El PP y Junts impugnan el Centre Català d’Empresa i Drets Humans

Los grupos del Partido Popular (PP) y de Junts per Catalunya en el Parlament ha impugnado ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans, que debía votarse este miércoles.

Ambos recursos obligan a aplazar por un plazo máximo de un mes la votación, impulsada por PSC, ERC, Comuns y CUP. Así, el constitucional catalán está llamado a estudiar las incongruencias jurídicas de la ley, alertadas por un letrado de la Cámara, tal y como ha explicado este medio.

Sin competencias

La petición del PP incide en que el Estatuto tan solo atribuyen a la Administración catalana "las funciones de promoción y garantía del respeto de los derechos humanos en el ejercicio de sus propias competencias". Por lo que las multas en el extranjero quedan fuera de su alcance.

Con todo, los populares no solo cuestionan la finalidad, actuación, funciones y el régimen y procedimiento sancionador del ente, sino también el procedimiento de presentación de quejas.

Sanciones desproporcionadas

Por su parte, los neoconvergentes reprochan que la ley genera inseguridad jurídica al "definir de manera imprecisa los sujetos obligados y no delimitar claramente las competencias del centro".

También tacha de "desproporcionado" el régimen sancionador al contemplar sanciones de hasta 50.000 euros por conductas procedimentales y sin criterios claros para aplicarlos.

El movimiento del PP y de Junts --que han ofrecido su oposición al organismo a través de los ponentes Míriam Casanovas y Joan Canadell-- obliga al CGE a pronunciarse sobre la constitucionalidad de esta histórica reclamación de la izquierda parlamentaria y plataformas de justicia social.

¿Qué dicen los impulsores?

En conversación con este medio, los impulsores aseveran que los letrados hacen una interpretación incorrecta de la proposición de ley, ya que no pretenden legislar en materia de derecho mercantil.

También insisten en el rol de formación y acompañamiento del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, y recuerdan que las sanciones estarán motivadas no por vulneraciones de derechos humanos, sino por no responder a los requerimientos de información o hacerlo de forma incompleta.

Asimismo, aseguran que las aportaciones del equipo jurídico no son "enmiendas", sino "observaciones" que el Parlament puede tener en cuenta o no. Por ello, confían en que el CGE no tumbe la iniciativa, que está más cerca que nunca de su aprobación en su tercera tramitación.