José Domingo: "España tiene un problema grave de cooperación entre administraciones"

José Domingo (Barcelona, 1959), abogado, exdiputado de Ciutadans en el Parlament y expresidente de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano, encabeza ahora un nuevo proyecto con el objetivo de defender los valores democráticos y constitucionales: se trata de la Fundación Impulso y Cooperación, a la cual se han sumado destacados miembros de la sociedad civil española, y que el pasado miércoles se presentó en el Congreso de los Diputados.

Su estreno reunió a unas 200 personas procedentes de diversos partidos y ámbitos. De ello habla en esta entrevista con Crónica Global, en la cual desgrana cuáles son sus objetivos, repasa la actualidad política española y analiza sus problemas: desde la polarización y los nacionalismos --que, a su juicio, son "un problema para la democracia en todos los países”--, hasta el "disparate" que le parece el traspaso de la gestión de impuestos estatales a la Agencia Tributaria de Cataluña.

¿Para qué se crea la fundación?

Fundación Impulso y Cooperación es un instrumento para apoyar y potenciar las actividades de entidades que llevan a cabo una labor de defensa de los derechos individuales y lingüísticos, de la neutralidad institucional, de la Constitución, de la ley de símbolos…

Una fundación tiene más instrumentos para captar fondos y proyectarse de forma más intensa ante la sociedad. Haremos estudios y una tarea de concienciación en toda España sobre el concepto de buena gobernanza. En este momento, existe un problema grave de articulación y cooperación entre las distintas administraciones del Estado. Lo estamos viendo con las catástrofes que han ocurrido recientemente.

Por eso vemos necesario presentar informes y evaluar riesgos, para intentar que el sistema mejore. Y, también, para denunciar aquello que consideramos censurable.

¿Por ejemplo?

Ahora mismo, nos preocupa mucho la transferencia de competencias en materia de Seguridad Social al País Vasco, porque supone la ruptura del principio de igualdad de prestaciones a todos los españoles. El hecho de que se vaya a gestionar por parte de una comunidad autónoma puede crear diferencias de criterios. Y también se está poniendo en entredicho el principio de unidad de caja. Ello rompe la solidaridad, su razón de ser. Actuaremos si es necesario.

En definitiva, la fundación es complementaria a todas las entidades de las que hablábamos. Y establecerá vínculos con otras, como por ejemplo FEDECA, con líneas de trabajo y colaboración comunes: esto abre un mundo que no teníamos.

¿Qué proponen? En la presentación denunciaron el deterioro institucional y los abusos de poder en España…

Estamos preocupados. Hay una clara intromisión del Poder Ejecutivo en las actuaciones del Poder Judicial, en la medida en que cuestiona la actividad de los jueces. Y a veces se está utilizando la Fiscalía General del Estado como instrumento de presión política. Pedimos respeto a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo dota de medios a la Administración de Justicia. Y, si no se dota bien, ésta se deteriora. Eso ahora está pasando. Y también en la Tributaria, en la prestación de servicios... Somos conscientes del deterioro que está sufriendo la Sanidad pública, que hace que mucha gente se refugie en la privada para escapar de las listas de espera.

Todas estas anomalías en el funcionamiento de la Administración las vamos a estudiar y denunciar.

¿Ven en peligro la democracia?

Nosotros no queremos que España sea un Estado democrático fallido. Y por eso denunciamos la polarización, y defendemos la busca del consenso y el acuerdo como instrumento idóneo en la política. Cuando los extremos ganan el terreno, ponen en riesgo el sistema democrático.

Ahora mismo, nos parece grave el uso del decreto ley como fórmula habitual de gobierno. El mecanismo idóneo es el debate parlamentario. Y que haya pasado a la historia la posibilidad de llegar a acuerdos en la elaboración de leyes, o que no tengamos Presupuestos Generales del Estado, ni tampoco en algunas autonomías, pone en peligro su funcionamiento.

Todo esto devalúa la democracia, y hace que mucha gente se aleje de ella. Es algo que nos preocupa. Si no se da un buen servicio, los ciudadanos pueden caer en ideas totalitarias que rechazamos. Es imprescindible que los grupos parlamentarios desarrollen políticas que primen el interés general.

¿Cuáles son los principales derechos que, a su juicio, se están vulnerando en España?

Casi todos los derechos están en riesgo: vivienda, educación, asistencia social, información veraz... O el derecho a ser escolarizado en la lengua materna, no sólo en Cataluña, sino también en el País Vasco y Baleares. Hay lugares donde no se está reconociendo la escolarización en castellano, y en vez de eso, se priman políticas identitarias.

