Impulso Ciudadano ha denunciado ante la Comisión Europea las trabas que la Generalitat impone a los padres que reclaman una educación bilingüe para sus hijos. Enseñanza que, según los tribunales, debe ofrecer, al menos, un 25% de las asignaturas en cada una de las dos lenguas oficiales: español y catalán.
La entidad constitucionalista ha trasladado este escenario al principal órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) en el marco del proceso de recogida de información abierto para la elaboración del informe anual sobre la situación del Estado de derecho de los estados miembros.
Forzar a ir a los tribunales
En su dosier, la asociación presidida por el jurista Rafael Arenas recuerda que “en contribuciones previas” al informe ya habían “llamado la atención sobre el rechazo de la Administración autonómica en Cataluña a cumplir las decisiones judiciales que reconocen el derecho a recibir una parte de la educación en la lengua materna de la mayoría de la población y oficial en toda España, incluida Cataluña, el castellano”.
Sin embargo, advierten de que, “pese a las reiteradas decisiones judiciales que de forma constante han reconocido ese derecho a recibir una parte de la enseñanza en castellano, la Administración de la Generalitat no solamente se niega a implementar medidas que lo garanticen, sino que cuando alguna familia pide que se le reconozca tal derecho sistemáticamente se lo niega para forzar a dicha familia a acudir a los tribunales si quiere obtener esa educación que incluya, junto con el catalán, el castellano”.
Niños con necesidades especiales
Impulso Ciudadano destaca que esa “negativa” a ofrecer una educación bilingüe “se practica incluso cuando se trata de niños con necesidades educativas especiales”.
Alumnos que, según la entidad, “verían especialmente facilitado su aprendizaje si en él se incluyera su lengua materna”.
“Acoso” y “amenaza”
La entidad catalana también denuncia el “acoso” y la “amenaza” de las familias que solicitan una educación bilingüe en Cataluña.
Y recuerdan que “esta situación fue constatada por misión enviada a Cataluña por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, quien en su informe de marzo de 2024 exhortaba a la Comisión a examinar el respeto a los derechos fundamentales y a los principios del Estado de Derecho en Cataluña”.
Críticas a los informes
En el mismo cuestionario presentado por Impulso Ciudadano, se trasladan a la Comisión Europea críticas a la falta de independencia del Ministerio Fiscal, al proceso de nombramiento de jueces y fiscales, al partidismo de los organismos reguladores de los medios de comunicación, y a la opacidad de los criterios de contratación de la publicidad institucional.
Está previsto que el informe de la Comisión Europea se publique este verano. La propia asociación critica en un texto complementario los informes de la Comisión Europea por considerar que tienen “una mirada selectiva” al desatender “la constante vulneración de los derechos lingüísticos en Cataluña”.