del PSC al Govern de la Generalitat para blindar el "derecho de quedarse".

Dalmau ha recordado que "la realidad de los municipios rurales es diferente a la de Barcelona", defendiendo la necesidad de "hacer las cosas fáciles" a los ayuntamientos con menos recursos técnicos y económicos. Es decir, "facilitar la construcción de vivienda o la transformación de un establo en un espacio en el que desarrollar una actividad económica", ha ejemplificado.

El texto está trabajado en colaboración con ayuntamientos y entidades municipalistas, así como con los grupos parlamentarios. Y demuestra, a juicio del conseller, "el compromiso de la legislatura por facilitar el arraigo en el conjunto de los municipios rurales".

Dos nuevas figuras

Más de la mitad de los pueblos rurales aprobaron su último planeamiento urbanístico hace más de 20 años, por lo que lo tienen desactualizado y no pueden actuar sobre suelo urbano. Es decir, no pueden rehabilitar masías o edificar nuevas viviendas.

Para resolverlo, este nuevo decreto ley habilita dos nuevas figuras para no pasar por el trámite habitual, el farragoso Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM).

Por un lado, las localidades que no quieran crecer más allá del núcleo urbano, sino dentro de sus límites, podrán aprobar por sí mismos sus normas de planeamiento, e incluso pedir a la Generalitat que se las redacte.

Tramitación ambiental más ágil

Por otro lado, el Govern creará un POUM rural para los municipios que apuesten por un crecimiento moderado. Esta vía, si bien es más exigente y sigue la misma tramitación que el procedimiento habitual, está sujeta a una evaluación ambiental simplificada.

La aprobación ambiental es, de hecho, la gran piedra en el zapato del urbanismo catalán. Tras años de insistencia, los alcaldes tendrán a su alcance un trámite más sencillo y con menor carga burocrática que reducirá sensiblemente los plazos.

Facilitar la contratación

El decreto incluye también medidas en materia de contratación por parte de los municipios rurales, puesto que se les permitirá contratar de forma conjunta el proyecto y la ejecución de las obras en los contratos de obra pública y en los proyectos de edificación.

Además, todos los entes locales se podrán adherir a Infraestructures.cat y a l'Energètica como medio propio a los que podrán adjudicar encargos para que realicen actuaciones de contratación, ejecución y gestión de infraestructuras y equipamientos.