Y no es sólo la cuestión lingüística. El sistema educativo en nuestro país, en general, no está precisamente entre los mejores del mundo, a pesar de que todos los españoles tienen derecho a una buena formación. En derechos sociales, se está devaluando el sistema sanitario: que haya problemas por falta de profesionales dificulta la prestación del servicio.

En el caso del derecho a la vivienda, las administraciones no se están esmerando en la construcción de vivienda social. Facilitarla no puede recaer en manos privadas, sino que tiene que ser un compromiso por parte del Estado.

De ahí la necesidad de articular instrumentos de colaboración y coordinación entre Administraciones. Hay que evitar que esos derechos garantizados en la Constitución no se ejecuten con la eficacia deseable.

Cuentan en su patronato con Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que se ha mostrado crítico con la “financiación singular” de Cataluña…

Somos partidarios de un régimen tributario común en toda España. La vía no es fragmentar y dotar de privilegios a las comunidades autónomas, como se hace con el concierto del País Vasco o el convenio de Navarra, que son insolidarios y establecen que el dinero que se pueda destinar a cada ciudadano de esos lugares sea mayor que el resto, con una desproporción enorme.

De eso habla Ángel de la Fuente. La vía es garantizar una igualdad de servicios y derechos para todos. Por eso es necesario un régimen tributario común: no potenciar el privilegio, sino la igualdad y la solidaridad.

Ana Losada, presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), también forma parte del patronato de la Fundación Impulso y Cooperación. ¿Cómo ven la situación lingüística en la escuela, y en Cataluña en general?. ¿Ha cambiado con el nuevo Govern?

Para empezar, le deseamos una pronta recuperación a la consellera de Educación, Esther Niubó. Dicho esto, la situación lingüística en las escuelas de Cataluña no ha mejorado en absoluto, sino todo lo contrario: ha empeorado. Se está implantando un régimen en el que el catalán se convierte en la única lengua de la enseñanza, y además con mecanismos de coacción a profesores y alumnos para evitar el uso del castellano en las aulas. Es muy grave.

Teníamos cierta esperanza, en la medida de que el programa del Partido Socialista parecía que abría la posibilidad de que se impartiera alguna asignatura no lingüística en castellano. Pero, sea por su decisión o por la presión de sus socios parlamentarios, la situación no ha cambiado, sino que se ha endurecido.

Se ha endurecido, por ejemplo, en las exigencias de requisitos lingüísticos a profesores. Y la Generalitat ha recurrido el decreto de desarrollo del régimen lingüístico que en gran parte anuló el TSJC. Nos sorprende que, cuando estaba en la oposición, el PSC criticaba ese decreto, al considerarlo excesivo, y ahora lo defiende. Es una contradicción clarísima.

Otra figura destacada en la fundación es Maite Pagazaurtundúa, cuyo hermano fue asesinado por ETA, y que ha abanderado el combate frente al terrorismo y al nacionalismo… ¿Creen que el nacionalismo es uno de los mayores problemas para la democracia española?

El nacionalismo es un problema para la democracia a escala mundial, en todos los países. No nos parece que sirva para desarrollar políticas que favorezcan el interés general.

Maite Pagazaurtundúa, a quien agradecemos que forme parte del patronato y que presida el consejo asesor de la fundación, es crítica con los nacionalismos en general. Lo ha sufrido en su propia carne, vivió una tragedia familiar, y tomó la bandera de los derechos humanos. Fue presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, una de las impulsoras de ¡Basta Ya!, y ha hecho una cartografía del odio que es importante no sólo a nivel nacional, sino escala europea.

Muchas veces el odio tiene una base de enfrentamiento entre los pueblos. El nacionalismo vive del victimismo, y lo usa para realizar políticas agresivas, que a veces se convierten en terrorismo, como ha pasado por desgracia en este país. O políticas de intimidación, como ha ocurrido durante el procés en Cataluña. Todo eso tiene un eje: los nacionalistas consideran que para conseguir sus objetivos vale todo.

¿La presencia de perfiles diversos en la fundación, donde coinciden desde la diputada del PP Cayetana Álvarez del PP hasta el historiador Joaquim Coll, de un perfil más de izquierdas, ha sido algo buscado?

