La placa de una oficina de Extranjería española en una imagen de archivo
Los sindicatos alertan de un "colapso programado" en la gran regularización de inmigrantes
Denuncian que el plan es una "operación política" que deja la resolución de expedientes en manos de oficinas desbordadas y personal sin formación específica
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Los sindicatos han cargado contra el plan del Gobierno para la regularización extraordinaria de extranjeros —que prevé habilitar sedes específicas en Barcelona y retribuir horas extra a 25 euros— al considerar que provocará un "colapso" en la gestión de expedientes.
A su juicio, la estrategia prioriza las "consideraciones políticas" sobre la capacidad real del sistema, lo que puede tensionar las oficinas a corto y medio plazo.
El proceso, que inicialmente estaba previsto para arrancar el 1 de abril, acumula ya retrasos. El Ministerio de Inclusión ha señalado que la puesta en marcha se producirá "en abril", aunque sigue pendiente del informe del Consejo de Estado y de la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El epicentro de la regularización
Cataluña será uno de los principales focos de este proceso, con una previsión de beneficiar a cerca de 150.000 inmigrantes, según estimaciones vinculadas al despliegue.
Para absorber este volumen, el Ministerio ha diseñado un operativo excepcional que sitúa a Barcelona como uno de los epicentros junto a Madrid.
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La capital catalana contará con tres oficinas específicas dedicadas a la recepción presencial de solicitudes y captura de datos.
Este dispositivo, que previsiblemente se activará en abril una vez se publique el decreto en el BOE, tendrá una duración aproximada de tres meses, hasta finales de junio, y pretende evitar el colapso de las sedes ordinarias de Extranjería, aunque el grueso de la gestión —alrededor del 90%— se realizará por vía telemática.
Voluntarios "sin conocimientos"
El Ejecutivo busca incentivar la participación del personal mediante horas extra fuera del horario ordinario —de 16:00 a 19:00 horas— retribuidas a 25 euros la hora.
Una de las principales críticas sindicales apunta a la falta de especialización de estos trabajadores, procedentes de administraciones como Correos o la Seguridad Social.
Según denuncian, la materia migratoria es altamente técnica y muchos de estos empleados "carecen de la formación necesaria" para validar documentación compleja. "Cuentan con conocimientos escasos sobre extranjería y no tienen en estos momentos ningún criterio claro sobre cómo habrán de asumir la tramitación", explican fuentes sindicales.
Consideran que existe el riesgo de generar errores en la fase inicial de los expedientes que posteriormente deban ser corregidos por personal especializado, incrementando la carga de trabajo.
El embudo de la resolución
Aunque el refuerzo se centra en la recepción de solicitudes, los sindicatos sitúan el principal problema en la fase final del proceso.
Critican que el Gobierno dé por hecho que las plantillas actuales podrán validar un volumen de expedientes que, a nivel nacional, podría alcanzar el millón, sin un refuerzo equivalente en personal cualificado.
Recuerdan, además, que los trabajadores incorporados como apoyo solo tienen funciones de grabación de datos y no disponen de potestad administrativa para resolver expedientes.
"La resolución la asumirán las propias oficinas, lo que ahonda más en el colapso existente", advierten desde CCOO.
El Ministerio mantiene el objetivo de resolver los expedientes en un plazo aproximado de tres meses, aunque los sindicatos ponen en duda que pueda cumplirse con los recursos actuales.
Requisitos a punto
Para acceder a este permiso de residencia de un año, los solicitantes deben acreditar su estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025.
Entre los requisitos, los solicitantes deberán acreditar su presencia continuada en España durante los meses previos mediante documentación como el empadronamiento u otros justificantes.
En Barcelona, el proceso puede verse condicionado por la dificultad para obtener cita en el padrón, pues los plazos se suelen alargar varias semanas. Esto podría obligar a algunos solicitantes a recurrir a pruebas alternativas —como informes médicos o certificados de servicios sociales— para demostrar su arraigo dentro del plazo previsto.
El efecto en las renovaciones
El malestar sindical también se extiende al impacto futuro del proceso. Los permisos que se concedan tendrán una duración de un año, por lo que en 2027 podría producirse un aumento significativo de solicitudes de renovación concentradas en un corto periodo de tiempo.
"Cuando esas autorizaciones caduquen, irán todas a parar a las mismas unidades deficitarias de personal", señalan fuentes sindicales, que alegan que el sistema actual no está preparado para absorber ese volumen de trabajo sin cambios estructurales.
