Illa se implica en el desalojo del profesor de Gràcia

El intento de desahucio de Txema Escorsa, un profesor del bloque de la calle Sant Agustí, en el barrio de Gràcia de Barcelona, ha vuelto a colocar el acceso a la vivienda en el centro del debate político catalán.

El pulso lanzado por el docente y elSindicat de Llogateres contra el fondo de inversión New Amsterdam Developers ha recibido el calor del president de la Generalitat, Salvador Illa.

El jefe del Govern ha censurado personalmente la operación del propietario de la finca, que ya ha convertido cuatro viviendas en colivings --modelo residencial que ofrece alquiler de habitaciones y espacios comunes, lo que siempre se ha conocido como realquiler-- y pretende hacerlo con las otras siete.

Algunas aparecen en portales inmobiliarios por 850 euros en anuncios con información incompleta, por lo que la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de Sílvia Paneque ha avanzado la apertura de expedientes sancionadores. Las multas, en total, pueden superar los dos millones de euros.

El decreto ley aprobado en diciembre por el Parlament permite al Govern actuar sobre contratos por habitaciones o usos temporales, de modo que la suma de las rentas no puede superar el límite de precio que tendría la vivienda para una sola familia.

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Gran prioridad

Sobre este escenario, el Ejecutivo de Illa se ha apresurado para fijar su posición con la máxima claridad. El president ha acusado al fondo de "iniciativas ilegales", ha prometido activar mecanismos de protección de los vecinos afectados por esta operación, ejemplo de todo aquello que su política de vivienda pretende evitar.

El socialista tiene entre ceja y ceja la mejora del acceso al mercado residencial, la construcción de pisos de protección oficial y de mercado libre y la contención de unos precios desbocados. Es su principal prioridad, prácticamente su obsesión, tal y como manifiesta en encuentros privados desde que accediera al cargo.

De hecho, repite ante sindicatos y también patronales que, sin una intervención decidida del mercado que corrija sus errores, cualquier discurso sobre igualdad de oportunidades o arraigo territorial queda vacío. De ahí que se haya propuesto consolidar Cataluña como la comunidad autónoma que más hace por la vivienda en términos normativos y presupuestarios.

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Tope al precio del alquiler

Uno de los pilares de su agenda es la aplicación sin ambigüedades de la ley de la vivienda y la imposición de topes a los precios del alquiler en las zonas tensionadas.

Illa presume de que Cataluña se sitúa a la vanguardia en el despliegue de estos límites, y de que el Govern no se ha limitado a aprobar el marco jurídico, sino que ha puesto en marcha mecanismos de supervisión y control para garantizar su cumplimiento efectivo, mediante inspecciones y regímenes sancionadores.

El president es consciente de la resistencia de parte del sector inmobiliario y de ciertos fondos a estas medidas, pero considera que el encarecimiento continuado del alquiler, sumado a episodios como el de Sant Agustí, le dan la razón.

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Contra los fondos como el de Sant Agustí

Precisamente contra los también llamados fondos buitre, el Govern alumbró el pasado febrero un acuerdo con los Comuns para frenar la especulación con la vivienda, prohibiendo a grandes propietarios la compra de fincas enteras si no ponen los inmuebles en el mercado de alquiler con los precios topados.

Una medida que aún debe aprobar el Parlament y que la Generalitat ha apuntalado con cinco informes jurídicos y técnicos que respaldan la medida.

Los socialistas insisten en combinar la regulación de precios con una expansión acelerada del parque público, de forma que la oferta de vivienda asequible no dependa únicamente de la buena voluntad privada.

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Plan 50.000

La gran apuesta cuantitativa del Govern es la construcción de 50.000 pisos de alquiler social hasta 2030. Más de la mitad de estos hogares, subrayan en Palau, ya están en fase de producción, en distintas fases de tramitación y obra.

Illa pretende que este esfuerzo marque un salto histórico en el tamaño del parque público catalán, muy inferior al de otros países europeos.

En paralelo, el Govern trabaja para generar suelo que permita edificar hasta 210.000 viviendas adicionales a medio y largo plazo, mediante proyectos urbanísticos diseñados junto a los ayuntamientos, a los que ofrece recursos humanos y técnicos para agilizar la siempre alambicada urbanización.

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Reserva de solares

También ha abierto una segunda convocatoria de la reserva de solares que, por primera vez, incluye edificios que requieren una gran rehabilitación, siempre que se destinen de manera permanente a alquiler asequible.

Esta nueva llamada da continuidad a una primera convocatoria, hace aproximadamente un año, que permitió movilizar 670 solares con capacidad para unos 22.000 hogares.

Préstamos para jóvenes

Para facilitar el acceso a la vivienda de la población joven hasta los 35 años, el Govern ha puesto en marcha los Préstamos Emancipación, que financian la entrada de la primera vivienda con un préstamo público sin intereses. Un programa que recibió 3.000 solicitudes, con más de 1.200 aprobaciones y una media por caso de 36.300 euros movilizados.

Dicha línea busca salvar la barrera del ahorro inicial que muchos catalanes no pueden acumular pese a tener ingresos suficientes para afrontar una cuota hipotecaria. Se trata de un instrumento diseñado para acelerar los procesos de emancipación en un contexto de precios elevados.

Edificio en construcción Europa Press

Complementariamente, el Bo Lloguer Jove concede 250 euros mensuales durante dos años a jóvenes que viven de alquiler. Esta ayuda pretende reducir el porcentaje de los ingresos que se destina a la renta mensual, aliviando la carga económica que supone el alquiler en las grandes ciudades y áreas tensionadas.

Ambas medidas se enmarcan en la voluntad de evitar que la independencia residencial se convierta en un objetivo inalcanzable para gran parte de la juventud.

Incluso la Iglesia

Y en la búsqueda de alianzas con otros estamentos, Illa ha echado mano de la Iglesia. En su vuelta de la baja hospitalaria que lo apartó de su actividad durante un mes, su primer acto supuso la firma de un acuerdo para peinar las propiedades eclesiásticas y poner una parte a disposición del parque público de vivienda.

Firme defensor de los valores humanistas, Illa destacó en febrero la "capilaridad" de las diócesis catalanas en el territorio, con 2.000 parroquias en 850 municipios. Un gesto pionero en España y solo visto en Malta que suma "patrimonio moral" a la causa de la vivienda.