Efectivamente. También hay figuras vinculadas al socialismo, como Pilar Blanco, que fue vicepresidenta de la Junta de Extremadura con el PSOE, o Soraya Rodríguez, que fue del PSOE y ahora simpatiza con Izquierda Española. O Ricardo García Manrique, que también tiene afinidad con la izquierda. Hemos buscado una amplia representación de la política de moderación.

Hemos procurado que el pluralismo político de la sociedad española tenga un reflejo en nuestro patronato y consejo asesor. Estamos muy contentos con eso: contamos con personas de perfil técnico muy acentuado y diverso ideológicamente. Y hemos introducido elementos jóvenes en el consejo, para conocer sus inquietudes. En definitiva: tenemos pluralidad ideológica, generacional y de género.

¿Es la polarización uno de los mayores problemas de la política española?

Nosotros huimos de la polarización. En la presentación de la Fundación defendimos la busca del consenso, hay que evitar que el enfrentamiento sea a cara de perro ni la carta de presentación de los políticos.

Los ciudadanos quieren políticos capaces de dialogar y de llegar a acuerdos. No el enfrentamiento permanente, que luego se proyecta a la sociedad y puede generar incluso problemas de violencia. Queremos alejarnos de las políticas de muros, de fosas y polarización. Izquierda, derecha y centro deben buscar lo que nos conviene a la ciudadanía. Ese es nuestro objetivo.

Nos preocupa el debilitamiento del Estado. Por eso haremos presentaciones de la Fundación en toda España. Y por ámbitos temáticos: como la problemática de los incendios, de las catástrofes, de la degradación de la red ferroviaria… todo eso se atribuye a una mala planificación y a la descoordinación entre administraciones.

¿Qué está fallando?

Cuando se produjo la pandemia ya se vio que era imprescindible que las administraciones actuaran de forma coordinada. España, por ejemplo, aún carece de una Agencia Estatal de Salud Pública.

A veces vemos que comunidades autónomas y Gobierno no son capaces de ser rápidos reaccionando ante situaciones catastróficas. Y eso hace necesario articular mecanismos de coordinación entre administraciones, porque nos afecta a todos.

En vivienda, tenemos un montón de leyes, pero tampoco se ponen de acuerdo para construir suficiente vivienda social. Y es por el grado de enfrentamiento entre administraciones.

Hay que fomentar la lealtad, la coordinación y la colaboración entre instituciones para que el Estado funcione. Es imprescindible.

Usted ha anunciado que la fundación se plantea un recurso contra las transferencias en Seguridad Social al País Vasco…

No conocemos aún el contenido de esa transferencia. La existencia del acuerdo se ha filtrado por parte del Gobierno vasco, pero somos conscientes de que las transferencias en desempleo, en prestaciones familiares, del seguro escolar y, sobre todo, el mecanismo que parece que se va a establecer, a través del cupo, es algo muy grave. Se ha de garantizar que las prestaciones sean iguales en toda España.

¿Qué sentido tiene transferir la prestación por desempleo? Sólo es político. No se mejora el servicio a los ciudadanos, sólo se hace para retirar la marca del SEPE. Se hace por nacionalismo, es una cuestión identitaria. Todo eso lo evaluaremos, para ver si afecta o no. Y actuaremos interponiendo un recurso contencioso-administrativo si ha lugar, cuando lo conozcamos, porque no se ha hecho público aún en el BOE.

¿El acuerdo de financiación de Cataluña, que da más competencias en gestión de impuestos a la Agencia Tributaria autonómica, sería un caso parecido?

Que una agencia tributaria propia gestione todos los tributos en Cataluña es un auténtico disparate. Primero, porque devalúa y dificulta el control del fraude. En Europa se está yendo hacia una mayor articulación y conocimiento del fraude, y aquí se ponen mecanismos que crean barreras.

Carece de sentido que, ahora que el sistema está centralizado y bien articulado, y frente a los mecanismos de defraudación que se idean, se intente fraccionar el sistema con Cataluña, después del País Vasco o Navarra. Ahora mismo, el control y conocimiento de las finanzas en esas dos autonomías es mucho más complejo.

Crear agencias tributarias locales, donde la recaudación pase a ser de las comunidades autónomas, es un sistema inviable y catastrófico, porque dificulta el conocimiento de la situación financiera y tributaria en el país.

Los técnicos, los inspectores de finanzas, los interventores de la Administración pública, que son quienes saben de esto, están en contra de este modelo de transferencia. Su única razón es política, no de servicio al ciudadano.