La diputada de Junts Mónica Sales interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Cataluña

La diputada de Junts Mónica Sales interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Cataluña David Zorrakino / Europa Press

Política

Illa insiste en que los institutos decidirán si quieren mossos para preservar la convivencia

Junts, ERC, Comuns y CUP afean al presidente y a la 'consellera' Niubó un proyecto que agita a un sector que prepara un mes de huelga

Más información: El Govern reitera que carece de recursos para pagar las exigencias de los profesores aún en huelga

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La oposición al Govern ha convertido en munición parlamentaria la prueba piloto que despliega a los Mossos d'Esquadra en centros educativos de Cataluña. Junts, Esquerra Republicana, Comuns y CUP han reprochado al president Salvador Illa este proyecto, puesto en marcha en 13 institutos y que agita a los sindicatos que rechazan el acuerdo ya firmado entre el Govern, CCOO y UGT, y que preparan una nueva huelga.

La portavoz de los neoconvergentes, Mònica Sales, ha tildado de "despropósito" la presencia de agentes de paisano en los centros. "Más maestros y más libros, y no policías y porras", ha espetado el republicano, Josep Maria Jové. Para la líder de la formación morada, Jéssica Albiach, "la policía debe perseguir a delincuentes", mientras que a juicio de la cupaire Pilar Castillejo, los socialistas "compran el marco mental de la extrema derecha".

Decidirán los centros

Ha sido, así, el tema más preguntado a Illa en la sesión de control al Ejecutivo catalán de este miércoles en el Parlament. En sus distintas respuestas, el president ha insistido en que se trata de un proyecto "a demanda", que son los institutos los que pidieron ponerlo en marcha y que "el que no lo quiera, no lo tendrá".

En palabras del jefe del Govern: "Confío en los docentes y en los mossos, y si piden poner agentes, creo que vale la pena hacer una prueba de concepto". En este sentido, ha asegurado que es su "obligación" dar respuesta a las demandas de los centros preocupados por los problemas de convivencia, que ha preferido no revelar para evitar la estigmatización.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante una sesión de control al Govern en el Parlament

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante una sesión de control al Govern en el Parlament David Zorrakino / Europa Press

Inspirado en la OCDE

La prueba piloto --que no implica la entrada de los agentes en las aulas ni sustituye recurso alguno de los institutos-- se inspira en modelos de colaboración entre la comunidad educativa y cuerpos policiales vistos en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Fuentes del departamento agregan que su modelo bebe de países nórdicos como Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega. Es por ello que Illa ha pedido "explorar un camino explorado en otros países". Para el president, "no hay nada de malo" en hacerlo y "ver si funciona o no" para que, "en función de los resultados, se extienda o no al resto del país".

Aun así, ha aceptado que haya grupos que no lo vean "claro", ha defendido que su posición requiere "tomar decisiones que no son cómodas" y ha pedido confianza en los mossos, puesto que "hacen un buen trabajo en materia de mediación". "Ustedes son conocedores directos de ello", ha respondido a la CUP, en alusión a las movilizaciones aupadas por los anticapitalistas que, a menudo, requieren de la activación de los agentes.

Niubó rechaza retirar la prueba

La portavoz de ERC, Ester Capella, ha dado continuidad al tema en la ronda de preguntas a los consellers. A la titular de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, le ha reclamado que retire la prueba piloto para evitar estigmatizar "institutos, barrios y ciudades".

Niubó ha rechazado recular, como sí hizo su homóloga en Salud, Olga Pané, con los incentivos a los ambulatorios para que agilizaran las pruebas de diagnóstico de trabajadores de baja médica. "Nadie irá uniformado, no entrarán en las aulas y mucho menos irán armados", ha aseverado la consellera.

Esther Niubó, consellera de Educación y Formación Profesional / EP

Esther Niubó, consellera de Educación y Formación Profesional / EP

Educación defiende "pasar de la visión reactiva" en la que los agentes acuden cuando se les requiere a otra de "preventiva", sin recortar en trabajadores sociales ni educadores sociales. De hecho, Niubó ha recordado que la plantilla integrará a perfiles que hoy son temporales a partir del año que viene, después de que los Comuns y la CUP también hayan reclamado psicólogos y formación específica.

Huelga a la vista

La prueba piloto, pese a ser voluntaria, ha sacudido aún más un sector dividido por el acuerdo firmado por el Govern, CCOO y UGT para movilizar 2.000 millones de euros por la mejora de las condiciones laborales de los docentes y de los centros educativos, con una reducción de ratios y un refuerzo en la educación inclusiva.

Los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical han convocado un mes de huelgas en semanas alternas entre mayo y junio, en rechazo al citado pacto.

El propio Illa ha incidido en las bondades del acuerdo --"pone la retribución de los profesores en tercera posición en España, cuando estaban a la cola"--, al tiempo que ha defendido la inyección de 100 millones para "revertir décadas de desinversión" en la infraestructura educativa, de lo que ha acusado a Junts, en el gobierno en las legislaturas anteriores.

Preguntado por la huelga, ha dicho respetarla, pidiendo asimismo que se respete "el derecho a la educación de los infantes y el derecho a la movilidad", después de que esta se viera seriamente mermada durante la reciente semana de protestas.