Un mosso d'esquadra precinta la entrada de la Conselleria de Educación en una manifestación anterior Barcelona
Cuando Junts y ERC usaron a los Mossos para espiar a periodistas, abogados y empresarios
Los partidos que hoy exigen responsabilidades por la infiltración policial en una asamblea de docentes bloquearon en 2018 una comisión que pretendía esclarecer seguimientos a perfiles contrarios al 'procés'
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La polémica por la presencia de dos agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente celebrada en el Institut Pau Claris de Barcelona ha reabierto un debate recurrente en Cataluña: el papel de la Comisaría General de Información en contextos de conflictividad social y política.
Junts y ERC han reclamado explicaciones al Govern de la Generalitat y al director general de la policía, Josep Lluís Trapero, por una actuación que los Mossos enmarcan dentro de sus competencias ordinarias de prevención y análisis operativo.
Concretamente, amparados por un decreto de estructura de la Dirección General vigente desde el año 2011, que atribuye a los agentes de información tareas de recogida y tratamiento de datos operativos vinculados a la conflictividad laboral y social para realizar "valoraciones de amenazas y riesgos".
Un agente de los Mossos d'Esquadra durante un dispositivo de Mossos Europa Press Barcelona
El precedente de 2018
La controversia actual recuerda inevitablemente a lo ocurrido en 2018, en plena efervescencia del procés y con una Cataluña instalada en un clima de máxima tensión política, y a las puertas de la sentencia del Tribunal Supremo.
![Portada del 'Manual para destapar policías infiltrados'](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/02\/07\/vida\/922417898_14085362_320x180.jpg"])
Entonces, PP, Ciudadanos, PSC y Catalunya en Comú-Podem impulsaron en el Parlament una comisión de investigación para esclarecer si los Mossos habían realizado seguimientos o recopilación de información sobre periodistas, abogados y empresarios constitucionalistas durante los meses previos al referéndum ilegal del 1 de octubre.
La solicitud fue registrada formalmente al amparo del artículo 67.3 del reglamento del Parlament, que establece que una comisión de investigación debe constituirse automáticamente cuando es solicitada por cuatro grupos parlamentarios, sin necesidad de votación en el pleno y únicamente mediante su tramitación por la Mesa.
La incineradora de Sant Adrià
La iniciativa llegaba después de que la Policía Nacional remitiera a la Audiencia Nacional diversa documentación requisada días antes de la proclamación fallida de la república catalana.
Parte de ese material había sido interceptado cuando iba a ser trasladado a una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
Entre la documentación aparecían referencias a políticos, periodistas, empresarios y abogados contrarios al procés, lo que alimentó las sospechas de la oposición sobre posibles tareas de seguimiento o recopilación de información política por parte del área de Información de los Mossos.
Efectivos de la Policía Nacional registran una furgoneta en una incineradora de Sant Adrià de Besòs
La Mesa frenó la comisión
Pese al carácter automático previsto en el reglamento parlamentario, la Mesa del Parlament —entonces con mayoría independentista— frenó la constitución de la comisión de investigación.
Junts per Catalunya, ERC y la CUP ya habían tumbado previamente una iniciativa similar en una votación plenaria y posteriormente bloquearon también esta segunda vía parlamentaria, lo que provocó fuertes críticas por parte de la oposición constitucionalista.
![Imagen de la marcha a su inicio en Jardinets de Gracia, en Barcelona / Cedida](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2015\/03\/17\/vida\/18758327_528926_320x120.jpg"])
La entonces portavoz socialista Alícia Romero —actual consellera de Economía y Finanzas— recordó públicamente que la creación de la comisión debía tramitarse de manera automática y acusó a los grupos independentistas de vetar una investigación incómoda para el Govern de entonces.
Contexto político y relato público
Ocho años después, el debate vuelve a reproducirse prácticamente en los mismos términos, aunque con actores políticos situados en posiciones distintas.
Declaración de Jordi Turull ante los medios de comunicación este sábado Cedida
Mientras Junts y ERC cuestionan ahora la presencia de agentes de Información en una asamblea sindical docente, los Mossos defienden que este tipo de actuaciones forman parte de una estructura operativa plenamente vigente desde 2011 y vinculada a funciones preventivas de análisis de riesgos en escenarios de conflictividad social.
Fuentes policiales recuerdan que la presencia de agentes de paisano en manifestaciones, protestas o espacios de movilización social o política no responde a decisiones improvisadas ni coyunturales, sino a funciones específicas recogidas dentro de la arquitectura ordinaria de Información.
La controversia, sostienen estas mismas fuentes, no gira tanto sobre la existencia de estas herramientas policiales como sobre "el contexto político en el que se aplican y el relato público que se construye posteriormente alrededor de ellas".
El discurso de Junts
Pero, a pesar del precedente de 2018, Junts ha endurecido el tono contra el Govern y ha reclamado dimisiones en cascada por la presencia de agentes de paisano en asambleas de docentes vinculadas a la organización de las huelgas educativas previstas hasta final de curso.
![Fotomontaje de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en una clase, junto al logo de USTEC](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/05\/06\/actualidad\/1003742758763_16057653_320x120.jpg"])
El secretario general de la formación, Jordi Turull, ha acusado al Ejecutivo de fomentar “la vulneración de derechos y libertades fundamentales” y ha exigido al president que cese tanto a la consellera de Interior, Núria Parlon, como a la titular de Educación, Esther Niubó.
Núria Parlon, 'consellera' de Interior y Seguridad Pública EUROPA PRESS
La formación de Carles Puigdemont sostiene que la actuación policial supone una injerencia intolerable en espacios sindicales y educativos.
En la misma línea se ha pronunciado ERC, que también ha pedido explicaciones públicas y responsabilidades políticas por la actuación de la Comisaría General de Información.
Salvor Illa defiende a los Mossos
El Govern, sin embargo, ha cerrado filas con la policía catalana. Illa defendió este sábado la actuación del Ejecutivo y evitó desautorizar públicamente a los Mossos, insistiendo en que Cataluña atraviesa un momento de elevada tensión con parte de los sindicatos educativos.
![El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo en Barcelona](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/02\/19\/politica\/1003742734177_15965780_320x180.jpg"])
De este modo, ocho años después del choque parlamentario por los supuestos seguimientos a perfiles constitucionalistas durante el procés, el debate vuelve a reproducirse en Cataluña prácticamente sobre los mismos ejes: los límites de la inteligencia policial preventiva y la utilización política del relato policial según el contexto del momento.
Porque mientras en 2018 Junts y ERC bloquearon investigar actuaciones similares de los Mossos en pleno clima de tensión independentista, ahora ambas formaciones sitúan en el centro del debate unas prácticas que la propia policía catalana sostiene que forman parte de sus competencias ordinarias de prevención y valoración de riesgos recogidas en la normativa vigente desde hace más de una década.
La normativa que permite a los Mossos este tipo de intervenciones fue promovida y aprobada por un Govern presidido por Artur Mas en 2011, el año en que se produjeron los graves disturbios en torno al Parlament. Algunos diputados fueron agredidos y el propio president utilizó un helicóptero para acceder a la Cámara. Era el movimiento del 15M.
