La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, junto con el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en la Comisión de Interior y Seguridad Pública de este miércoles
Interior abre una investigación reservada para esclarecer la infiltración de dos mossos en una asamblea de docentes
La 'consellera' de Interior y el director general de la Policía han defendido que la acción se ampara en la normativa vigente desde 2011, aunque reconocen un “mal planteamiento operativo” y anuncian más supervisión interna
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El Departamento de Interior ha anunciado este miércoles la apertura de una información reservada para revisar la infiltración de dos agentes de los Mossos d’Esquadra en una asamblea de docentes previa a la huelga educativa del 12 de mayo en Barcelona.
La decisión se ha comunicado durante la Comisión de Interior y Seguridad Pública del Parlament, tras las peticiones de comparecencia impulsadas por Comuns, ERC, Junts y la CUP.
La polémica estalló después de que trascendiera la presencia de dos agentes de paisano en reuniones vinculadas a la organización de la huelga docente, un hecho que los sindicatos interpretaron como un caso de vigilancia policial improcedente sobre movimientos sociales.
"No ha sido una decisión política"
La consellera de Interior, Núria Parlon, ha insistido desde el inicio en que "no ha sido una decisión política", sino una actuación derivada de la operativa de la Comisaría General de Información (CGI), la misma estructura que centraliza las labores de inteligencia policial y la investigación antiterrorista en Cataluña.
Parlon ha encargado formalmente una revisión del procedimiento llevado a cabo por esta unidad y ha defendido que las tareas de recopilación de información en escenarios de conflictividad social están amparadas legalmente y forman parte de las funciones de prevención y evaluación de riesgos del cuerpo.
![El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo en Barcelona](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/02\/19\/politica\/1003742734177_15965780_320x180.jpg"])
Interior ha confirmado que fue ayer martes cuando se abrió una información reservada. Se trata de una fase previa a una investigación formal, discreta y no pública, que sirve para recopilar información, tomar declaraciones, revisar informes, cámaras o actuaciones policiales cuando existen indicios de una posible irregularidad.
Por lo tanto, este procedimiento no implica que los agentes implicados hayan cometido ninguna irregularidad ni que vayan a ser sancionados.
"Una maniobra operativa mal planteada"
Durante su comparecencia, Parlon ha reconocido que la actuación policial fue "una maniobra operativa bien intencionada, pero mal planteada" y ha pedido disculpas a CGT, el sindicato educativo afectado, por la "inseguridad" y la "desconfianza" generadas.
"El debate no lo genera la norma, sino la ejecución", ha sostenido la titular de Interior, que no ha cuestionado el marco legal que regula las funciones de inteligencia policial de los Mossos desde 2011 —revisado en 2023—.
La consellera ha insistido en que un "error operativo puntual" no puede erosionar la confianza entre la ciudadanía y el cuerpo policial, y ha advertido de que Interior no puede "ampararse en inercias procedimentales".
Un mosso d'esquadra precinta la entrada de la Conselleria de Educación en una manifestación anterior Barcelona
En este sentido, ha defendido la necesidad de introducir más controles internos sobre determinadas prácticas policiales normalizadas dentro de la estructura de Información. "Le estaríamos haciendo un flaco favor al cuerpo", ha afirmado.
La defensa de la inteligencia policial
Por su parte, Josep Lluís Trapero ha reconocido que la presencia de agentes en la asamblea docente "no era oportuna" teniendo en cuenta los antecedentes y el nivel de conflictividad previsto.
Aun así, el director general ha defendido que la obtención de información forma parte de las funciones ordinarias de la Comisaría General de Información, encargada de tareas de prevención, inteligencia y análisis de riesgos.
Según ha explicado, estas unidades trabajan para anticipar amenazas y ayudar a diseñar dispositivos policiales en situaciones potencialmente sensibles.
"En ningún caso la obtención de información tiene como objetivo impedir derechos fundamentales", ha afirmado. "La única finalidad es disponer de evaluaciones de riesgo y amenaza lo más acertadas posibles".
![Un mosso d'esquadra precinta la entrada de la Conselleria de Educación ante los manifestantes por las mejoras de las condiciones del personal laboral del departamento](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/09\/01\/vida\/1003742685493_16070861_320x180.jpg"])
El director general también ha insistido en que la actuación policial no tenía relación alguna con la gestión del conflicto educativo ni con las decisiones del Departamento de Educación, sino que se situaba "estrictamente en el ámbito operativo" de los Mossos.
De hecho, Trapero ha concluido su primera intervención expresando el "máximo reconocimiento al colectivo de profesores" y ha recordado que es un sector, así como el de los médicos y policías, que ha defendido siempre, por lo que no se apunta a ninguna corriente de simpatía sobrevenida, según él.
Sin cambios en la normativa
Pese a la polémica, Interior ha descartado modificar el marco normativo actual y ha defendido que las técnicas utilizadas son las mismas que se han aplicado durante las últimas tres legislaturas.
La principal novedad anunciada pasa por reforzar los mecanismos de supervisión interna. El departamento prevé introducir más filtros jerárquicos antes de autorizar este tipo de actuaciones y potenciar las tareas de mediación como vía alternativa para obtener información en conflictos sociales.
La 'consellera' Núria Parlon, y el director general de Mossos, Josep Lluís Trapero
Parlon también ha defendido definir con mayor precisión los marcos de intervención para evitar actuaciones invasivas "siempre que sea posible".
Proteger a los agentes
Uno de los mensajes más repetidos durante la comparecencia ha sido la necesidad de proteger a los agentes de la Comisaría General de Información ante el impacto reputacional derivado del caso.
Parlon ha alertado del “riesgo psicosocial” que puede recaer sobre los efectivos implicados por una actuación que el Govern considera “mal ejecutada”, y ha defendido evitar que este episodio erosione la confianza ciudadana en el conjunto del cuerpo.
La consellera ha insistido en que no debe confundirse esta polémica concreta con el trabajo diario de los cerca de 20.000 mossos desplegados en Cataluña, y ha reivindicado la “profesionalidad” del cuerpo pese al error reconocido por Interior.
